Captura de 11 militares en Guatemala trae justicia a familia exiliada en el país

Durante 37 años, la familia de Carlos Ernesto Cuevas Molina ha mantenido su memoria viva, sobrellevando un luto extendido y un dolor indescriptible desde que su hijo y hermano fue desaparecido el 15 de mayo de 1984, durante el gobierno militar de Óscar Mejía Víctores, en Guatemala.

El pasado 27 de mayo, representantes de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público detuvieron a 11 militares y policías retirados por su presunta participación en el secuestro, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y otros delitos contra al menos 183 personas consideradas opositoras políticas entre 1983 y 1985.

Carlos Cuevas Molina es una de las personas cuyos perfiles y “fichas” con datos sobre su aprehensión, tortura y muerte aparecieron en un documento llamado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, desclasificado por el Gobierno de Estados Unidos en 1999.

El 31 de mayo empezó la audiencia de primera declaración de los militares y policías retirados, acusados de haber cometido delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada durante el Gobierno de Mejía Víctores (1983-1986), en medio del conflicto armado interno de Guatemala, en el que murieron 200.000 personas y hubo 45.000 personas desaparecidas.

“Es un luto extendido, que nunca se termina, es una tortura permanente porque además nuestra familia fue sometida a persecución aquí en Costa Rica, con enviados del Gobierno militar, que venían a decirnos que en la medida en que guardáramos silencio estarían dispuestos a devolver a mi hermano”, Rosario Cuevas.

UNIVERSIDAD conversó con Rosario Cuevas Molina, una de las hermanas de Carlos Ernesto, quien vive en Costa Rica y es máster y activista en derechos humanos.

Rosario explicó que el hecho de que en 1999 apareciera el llamado “Dossier de la Muerte”, al que se le hizo un peritaje sobre su autenticidad, “viene a confirmar con certeza, que no solo existió una serie de políticas de exterminio de opositores, sino que además eran ejecutadas por representantes, operadores del Estado; y que existía toda una estructura, muy compleja que ejecutaba las órdenes de personas de muy alto rango, tanto en el ejército, como en el Gobierno”.

Ante esto, organizaciones y personas que durante años han luchado por sus familiares desaparecidos presentan una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión exige al Gobierno de Guatemala “que se proceda a una investigación más exhaustiva; a la entrega de documentación; y a la persecución de los responsables de estos crímenes y su sometimiento a juicio”, dijo Rosario.

Pero para llegar a esto, su familia y las de miles de desaparecidos en Guatemala han sobrellevado años de horror. Rosario compartió cómo recibió su madre la noticia, lo que implica en lo jurídico y en lo emocional y parte de la historia de su familia.

¿Qué valor en lo jurídico y en lo emocional tiene esto para usted?

—Legalmente, jurídicamente, es un caso muy importante porque durante todos estos años, tanto el ejército como otros cuerpos de seguridad que participaron en la guerra interna con la persecución, desaparición y ejecución de supuestos opositores, siempre negaron tener información y ningún involucramiento. Incluso intentaron en distintas ocasiones auto otorgarse amnistías por los crímenes cometidos. Hay varios informes desarrollados por instituciones muy serias, como el Informe de la Verdad, como el Informe de Naciones Unidas, que dan cuenta de la responsabilidad del ejército en términos generales. Sin embargo, nunca hubo una aceptación de esas responsabilidades. (…) Entonces el hecho de que en este momento se hayan ejecutado ya capturas de personas identificadas como involucradas en los crímenes y que son ejecutadas por instituciones del Estado, como el Ministerio Público y estructuras específicamente diseñadas para el combate de la impunidad, tiene una gran trascendencia. (…) El hecho de que el sistema judicial y las estructuras del Estado se hayan visto forzadas a ejecutar la orden de captura ha sido muy importante.

 ¿Por qué cree que se mueve esto y se dan ahora las capturas?

—Generalmente el Estado guatemalteco es muy lento para ejecutar las órdenes que mande la Corte y ha habido periodos con un poco más de apertura para que se diera y se estructuró —valga la redundancia— toda una estructura de defensa de los derechos humanos y de esclarecimiento histórico que funcionó por un periodo muy corto. Eso significó la modificación de estructuras en el sistema judicial, de las cuales aún sobreviven algunas pocas. Otras fueron combatidas y de hecho en este momento hay una fuerte presión para desarticular esas estructuras de justicia; pero no lo han logrado porque hay mandatos muy claros que establecen que deben existir. ¿Por qué en este momento? Porque en este momento se logró finalmente obtener información específica de posiciones y cuadros del ejército y sus funciones.

 ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hermano Carlos Ernesto Cuevas Molina?

—Yo lo vi una tarde antes de que él fuera capturado y desaparecido en el año 1984.

 ¿Ustedes salen del país después del secuestro de su hermano?

—Nosotros éramos una familia numerosa. No salimos todos juntos, salimos a distintos países y por distintos medios y tuvimos que exiliarnos porque, en mi caso personal, tuve varios intentos de secuestro y tuve que salir bajo la protección de una embajada, que en ese momento brindaba protección a las personas que necesitaban salir. Era la única por cierto. Y de esa manera yo logré salvar la vida. Pero desde el primer momento desarrollamos una larga, larga lucha, movilizando todos los recursos legales para conseguir la aparición de mi hermano. Dentro de esa lucha se incluye la fundación del Grupo de Apoyo Mutuo, en Guatemala. Mi cuñada, esposa de mi hermano, era vicepresidenta del Grupo de Apoyo Mutuo y precisamente por desarrollar esa lucha, que fue muy amplia y tuvo mucho apoyo a nivel internacional, ella fue asesinada también junto con su bebé de dos años y su hermano”.

¿Y cómo fue esa época hasta 1999 que aparece el Diario Militar y se dan cuenta de lo que había vivido su hermano, de lo que le habían hecho?

—Bueno, en términos personales puedo decirte que fue un infierno y que los daños que provoca la práctica de la desaparición forzada son muy complejos. No puedo decirte lo que eso significó para mi madre, que sencillamente de un día para otro perdió a un hijo y no supo nunca más qué había sido de él. Es un luto extendido, que nunca se termina, es una tortura permanente porque además nuestra familia fue sometida a persecución aquí en Costa Rica, con enviados del Gobierno militar, que venían a decirnos que en la medida en que guardáramos silencio estarían dispuestos a devolver a mi hermano y también en momentos nos amenazaban diciendo: ‘bueno, mientras ustedes sigan hablando, él va a ser torturado con más saña’. Entonces te puedo decir que es algo verdaderamente indescriptible por una parte, y muy doloroso y tiene evidentemente secuelas emocionales y físicas que a la fecha seguimos experimentando.

 Las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas están pidiendo al Estado de Guatemala asegurar un proceso judicial e imparcial, ¿qué significaría esto?, ¿qué implica la palabra “reparación”?

—Se trata de un juicio donde hay 183 familias, un grupo significativo. Hay reparaciones de distintos tipos y eso está establecido en algunos procedimientos que desempeña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que van desde lo que se llama un ‘arreglo amistoso’, en donde se establece con normas que manejan la reparación del daño ocasionado en distintos ámbitos. Por ejemplo, en algunos casos ha habido una reparación económica; pero pareciera que los fondos que había para ese fin, desaparecieron.

La otra es la reparación en términos de la justicia, que implica que los juzgados, de ser encontrados culpables de los crímenes de los que se les acusa, tendrán que tener una pena acorde con ese crimen, o sea, tendrían que guardar prisión probablemente y eso ha pasado ya en algunos casos. Hay otras formas de reparación, que se llaman de dignificación de las víctimas, que implica rescatar la dignidad de las personas que fueron asesinadas. Por ejemplo, hace poco hubo una inauguración de un monumento en memoria de las víctimas de la Universidad de San Carlos. Se hizo un monumento en su universidad. Pero igualmente en el caso nuestro, pedimos reparaciones en términos de hacer publicaciones acerca de lo que sucedió, que hubiese también un reconocimiento del Estado de su responsabilidad en la ejecución de nuestro hermano porque según lo que indica el Diario Militar, él fue ejecutado. Y la distribución de algunos libros que nosotros publicamos para que fuera del dominio público lo que había sucedido. También hicimos una película, un video (El eco del dolor de mucha gente) donde se describe la historia de nuestra familia y lo que sucedió, y lo que sucedía en el país y sus causas. Entonces, eso es muy diverso. La familia Molina Theissen pidió que se incluya en un texto de estudios escolares una referencia a esa historia que ha sido borrada. Las reparaciones son muy diversas y dependen de lo que el proceso dé como producto y los acuerdos a los que se pueda eventualmente llegar”.

 ¿Cómo recibe su madre esta noticia?

—Mi madre es una mujer ya mayor, tiene 86 años, y en realidad ha luchado toda su vida adulta, no solo por encontrar a su hijo, sino por alcanzar la justicia. Recibió la noticia con alegría, con satisfacción, porque al fin y al cabo este es el resultado de muchos años de lucha de muchísima gente y lo recibe con agradecimiento con la vida porque hay personas que han muerto sin tener esta oportunidad de ver a los responsables de hechos tan macabros ser llevados al seno de la justicia.

Para ella esto es trascendente y esperamos realmente que el proceso se pueda hacer de veras con imparcialidad y con resultados acordes con los hechos que nos vistieron de luto a tantos”.