En ese momento no existían los teléfonos celulares, el túnel del Zurquí estaba recién estrenado y Celso Gamboa cursaba el tercer grado de la escuela. Óscar Arias ni Rafael Ángel Calderón habían gobernado aún y el narcotráfico apenas entraba en las noticias ligado al nombre de Rafael Caro Quintero.
En ese momento, a don Jesús Ramírez Quirós no le apodaban todavía “maestro”. Era un juez astuto que solo se jactaba de su origen humilde y de haber comenzado como conserje en el Poder Judicial. Nadie, ni él mismo, podía prever que ese abogado sin abolengo, sin elocuencia y sin títulos en el exterior podía convertirse mucho tiempo después en el costarricense con más años como miembro de un poder supremo de la República.
En ese momento nombraron magistrado a don Jesús. Era 1985 y el bipartidismo estaba en su mejor momento. Calderonistas y liberacionistas se repartían el poder y los poderes, y él supo entrar sin causar estridencias, como de callado, su sello personal para desempeñar su puesto por 33 años, hasta el momento. Pero podría llegar a 40, todo un récord.
Soportó la caída del bipartidismo, serios cuestionamientos a la probidad ligados al narcotráfico, el auge y las caídas de expresidentes, y las travesuras sexuales de un hijo como funcionario judicial. Vio silencioso las embestidas desde la Asamblea Legislativa contra magistrados específicos, supo mantener la simpatía de los funcionarios en tiempos de recorte de privilegios y calzar con la nueva generación de magistrados, incluido el Celso Gamboa que allá en 1985 aún vestía pantalón corto.
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Soy muy creyente en Dios, por ser Cartago nosotros casi es un hecho de que tenemos el enorme privilegio de respetar las creencias en el Ser Supremo y yo siempre he creído que, si Dios me dio la oportunidad de llegar a donde estoy, yo tengo que ponerlo al servicio de los demás”.
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Y ha resistido, hasta ahora, la sacudida del “cementazo”, que somete a la cúpula del Poder Judicial a su mayor crisis en la historia y que ha forzado la salida de tres de sus pares, incluido el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, uno de los que llamaba en voz alta a don Jesús por su mote: “maestro”.
Sancionado por dos meses como miembro de la Sala Penal que desestimó una causa contra dos diputados en el 2017, Ramírez podría también acogerse a una pensión jugosa que ya han tomado otros compañeros suyos, pero a los 75 años no muestra señales de interés en el retiro. En 2017 (justo antes de que estallara el “cementazo” públicamente) los diputados lo dejaron reelegirse por 8 años y podría llegar a la edad de 82 años aún sentado en una de las 22 sillas de magistrados si en adelante todo le sale como en las últimas décadas.
Por eso estamos escribiendo sobre él. Por eso este tiempo de transformación política y, por tanto, judicial obliga a poner la mirada en este hombre de menos de 1,60 metros, de párpados caídos y una pobre capacidad de pronunciar palabras. O falta de ganas, quién sabe.
Porque es imposible hablar del gobierno del Poder Judicial, o de su crisis actual, sin hablar de Jesús Ramírez y de las cuatro veces que fue reelecto por distintos diputados a pesar de los cuestionamientos y de la pobre producción como juez de la Sala Penal, donde supo mostrar la suficiente flexibilidad para convivir con las distintas etapas, según la jueza y académica Rosaura Chinchilla.
“Él modificó su línea de pensamiento para acomodarse a la etapa más rudimentaria de la Sala Penal, luego al período de rigor doctrinario de la mano del magistrado Daniel González y después a una etapa más ideológica que alojó el debate entre el enfoque más punitivo o el de derechos humanos. Supo acomodarse a los tres momentos”, comentó Chinchilla. Quizás ese es el concepto para describir la carrera maratónica de Jesús Ramírez: saber acomodarse, flexibilidad o adaptabilidad, según quién lo diga.
En ello radica en parte su astucia. En no sacar la cabeza, alejarse del micrófono y de los teclados. Sus formas son antónimas a las que se conocieron del magistrado Celso Gamboa, mediático como ninguno antes durante los dos años que pudo ejercer como magistrado. Don Jesús podría cumplir 40 años de trayectoria si logra volver a mimetizarse y soportar también el terremoto del momento en el Poder Judicial.
Incluso, de Ramírez se dice que se queda dormido en las sesiones. Algunos entrevistados para este reportaje recuerdan haberle visto inmóvil y con los ojos cerrados, pero advierten que no están seguros de que en efecto duerma. “Es posible que sí esté escuchando y los demás piensen que no”, dijo el letrado de un magistrado aún en el cargo.
Piso de tierra
Uno de sus compañeros de Sala y en Corte Plena fue José Manuel Arroyo, ahora jubilado. Es uno de los críticos de Jesús Ramírez, pero le reconoce su astucia. “Es políticamente muy hábil, quizá porque proyecta una imagen que lo hace a uno subestimarlo, pero la historia del Poder Judicial en las últimas décadas ha tenido que ver mucho con él, para ilustrar lo que no debería ser”, aseveró.
Este “eterno sobreviviente”, como lo llama uno de los magistrados caídos, no va de intrépido ni siquiera dentro de las paredes del Poder Judicial. Lo suelen ver caminando despacio para salir a almorzar en restaurantes o sodas cercanas; saluda igual a los conserjes, como fue él; y se le conoce por saber empatizar con los gremios internos de una comunidad judicial que reúne a casi 13.000 funcionarios, reconoce Jorge Morales, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud).
En 2009, cuando los diputados discutían si debería evitarse la reelección de Ramírez, este aportó a la comisión legislativa de Nombramientos cartas de al menos dos asociaciones de funcionarios judiciales en las que pedían mantenerlo en su cargo. Cuando otros magistrados querían conectar también con los gremios internos, él era un canal. O lo es.
“Históricamente ha sabido manejar las organizaciones gremiales; aunque la transformación generacional e institucional en los distintos niveles ha sido sensible, habría que ver cómo será en adelante”, añadió Morales. Está a prueba la eficacia del estilo bonachón que algunos reciben con simpatía genuina y otros con algo de desconfianza, como en las sesiones de Corte Plena cuando lo ven dormitando. Las funciones administrativas de los magistrados dentro de la Corte hacen que cobren valor las relaciones interpersonales.
Sin embargo, su habilidad va más allá de los asuntos domésticos, para sortear numerosos cuestionamientos o aparentes planes para bloquearle las reelecciones. Nada ha resultado suficiente. La vez que más cerca estuvo fue en 1993, cuando solo faltó un diputado para completar los 38 votos necesarios para revocarle el nombramiento, a pesar de señales claras desde el gobierno de Calderón Fournier para ello.
Poco importaba en ese momento el origen calderonista de la familia de Ramírez allá en su natal Paraíso de Cartago. El informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico en 1988 atribuyó a Ramírez conductas que de manera indirecta favorecieron la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial. Se le pedía la renuncia y él se negó, pero cumplido su mandato (en 1993), para los diputados no era popular defender la permanencia del magistrado nombrándolo para el segundo período.
La disyuntiva política está documentada en el reciente libro Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), de Manuel Solís, investigador de la Universidad de Costa Rica. Cuenta que Calderón y el entonces diputado oficialista Miguel Ángel Rodríguez se habían manifestado con claridad contra la reelección de Ramírez, como una señal de probidad, según argumentaron.
Una etapa complicada
En sentido contrario se manifestó el entonces precandidato presidencial José María Figueres, con el argumento de que debía respetarse la independencia de los poderes, recoge el libro. Otro precandidato liberacionista, José Miguel Corrales (miembro de la comisión de Narcotráfico en el cuatrienio anterior), abogaba por sacar de la Corte a Ramírez, pero Figueres tenia más influencia sobre los legisladores verdiblancos.
Cuando se suponía estaban los 38 votos, un diputado se zafó del acuerdo. Era Jorge Rodríguez, de un partido minoritario, quien usualmente daba su voto a las posiciones calderonistas, pero no en ese momento. Conocido desde ese momento como “Rata”, el legislador prefirió favorecer a su coterráneo cartaginés. “Y volvería a hacerlo, porque no fue que le di vuelta a Rafael Ángel; Dios me dio poder de discernimiento”, dijo para este reportaje.
Los votos del Partido Liberación Nacional (PLN) y Rodríguez salvaron a Ramírez, quien en 1991 había sido el magistrado que ordenó, según la prensa de la época, el decomiso de 2.500 ejemplares del libro El caso Chemise, recuerda la obra Solís Avendaño. En este libro se vinculaba a Figueres con la muerte de un supuesto narcotraficante en 1973, por lo cual el entonces candidato presidencial llevó a juicio a los autores (hermanos Romero) en octubre de 1993, con Juan Diego Castro como abogado.
Esto hace que se ligue la carrera de Ramírez con las tiendas liberacionistas, como su fuente de salvación en ese momento. “He visto pasar el cadáver de todos mis enemigos” es la frase que un exmagistrado aseguró haberle escuchado cuando en 2004 estallaron los casos de los expresidentes Calderón y Rodríguez.
Siete años después, el magistrado mostró que tampoco tenía rencores contra el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) o Calderón, pues fue uno de los miembros de la Sala Penal que rebajó la pena del exmandatario por peculado, de manera suficiente para que este evitara cumplir una condena dentro de la cárcel. Igual que él votaron la magistrada Magda Pereira y Carlos Chinchilla, quienes llegaron a la magistratura después de él y se retiraron antes.
Ramírez sabe permanecer. Lo ha demostrado incluso en estos tiempos de crisis del Poder Judicial, sin apenas abrir la boca el día de 2017 en que tuvo que comparecer ante la comisión de diputados que investigó el “cementazo” y las influencias en el Poder Judicial.
Ahí estuvo sentado junto a su amigo Carlos Chinchilla, “un muchacho valiosísimo”, como diría años atrás en uno de los procesos de reelección. Antes de la jubilación intempestiva de Chinchilla, en julio de este 2018, ambos eran parte del grupo que intentó dominar la Sala Penal y la Corte Plena, junto a Celso Gamboa (separado a principios de año) y Luis Fernando Salazar, aunque este es miembro de la Sala Constitucional.
La mayor parte del grupo solía reunirse en la oficina del “maestro”, sin importar demasiado que entraran funcionarios de todo rango a quienes Ramírez nunca ha dejado de saludar con amabilidad (incluso varias veces al día, como los abuelos).
Como miembros de la Sala Penal (encargada de procesar a miembros de supremos poderes), Chinchilla, Gamboa y Ramírez decidieron junto a Doris Arias y la suplente María Gómez desestimar en 2017 la causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata.
A estos se le procesaba por vínculos con el “cementazo” y parte de las pruebas eran informes del OIJ con cientos de contactos telefónicos que los magistrados obviaron, lo que le valió la sanción emitida en este mes de julio y forzó la jubilación de Chinchilla y Doris Arias. De ellos, solo sobrevive Ramírez, que permanece sancionado sin aspavientos. Se le intentó localizar para este reportaje, pero una grabación indica que tiene el teléfono apagado.
Todo indica que Ramírez volverá en setiembre a su despacho con la secretaria de siempre, su leal chofer de toda la vida y sus letrados Ricardo Salas (un académico al que atribuyen funciones “de magistrado”) y Óscar Mario Murillo, un abogado de línea conservadora y punitivista.
No es fácil pronosticar la salida de Ramírez por su voluntad. Esta es su casa. No es raro verlo los fines de semana en la oficina. A los 75 años parece dispuesto a cumplir completo su quinto mandato como magistrado y considera que aquí está parte de su familia.
La Corte, su casa
En parte ha sido cierto lo de la familia. Jesús, uno de sus hijos, trabajó en la Inspección Judicial de la Corte, pero fue despedido en febrero del 2016 por haber ido a un prostíbulo en Alajuela en un vehículo oficial de la institución.
Otra hija de Ramírez, Cinthya Ramírez, es jueza y ocupa el cargo de coordinadora del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José por decisión de la Corte Plena, de la cual es miembro su padre.
Aunque no es función usual de los magistrados designar a los coordinadores de los tribunales, en este caso los jueces integrantes no lograron ponerse de acuerdo y el caso escaló hasta los magistrados.
Había un empate entre Ramírez y un funcionario llamado Hanzel Araya, por lo cual el 2 se setiembre de 2016 los magistrados de la Corte Plena tomaron la decisión en favor de la hija de su compañero Jesús Ramírez. Aunque este se abstuvo de votar, sí participó en la sesión, como consta en el acta.
En ese momento el magistrado Ramírez acababa su mandato y pocos dudaban sobre su interés en reelegirse en 2017, aunque había en la Asamblea Legislativa voces críticas en la comisión de nombramientos, como la de Ottón Solís.
El diputado que presidía esa comisión era casualmente Jorge Rodríguez, el mismo que había salvado a Ramírez en 1993. El legislador, en esa ocasión como miembro de la bancada del PUSC, logró evitar que llamaran al magistrado a comparecer antes de la votación en el plenario, con la permisividad de la bancada del PLN.
“¿Para qué íbamos a traerlo (al magistrado a audiencia)? Ahora estamos en campaña y muchos de mis compañeros no tienen tiempo”, dijo entonces al diario La Nación la jefa de la bancada, Maureen Clarke. El PLN se unía al PUSC y lograba otorgar a Ramírez un quinto mandato, hasta el año 2025.
“Es un gran operador del Derecho y me siento orgulloso de que haya salido de mi pueblo; nunca me he avergonzado de él. Le admiro que se convirtiera en una figura tan importante. Creo en él, aunque ahora anden cazando fantasmas”, comentó el exdiputado Rodríguez.
El día de la juramentación, siempre con su forma de hablar casi con balbuceos, Ramírez sostuvo que fueron las nuevas generaciones judiciales las que le pidieron continuar en el puesto para aprovechar su larga experiencia. Cuando el periodista Aarón Sequeira le preguntó por el informe de la Comisión de Narcotráfico de 1988, su respuesta fue evasiva, a su estilo, sin confrontar.
“No vale la pena mencionarlo. Uno de sus miembros más relevantes en su momento dijo que se habían equivocado y que pedía perdón”, contestó en referencia al exdiputado José Miguel Corrales, quien también lo conoce de antaño por ser oriundos de Paraíso.
Consultado, Corrales niega haber pedido perdón ni haberse retractado de las aseveraciones del informe. “Las cosas ahí señaladas son muy graves. Con dolor firmé esa sanción, pero yo no iba a salvarlo solo por provenir de una de las familias más honorables de Paraíso”, aseguró.
Corrales todavía se sorprende de que Ramírez siga ahí, pero entiende por qué. “Tiene una habilidad enorme para trabajar tras bambalinas, con una imagen como de mansa paloma para mantenerse en el poder de manera conveniente para los poderosos”, opinó.
Quizá haya algo de servicio al prójimo, a juzgar por una de las citas de Ramírez: “Soy muy creyente en Dios, por ser Cartago nosotros casi es un hecho de que tenemos el enorme privilegio de respetar las creencias en el Ser Supremo y yo siempre he creído que, si Dios me dio la oportunidad de llegar a donde estoy, yo tengo que ponerlo al servicio de los demás”.
Corrales y Ramírez solo volvieron a coincidir en dos ocasiones después de los cuestionamientos de 1988, recordó el exdiputado. En ambos encuentros el magistrado evitó la confrontación y salió silencioso. Una de ellas fue haciendo compras exoneradas de impuestos en el Depósito de Golfito, como un consumidor más, en una de las obras que tampoco existía cuando “don Jesús” se estrenó como magistrado.
