Lima, Perú
“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a toma de carreteras y caminos (…), que están siendo controlados por la policía nacional y las fuerzas armadas”, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola este miércoles.
La justicia peruana postergó hasta el jueves una audiencia para decidir si acepta un pedido de prisión preventiva de 18 meses contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de rebelión y conspiración.
“Se reprograma la audiencia para mañana jueves 15 a las 08h30” (13h30 GMT), dijo el juez Juan Checkley tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido de la fiscalía todos los documentos de la causa contra Castillo.
La fiscalía busca mantenerlo en prisión preventiva un año y medio.
El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas, a pesar de que este miércoles se cumple el plazo de siete días de detención que le impuso un juez tras su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto hace una semana.
Castillo se negó a participar en la audiencia virtual de este miércoles.
“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, tuiteó el expresidente.
“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.
Gobiernos latinoamericanos con Castillo
En medio de la ola de protestas que deja siete muertos y centenares de heridos, algunos gobiernos de Latinoamérica se alinearon con Castillo.
Colombia, Argentina, México y Bolivia cerraron filas a favor del exdirigente y aseguraron el lunes en un comunicado que “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este miércoles la eficacia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ante la “crisis en el Perú”, tras la destitución y “apresamiento” del exmandatario Pedro Castillo.
“La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano”, reclamó Petro en Twitter, en un nuevo mensaje de apoyo a Castillo.
El líder de izquierda cumple siete días detenido en una base policial acusado de rebelión y conspiración, luego de un fallido intento por disolver el Congreso que terminó con su caída del poder.
Conocida también como el Pacto de San José, la Convención Americana es un tratado aprobado en 1969 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que vela por el cumplimiento de los derechos humanos y libertades entre los países miembros.
Cientos de manifestaciones exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.
La vicepresidenta Dina Boluarte está ahora al mando del Perú, como prevé la Constitución, y aspira a adelantar los comicios generales de 2026 a fines de 2023 en una negociación con el Congreso.
Castillo, un maestro rural de 53 años, duró apenas un año y medio en el poder, en medio de una prolongada crisis política.
Desde que asumió, en julio de 2021, vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.
La designada presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró este miércoles que evalúa con el Congreso y el Tribunal Electoral la forma de avanzar las elecciones generales para diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024, como propuso hace unos días.
El mandato del expresidente Pedro Castillo finalizaba en julio de 2026, pero manifestantes en todo el país exigen elecciones ya.
