Ofelia Sanou, ICOMOS

“Las declaratorias patrimoniales no son un castigo”

Debe cambiarse la visión desde lo público y lo privado de lo que significa tener un bien patrimonial, considera la arquitecta e investigadora.

La conservación del patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica es una lucha desigual que no siempre se entiende, de ahí que en muchos casos se ha visto como un castigo por los propietarios de los inmuebles, considera Ofelia Sanou, presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), división Costa Rica.

Así mismo, considera que se debe articular mejor las políticas estatales de conservación, de manera que haya claridad en cuanto a la función que le corresponde a cada  uno de los organismos involucrados, al tiempo que se ha de reformar la actual ley 7555, la cual data de 1995 y tiene una serie de vacíos.

Recientemente la ministra de Cultura, Sylvie Durán, expresó su preocupación por el estado de muchas edificaciones, en las cuales el mantenimiento no ha sido el más adecuado.

Claro ejemplo es el Black Star Line, legendaria edificación en la ciudad de Limón, que se quemó poco antes de que se ejecutara un proyecto, que ya estaba en el papel, y que perseguía cambiar el estado de la instalación eléctrica, entre otros ajustes.

Sobre el tema del estado de los bienes patrimoniales se intentó conocer la posición de William Monge, director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio, pero pese a las más de siete llamadas a su despacho, resultó imposible que atendiera a este medio, de lo cual es testigo su asistente Lidieth Quirós Solano.

RESPONSABLES

Para Sanou, lo que corresponde es distribuir las responsabilidades del mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles, porque “no todo le corresponde al Ministerio de Cultura”.

De las 360 declaratorias patrimoniales, el 80 por ciento son del Estado; no obstante, es a las diferentes dependencias a las que les corresponde cargar con el mantenimiento y no al sector cultura, precisó Sanou.

De forma tal, dijo, que el Ministerio de Educación (MEP), que cuenta con muchas escuelas que son patrimonio, debería atenderlas con la prontitud que requieran. Igual proceder le correspondería a la Iglesia Católica, que cuenta con numerosos inmuebles declarados bien patrimonial.

“Hemos visto a curas que se oponen de manera rotunda a una declaración patrimonial por falta de sensibilidad o por falta de información, porque la ven como un castigo, pero no debería ser así”.

Para paliar la situación descrita por la Ministra Durán,  “los titulares del bien patrimonial se tienen que hacer responsables de su mantenimiento y conservación. Eso lo tienen que hacer el MEP, la Iglesia y los particulares”, afirmó.

El tema del estado de los bienes patrimoniales cobró actualidad luego de que hace una semana una firma de arquitectos ofreciera colaborar con la reconstrucción del Black Star Line, que sufrió un incendio el 29 de abril de 2016 y arrasó con más del 80 por ciento de la edificación.

En opinión de la presidenta del Icomos e integrante de la Comisión Nacional de Patrimonio, no deberían existir excusas para que cada entidad asuma la responsabilidad que le compete en cuanto a la conservación y el mantenimiento.

EL VALOR DE USO

En criterio de la arquitecta, muchas veces los bienes patrimoniales entran en deterioro por la falta de un adecuado uso que, a la vez, permita su financiación.

“No hay nada en la actual ley que impida que en un bien patrimonial se pueda desarrollar una actividad económica. La ley lo que vigila es que sea un uso digno. Se acuerdan de La Mazorca, era un bien declarado patrimonio y tenía un buen uso”.

Para lograr una mejor conservación y que no vuelva a suceder una situación como la del Black Star Line que no recibía un mantenimiento riguroso desde 1991, es conveniente crear planes por parte de los entes involucrados y generar una mayor conciencia en la población del auténtico valor de un inmueble patrimonial.

“Hay que trabajar en la economía de la conservación, para que esos sitios, en los que se pueda, se generen utilidades que sirvan para su propio mantenimiento. En muchos casos tenemos que involucrar a la comunidad alrededor del inmueble”.

En Costa Rica, las 360 declaraciones patrimoniales están divididas de la siguiente manera: San José registra 146; Cartago 62; Heredia 23; Alajuela 38; Guanacaste 29, Puntarenas 36 y Limón 26, de acuerdo con el Icomos.

En otras latitudes, como en Europa, existe no solo mayor conciencia de la importancia de conservar bienes patrimoniales, sino que tienen más claro que el valor ha de propiciar a su vez su mantenimiento, comentó Sanou.

Para mejorar la conservación y afinar el lápiz en este tema, expresó que ya es necesaria una ley que llene los vacíos de la de 1995. Uno de los mayores problemas con la actual ley y su reglamento se da al “rescatar un inmueble”, sostuvo Sanou.

Igual sucede con las nuevas declaratorias, que en la mayoría de los casos producen reticencias. Citó como ejemplo a la Universidad de Costa Rica. Conocedora del Campus, pues fue profesora por muchos años en la Escuela de Arquitectura de esta Universidad, dijo que también es hora de que algunas edificaciones sean declaradas patrimonio, pese a la oposición que pueda generarse.

Para mejorar la conservación de los bienes inmuebles, destacó que  “es imprescindible que se definan con exactitud las diferentes competencias de los organismos estatales encargados de atender el patrimonio”. Y así se pueda evitar una nueva sombra como la que cubre el Black Star Line.

 

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