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Jueces piden cuentas a Sala Tercera por elegir al “más cuestionado” como su presidente

Jesús Ramírez fue cuestionado en 1988 por diputados de la Comisión de Narcotráfico. Aunque desde entonces se le pidió la renuncia, él ha logrado mantenerse por décadas en su silla de magistrado

El Sindicato de la Judicatura (Sindijud) exigió a los miembros de Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que expliquen por qué eligieron al “más cuestionado” como su presidente, en referencia a la designación del magistrado Jesús Ramírez en ese puesto el pasado lunes.

“Este sindicato exige –vehementemente- explicaciones claras y concretas a los miembros de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, quienes de conformidad al Artículo 11 de la Constitución Política deben rendir cuenta de sus actos. Deben explicar por qué después de los señalamientos de corrupción judicial, eligieron al más cuestionado de los miembros de la Corte”, dice un comunicado emitido por el sindicato.

El acuerdo para pedir cuentas a la Sala se tomó en la mañana de este lunes, detalló el secretario general de Sindijud, Jorge Morales.

Los jueces que conforman ese agrupación gremial señalaron que Ramírez “es la figura más cuestionada en la historia del Poder Judicial. Señalado por la Comisión de Narcotráfico en el año 1988, sancionado disciplinariamente por el caso del ‘cementazo”, acusado de presionar a una jueza, entre otros”.

“Poniendo frente a una Sala -que debe juzgar a la clase política- a una figura señalada y cuestionada, transmiten los magistrados que no les importan los recientes y vergonzosos hechos que costaron el puesto a casi la totalidad del alto tribunal. El mensaje es claro: pase lo que pase todo seguirá en picada”, dice el texto.

Jesús Ramírez es magistrado desde 1985 y ha sido reelecto en cuatro ocasiones.

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Fue suspendido en el 2018 por ser parte de la Sala Penal que desestimó una causa contra dos legisladores, con base en una solicitud de la Fiscalía que contenía prueba falseada. Por ello también fueron sancionados el expresidente judicial, Carlos Chinchilla, y la magistrada Doris Arias, ambos miembros de esa sala. Estos últimos se acogieron a su jubilación.

El 1988, un  informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico le atribuyó acciones que habría favorecido la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial.

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