Las dinámicas autoritarias del gobierno del presidente Iván Duque, sumadas a las políticas de austeridad en el gasto social mientras se derrochan recursos, tienen a Colombia en su séptimo día consecutivo de movilizaciones, como parte del Paro Nacional, en medio de la represión policial violenta por parte del Estado y numerosos registros de violencia policial.
Hoy 5 de mayo, representantes de organizaciones de derechos humanos sostuvieron una reunión con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, a la que le solicitaron que inste al Gobierno al cese del fuego en medio de las protestas y a “garantizar y proteger la vida y la integridad de los manifestantes”.
Asimismo, hoy miércoles llega la “Minga indígena” a Puerto Resistencia, al sur de Cali. Las 127 autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), emitieron un pronunciamiento en el que declaran que los colectivos indígenas decidieron unirse al paro nacional y desplazarse a diferentes zonas del país para apoyar las manifestaciones.
Mientras, medios de prensa colombianos informaron que el mandatario evalúa la posibilidad de declarar un “estado de conmoción interior”; es decir, restringir el derecho a la circulación y suspender las funciones de los alcaldes, entre otras medidas.
En esta entrevista, la doctora Lilliam Eugenia Gómez, investigadora integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza y colaboradora en el portal de prensa alternativa La Pluma, brinda algunas claves para entender el conflicto que se vive en Colombia y destacó urgentemente el llamado a que se esclarezca el paradero de las personas desaparecidas.
A continuación unas claves extraídas de la entrevista brindada a UNIVERSIDAD por la doctora Gómez, desde Medellín, Colombia.
- Derroche de recursos: ”Ya venía la situación muy difícil, la pandemia ha sido una cosa terrible y la gente está pobre, no está bien atendida, no hay dinero para atender la pandemia, porque el dinero se gastó en otras cosas. Por ejemplo, el Estado gastó 14 billones de pesos en comprar aviones de guerra, 10 mil millones de pesos en camionetas, 2 mil millones de dólares en tanquetas y 6 mil millones para salir en televisión hablando sobre la pandemia y sobre lo bien que está el país. Financió a los más poderosos y grandes empresarios colombianos con 2.3 billones de pesos en subsidios y ha gastado más de 3 mil millones de pesos en mejorar su imagen pública. Entonces en eso se fue la plata de la pandemia”.
- La reforma tributaria: “La gota que desbordó el vaso fue la presentación de la reforma tributaria. Sacaron una reforma tributaria que le pone un IVA del 19% a una canasta de huevos, a todos los productos básicos de la canasta familiar, con la gente muriéndose de hambre, en un estado bien difícil. Las personas pensionadas también tienen que pagar el 19% del IVA de sus pensiones, todo para poder subsidiar la pandemia. Y la gente ya no aguantó más. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que fue el que propuso la reforma tributaria, tuvo que renunciar el 4 de mayo. El presidente dice que retiró la reforma; pero solo le quitó algunas cosas; la reforma existe todavía. Es poner al pueblo a aguantar hambre, la clase media, mejor dicho, desaparece, porque todo está centrado en cobrar impuestos a la clase media, en ningún momento a los empresarios, todo lo va a pagar la clase media”.
- Estudiantes universitarios son los primeros: “Los estudiantes salieron a la calle. Los sectores que han participado en las protestas son los estudiantes, la comunidad indígena, los camioneros. El paro del 28 salió de las distintas universidades hasta llegar en conjunto a la Alpujarra, que es la zona administrativa, donde está la Gobernación y la Alcaldía, y cuando iban llegando a la Alpujarra los estaba esperando el Esmad con gases lacrimógenos y chorros de agua.
- El Paro Nacional: “El 28 de abril se decretó un Paro Nacional, que ha sido reprimido terriblemente. Esto es en todo el país. La Presidencia decretó que, además de la policía, las fuerzas armadas se tomaran las calles, a custodiarlas. La ciudad que ha sido más reprimida ha sido Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca. La gente ha marchado fuertemente y hubo mucha infiltración en esas marchas, penetraron en el paro e hicieron desmanes para que luego las fuerzas pudieran reprimir”.
- Violaciones de derechos humanos: “Las demandas son devolver las personas que están desaparecidas en este momento. Entre el 28 de abril y el 1 de mayo había 39 desaparecidos. Derechos humanos logró rescatar tres estudiantes con vida y los otros no se sabe dónde están. Hay misiones de derechos humanos, eso es lo que más ha salvado, lo que ha logrado menguar un poquito la violencia. Anoche hubo una velatón, prender velas blancas para denunciar la desaparición de las personas, son muchachos muy jóvenes, de las universidades”.
Cifras de la violencia policial
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó hoy que se registran 31 muertes durante los siete días de Paro Nacional. Veinticinco de los casos registrados por el Instituto sucedieron en el departamento del Valle del Cauca entre el 29 de abril y el lunes 3 de mayo.
La Defensoría del Pueblo denunció la posible desaparición de 87 personas desde que iniciaron las protesta. Las denuncias se trasladaron a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (En Cali y Palmira 35; en Bogotá 17; en Quindío 16; en Barranquilla 10, en Medellín hay 4; y en el Departamento del Cauca 4).
Mientras tanto, en un comunicado emitido esta tarde, las organizaciones de derechos humanos reportan 222 víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias de manifestantes, 22 víctimas de agresiones oculares y 10 víctimas de violencia sexual.
Las movilizaciones actuales en Colombia se remontan a noviembre de 2019. En ese momento se exigían la implementación plena de los Acuerdos de Paz; educación gratuita, de calidad, universal y humanista. Esto fue paralizado a partir de la emergencia por el Covid-19, que empezó en marzo de 2020.
Movilizaciones desde 2019
Se estima que Colombia suma 21 millones de personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Como escriben el docente e investigador John Freddy Gómez y la abogada y Coordinadora del Grupo de Estudio Economía Digna, Camila Andrea Galindo en un artículo publicado en La Pluma, “el pueblo colombiano ha observado como sus mesas se convierten en festín del polvo y el olvido ante la reducción de las raciones de alimentos, donde el 68% del pueblo ha pasado de tres comidas diarias a dos, y otro 10% de los hogares han pasado de tres a tan solo un alimento diario debido a las políticas gubernamentales que han privilegiado la transferencia de recursos públicos hacia entidades financieras”.
A principios de abril, el Gobierno de Duque, mediante su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó la Ley de Reforma Fiscal “Solidaria Sostenible”, que proponía aplicar tasas impositivas del 19% a la mayoría de los productos de la canasta familiar; ampliar el margen gravable del impuesto a la renta a las personas a partir de ingresos de 2,5 millones de pesos al mes; aplicar impuestos del 19% a los servicios públicos domiciliarios; congelar por cinco años los salarios de las y los funcionarios públicos; e imponer una sobre tasa a la gasolina. También permitía al presidente enajenar, reestructurar o fundir entidades y empresas del Estado e implementar un riguroso proceso de austeridad en el gasto social, explican John Freddy Gómez y Camila Galindo en su artículo.
