La nueva Ley de fomento a la lectura, el libro y las bibliotecas, sancionada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el 14 de septiembre de 2021, en el marco de la celebración del bicentenario, podría abrir un haz de luz en medio de la oscuridad que sobre este ámbito prevalece en el país, donde más de la mitad de la población no se lee ni un libro al año.
El impulsor de la iniciativa es el diputado Mario Castillo Méndez, quien desde 2019 comenzó a trabajar con los diferentes actores con el fin de que el texto legislativo recogiera las inquietudes y las necesidades de libreros, escritores, bibliotecólogos y lectores.
La ley 10025 consta de 48 artículos más un transitorio, y en su artículo 40 crea El Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas como organismo asesor del Estado en la aplicación de la Política Nacional de Fomento a la Lectura, el Libro y las bibliotecas.
El Consejo será un órgano adscrito al Ministerio de Cultura, y en criterio de Castillo, el proponente de la iniciativa, el Consejo será clave para darle sentido al andamiaje que crea la ley, dado que estarán representados los principales actores alrededor del libro y la lectura en el país.
“La ley, desde luego, nos llevó a revisar lo que ya existía. Los intentos que se habían realizado, y a definir con los actores relacionados con el mundo del libro, cuál era su posición. El libro lo que hace es impulsar y sostener el intelecto de la humanidad a través de los años”, Mario Castillo.
Entre las distintas funciones que asumirá el Consejo Nacional de la Lectura, como se le puede llamar en forma abreviada, está el “participar en la definición de la política nacional de fomento a la lectura y proponer periódicamente al Estado el Plan Nacional de Fomento de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas”.
El Consejo Nacional del Libro (CNL) fue “enterrado en 2010”, como en su oportunidad denunció en UNIVERSIDAD, el hoy expresidente de la Cámara Costarricense del Libro, Bernal Montes de Oca, y ahora en el nuevo texto se rescata y se amplía.
Antes de que se sancionara por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la nueva ley, la Cámara Costarricense del libro, los escritores independientes e incluso los libreros insistían en la necesidad de contar con un instrumento que guiara el rumbo de la lectura y el libro en el país, dejado de la mano de Dios por sucesivos gobiernos, incluido el actual.
Uno de los elementos presentes a lo largo de la nueva ley es que busca aglutinar en el sector la participación del Ministerio de Educación Pública, entidad que otrora fue promotora de la lectura en Costa Rica, hasta que debió asumir otras funciones que lo alejaron de aquella primera vocación.
Noticia inadvertida
Muestra inequívoca de que la lectura no es una preocupación relevante para el país, está el hecho de que, pese a que su anuncio se hizo en el marco del bicentenario, pocos se enteraron de la existencia de la nueva ley.
Una semana después de aprobada la iniciativa, la Universidad Nacional (UNA) organizó un foro por medio de la plataforma Zoom, con el gestor del proyecto, el diputado Mario Castillo Méndez, y el actual presidente de la Cámara Costarricense del Libro, Óscar Castillo, quienes, junto con Marianela Camacho Alfaro, funcionaria de la UNA, comentaron los posibles alcances de la nueva ley.
Para el diputado Castillo, el impulsar una política de fomento de la lectura por medio de una nueva legislación era uno de sus grandes desafíos cuando se propuso llegar a la Asamblea Legislativa, junto con la necesidad de buscarle mejores salidas a los agricultores nacionales, como el otro gran eje que le preocupaba entonces.
En su reflexión sobre la relevancia del libro para la cultura, Mario Castillo apuntaba:
“El libro es un derecho esencial que tiene la humanidad como un todo. La lectura es una especie de derecho cultural.
La ley, desde luego, nos llevó a revisar lo que ya existía. Los intentos que se habían realizado, y a definir con los actores relacionados con el mundo del libro, cuál era su posición. El libro lo que hace es impulsar y sostener el intelecto de la humanidad a través de los años. Y el libro se ha constituido en el invento más importante que el hombre haya descubierto y puesto a la orden de los seres humanos”.
Mientras tanto, Óscar Castillo, quien además de ser el presidente de la Cámara del Libro es el dueño de la editorial Uruk, consideró en ese foro que “se ha de tener claro que este instrumento solo será útil en la medida en que tanto el sector privado como el público tengamos la madurez para hacer cumplir sus objetivos”.
Óscar Castillo sostuvo que “no es pesimista sobre lo que ha estado pasando en el mundo del libro en Costa Rica, aunque hay dificultades y la pandemia ha hecho que las cosas sean más difíciles. La orientación de la lectura era favorable en relación con algunos países de América Latina, seguramente no tan favorables respecto de lo que quisiéramos”.
La lectura en Costa Rica
La Encuesta Nacional de Cultura de 2016 evidenció que la lectura en Costa Rica era una actividad que sobrevivía a la sombra del poder de los medios audiovisuales, dado que el 56,8% de los ticos consultados dijo no haber leído ningún libro al año, mientras que a la televisión la observaban el 92,4% de la población abordada.
Los datos de entonces evidenciaban cuál era el equilibrio entre la lectura y la presencia demoledora de los medios audiovisuales, en una coyuntura en la que Internet propiciaba todo tipo de aventuras, pero mucho menos aquellas relacionadas con la capacidad de leer y su fomento.
En ese contexto y con una capacidad de comprensión lectora por debajo de los estándares recomendados, tanto desde la academia como desde los sectores privados interesados en fortalecer las capacidades lectoras de los niños, se clamaba por una luz en medio de la oscuridad.
No obstante, nada parecía que fuera a surgir un proyecto que buscase corregir una serie de anomalías y, sobre todo, que quebrase la ausencia de interés por parte del Estado costarricense en darle al libro, a la lectura y a la formación que surge a partir de ella un lugar en la sociedad nacional.
De acuerdo con la encuesta de ese 2016, que fue la última que se realizó, en la zona urbana se leía más que en la rural. Así, las cifras indicaban que en el sector urbano un 45,6 no leía, mientras que ese porcentaje baja a un 36,4% en el área rural.
Las alarmas se desataron tras conocer dichos resultados, por cuanto en comparación con la Encuesta Nacional de Cultura de 2014, los datos mostraban que existía un deterioro en los niveles de lectura.
Al revisar los motivos para leer o no leer, aquella radiografía que ofrecía en su momento la encuesta dejaba el siguiente panorama: “La población de 12 años y más que sabe leer y escribir y no lee ningún tipo de libro alega desinterés o que no le gusta como el principal motivo para no hacerlo (56,8 %), seguido por la falta de tiempo (25,0 %), por tener otras preferencias (6,8 %) y por otros motivos (11,8 %)”.
En relación con quienes afirmaron leer, la encuesta detalla que un 61,6% lo hacía por “gusto”; un 20,4% por estudio; un 8,9% por “desarrollo personal” y en el apartado de otros motivos (9,1%) incluían la “recomendación de otra persona, requerimientos de trabajo, cultura general, por tema, o leer para otra persona”.
La comprensión lectora
El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha retratado las dificultades que tienen los educandos costarricenses en relación con la comprensión lectora.
De esta forma, en el campo del español en la prueba correspondiente a 2015, Costa Rica obtuvo 427 puntos, por debajo de la media de la OCDE.
Los resultados siguientes, de 2019, confirman que en vez de mejorar hubo un deterioro en un punto, pues se alcanzaron solo 426, lo que ubicó al país en el puesto 49 entre 79 naciones.
Más allá de lo que indica PISA, la realidad es que ni el nuevo programa de español, impulsado a partir de 2014, que buscaba un enfoque más integral en la enseñanza de la citada materia, ha podido revertir los procedimientos y los resultados.
Ello obedece a varios factores. En primer lugar, para ejecutar el nuevo plan en el aula se requerían docentes capacitados, y la mayoría carecía de los conocimientos suficientes para llevar a feliz término dicha tarea.
También, el nuevo enfoque, que dejaba atrás la visión estrictamente gramatical de la enseñanza, para darle paso a elementos fónicos y a una mayor creatividad a la hora de discutir y abordar los textos, se tomó con la limitación de materiales y de tiempo en el aula, así como el hecho de que en muchos grupos la cantidad de estudiantes se convertía en un problema.
Mientras se espera que el nuevo enfoque de enseñanza empiece a dar mejores dividendos, especialistas en el tema como Marielos Murillo, de la Universidad de Costa Rica (UCR), han sostenido que hay vacíos en la enseñanza que hace que los docentes del ramo no siempre gocen de la mejor capacitación.
De un criterio similar es Ana María Rodino, Investigadora del Estado de la Educación, para quien se deben doblegar los esfuerzos por hacer de la lectura y la enseñanza una fortaleza dentro de la educación de los estudiantes costarricenses.
En una entrevista hecha por UNIVERSIDAD, Rodino afirmó, en relación con la enseñanza del castellano en primaria y secundaria, y en el contexto de la pandemia, lo que se desprendía del Estado de la Educación: “Hay una pandemia de bajo rendimiento en la lectoescritura. Lamentablemente es así. Y no es solo una cuestión de impresiones personales, porque hay datos que lo confirman, no solo las distintas versiones del Estado de la Educación (EE), sino también los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por su sigla en inglés), que son tristemente elocuentes. Desde el año 2009 empezó a tomarse en Costa Rica esta prueba. Se realiza cada tres años y se evalúa competencia lectora, matemática y científica, en alumnos de 15 años, sin importar el grado en que estén, lo que cuenta es la edad para estandarizar la prueba. Cada año, de esas tres competencias, se pone énfasis en una en particular. Cuando el país empezó se focalizó el énfasis en la lectura. Los resultados fueron bastante pobres y se han mantenido prácticamente estables y no ha habido mejora. Un resultado en el que el 60% estaba entre el mínimo y por debajo de ese mínimo, no es para estar muy orgullosos como país. Eso ya indica que hay problemas”.
Arar en el desierto
La nueva ley será un arar en el desierto, porque las políticas de fomento a la lectura y del libro han estado técnicamente ausentes en los últimos 30 años. Aquellos años dorados en que el Ministerio de Cultura tenía un departamento especializado en la producción de libros, los cuales una vez impresos se distribuían de manera gratuita, con tirajes que andaban entre 8000 y 10000 ejemplares, pertenecen al pasado.
En la actualidad, ya sean editoriales estatales, como la Editorial de la Universidad de Costa Rica, la de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), de la Universidad Nacional, el Tecnológico o las privadas, tienen producciones por edición que andan entre 300 y 500 ejemplares, aunque esta última cifra ya casi es prohibitiva.
De forma tal, que la Ley 10025 se encontrará con una serie extraordinaria de obstáculos para abrirse paso en una selva de desinterés por la lectura, por políticas que tendrán que construirse desde cero, y por un sector del libro nacional que se ha debilitado, tanto por la pandemia, como por la falta real de apoyo.
Un transitorio de cinco años
Con base en lo establecido en la nueva legislación, el Instituto Nacional de Seguros, por un período de cinco años, deberá aportar la suma de ¢250 millones, para un total de ¢1250 millones al Consejo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.
“En la medida en que los ciudadanos tengan mayor capacidad de interpretación y comprensión, tendrán mayores posibilidades de entender las normas y comportamientos que les garanticen a ellos mismos y al país la seguridad. En consecuencia, para el financiamiento del Fondo Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, se establece la obligación del Instituto Nacional de Seguros de presupuestar y transferirle, de sus utilidades anuales, ¢ 250 millones anuales, durante un período de cinco años consecutivos. Esa transferencia deberá realizarse en enero de cada año del período indicado, iniciando el primer enero luego de la entrada en vigencia de la presente ley”.
El reglamento de la ley tendrá que estar, según lo establece el propio texto aprobado, tres meses después, por lo que, para enero de 2022, en teoría, deberá estar listo.
Tras una larga travesía de la lectura y el libro por senderos estériles y sin horizontes, se abre una perspectiva con la ley 10025, para un sector del libro que malvive en términos generales, incluidos los escritores, quienes tienen que realizar todo tipo de peripecias para mantenerse vigentes en una cultura en la que leer es un acto que no seduce ni siquiera a la mitad de la población costarricense.
