París, Francia
El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, activó este jueves un polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de las pensiones eludiendo el voto de los diputados, en medio de una sesión caótica en la Asamblea Nacional.
Macron ha escogido recurrir al artículo 49.3 de la Constitución y el Consejo de Ministros dio su visto bueno.
Pero su mera activación es considerada como un fracaso para los observadores. A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “refuerza la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimenta la crisis social”.
Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.
Los diputados de la oposición de izquierda acogieron con carteles de “64 años es no”, cantando la Marsellesa, el himno nacional, y con gritos a la primera ministra, obligándola a forzar la voz para anunciar la decisión.
“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al activar en la cámara baja el artículo 49.3 de la Constitución tras una reunión de urgencia del Consejo de Ministros.
La única manera de impedir la aplicación de la reforma ahora es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno, que se debatirían en los próximos días. La líder ultraderechista, Marine Le Pen, ya anunció una.
“Es la constatación de un fracaso total” para Macron, agregó su rival en el balotaje de la pasada elección presidencial hace casi un año, quien estimó que la situación en Francia era la de una “crisis política”.
Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.
Con el visto bueno asegurado en el Senado, que aprobó la reforma en la mañana, el gobierno se esforzó en convencer al puñado de diputados oficialistas y a la “veintena” de su aliado de derecha Los Republicanos (LR) aún reticentes.
Pero sin éxito. El temor a sufrir un revés en la Asamblea Nacional, tras una serie de reuniones de crisis desde el miércoles por la noche, lo forzó a activar el 49.3, pese a correr el riesgo de recrudecer las protestas sociales.
Más de 1.500 manifestantes se dirigían a la sede de la Asamblea justo después del anuncio del polémico mecanismo, a llamado de organizaciones de estudiantes y al grito “¡Eh Manu Manu, 49.3 o no, tu reforma no la queremos!”, constató AFP.
Varios diputados ya anunciaron la presentación de mociones de censura para hacer caer el gobierno y la reforma. Desde su llegada al poder en mayo, Borne ha enfrentado una decena de ellas, que no llegaron a prosperar.
“Marchen sobre París”
Los sindicatos llamaron “solemnemente” a los parlamentarios a votar contra una reforma “injusta” y contra la que manifestaron el 7 de marzo entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.
Sin embargo la contestación parece caer, a medida que los franceses reconocen que se acabará aplicando esa ley. Y las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continúan, aunque con menos fuerza.
El gobierno ordenó además requisar el personal municipal de recogida de basuras de París para que retiren las 7.600 toneladas acumuladas en la capital, al término de un pulso con la alcaldesa Anne Hidalgo que apoya a los huelguistas.
Pero los opositores no tiran la toalla. “Llamo a todos los que se oponen a esta reforma a que marchen sobre París (…) No dejen que les roben dos años de vida”, tuiteó el miércoles el diputado izquierdista Thomas Portes.
Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.
La oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
