La conservación del patrimonio estuvo marcada por encendidas polémicas y la producción cinematográfica por la variedad y la abundancia, en un país que por muchos años estuvo acostumbrado a una o dos películas como máximo al año.
El patrimonio costarricense vivió en 2017 uno de sus años más agitados, con un inmueble que acabó en cenizas, polémicas que implicaron recursos en la Sala Constitucional y un sin fin de contradicciones que pusieron la conservación en entre dicho, mientras el cine registró un incremento de producciones como nunca antes, aunque la distribución y la recepción de esos trabajos abre un gran reto a corto y mediano plazo.
La conservación del patrimonio material costarricense sigue siendo un tema que solo se asoma a la palestra cuando surgen situaciones extremas, es decir, cuando se quema un edificio, cuando lo demuelen o cuando el propio ente encargado de regir los destinos de este ámbito es cuestionado por las omisiones o la mano tibia en varios asuntos.
De esta manera, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) no destacó por acciones preventivas y destinadas a fortalecer el patrimonio, sino que debió salir a apagar incendios y a responder a cuestionamientos, como el surgido con la remodelación del Gran Hotel Costa Rica.
Más allá de las llamas que literalmente consumieron el 6 de agosto a la iglesia de Copey de Dota, las cuales obedecieron a un fallo eléctrico, entre quienes resguardan el patrimonio y se interesan directamente por él, como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) sección Costa Rica, consideraron en varias oportunidades que el proceder del Centro fue débil e incluso contrario a lo que estipula la propia ley 7555.
Los dos casos más sonados del año fueron el del Gran Hotel Costa Rica, que obligó a la Ministra de Cultura Silvie Durán a integraran una comisión especial para que se pronunciara sobre el proceder del CICPC y las consecuencias que tendría para el inmueble si se continuaba con los planes de los actuales dueños.
La situación motivó que se presentara un recurso de José Joaquín Jiménez ante la Sala Constitucional, la que al final no prosperó, pero contribuyó al debate y a expresar el malestar de muchos costarricenses por las gestiones realizadas en este caso concreto, sobre el que la propia Defensoría de los Habitante se situó a favor del sector que cuestionaba la actuación del Centro.
La Defensoría presentó una denuncia ante la Defensoría Adjunto Agrario Ambiental, lo que facilitó el que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público intervinieran y tomaran documentos del Centro de Patrimonio para ahondar en el curso seguido por dicha remodelación, autorizada por la institución que preside el arquitecto William Monge.
Otro frente que dejó en entredicho la gestión con que se custodia el patrimonio fue la relacionada con el Cine Variedades, inmueble que hoy pertenece al Estado costarricense y cuya remodelación para convertirlo en una hemeroteca fue duramente cuestionado por ICOMOS e incluso la propia Defensoría, al argumentarse que el Centro de Patrimonio irrespetaba parte de los preceptos contenidos en la ley 7555 y en su reglamento, dado que del edificio lo que en realidad se iba a conservar era la fachada.
Sobre el Teatro Nacional también surgieron controversias porque las remodelaciones que requiere para que cumpla con los estándares de seguridad y que implicarán cambios que desde ya han sido cuestionados por ICOMOS y conocedores del tema.
En una entrevista con UNIVERSIDAD, Melvin Campos, vicepresidente de la mencionada agrupación, explicaba de esta forma, lo que ocurre actualmente con el tema patrimonial.
“De manera que, para gestionar y proteger adecuadamente el patrimonio en Costa Rica, es necesario que las personas encargadas de estas funciones se formen e informen mejor sobre las tendencias más recientes y apropiadas para el resguardo del poco pero relevante patrimonio construido que nos queda en el país.
En debates de años anteriores se planteaba la necesidad de una nueva ley: ¿se requiere una nueva ley o que se cumpla la actual?
Pues si bien la ley 7555 era omisa en muchas cosas, el reglamento ha permitido que sea más precisa. La aplicación de la ley y el reglamento serían suficientes si hubiera una adecuada formación en las personas —autoridades y pueblo en general— sobre el patrimonio”.
La propia ministra Durán, en declaraciones a este periódico, también aceptaba que si, por ejemplo, las instalaciones eléctricas del Teatro Nacional, que es el edificio patrimonial más emblemático del país, construido en 1897, estaban mal, “cómo podrían estar las otras edificaciones”.
EDUCACIÓN
El desafío de la conservación del patrimonio debería de pasar por una más amplia difusión que conecte con el ámbito educativo. De esta manera, los edificios patrimoniales, las casas y los espacios serían vistos de otra forma, y no como meros elementos ornamentales para pensionados.
Costa Rica cuenta, según datos oficiales, con 386 declaratorias patrimoniales en el país, la mayoría de las cuales se concentran en la provincia de San José con 146.
La integración de esos espacios patrimoniales a la comunidad, su uso y aprovechamiento son un desafío constante, porque todavía se tiene la idea de que lo patrimonial no se puede ni se debe habitar y debe estar al margen de la vida de sus ciudadanos.
En otros espacios del mundo, como en La Habana vieja, solo para citar un ejemplo, sucede lo contrario: ahí el que las casas y los edificios estén habitados es un requisito para su mantenimiento y cuidado.
A la par de esa visión que poco a poco se ha ido modificando, queda el tema de la difusión del patrimonio, de modo que la gente tenga conciencia del valor histórico, arquitectónico y social de un inmueble.
La exdirectora del Centro de Patrimonio, Sandra Quirós, insistió durante su gestión de la importancia de llevar mensajes por los medios de comunicación masivos de la trascedencia que tiene para un país el patrimonio arquitectónico y, desde luego, el inmaterial.
Aquí hay una gran brecha pendiente. El monitoreo sobre el estado y el uso de los inmuebles patrimoniales declarados es otra de las facetas en las que el Centro de Patrimonio debe de mejorar y que salió a discusión con motivo de la quema de la iglesia de Copey de Dota, pérdida que se unió a lo sucedido en 2016 con el Black Star Line en Limón y con la Casona de Santa Rosa, en la que medió mano criminal, pero que también constituyó un lamentable suceso en el año 2000.
Sin el personal suficiente para verificar el estado y el uso de los inmuebles y sin la conciencia en la comunidad de utilizarlos, son numeros los ejemplos de inmuebles olvidados.
Un caso es el de la casona en Salitral de Desamparados y la misma casa de bahareque, de dos pisos en San Gabriel de Aserrí. Esta última fue reconstruida con recursos del Estado, pero hoy está sin uso y deteriorándose silenciosamente.
PEQUEÑOS DESTELLOS Y DESAFÍO
Los concursos oficiales como Salvemos Nuestro Patrimonio, que aportó en 2017 un total de 120 millones a la escuela Andrés Briceño Acevedo de Nicoya, ganadora del concurso en este año que finaliza, abre un destello de esperanza.
Esta iniciativa, en vigencia desde 1997, contribuye al restado de edificaciones de valor patrimonial importantes para la comunidad. Así en 2012 el Palacio Municipal de Aserrí resultó ganador y eso permitió que un año más tarde la edificación se rescatara y quedara en buenas condiciones.
Ello, más las intervenciones puntuales, permiten vislumbrar avances de lo que puede hacer y significar la conservación del patrimonio, tema en el que desde hace diez años está pendiente o una nueva ley o la modificación de la actual.
La mayoría de los especialistas en el sector que han opinado sobre el tema consideran que lo procedente es una nueva ley, y con ese sentido en el gobierno anterior se impulsó un nuevo texto que hoy permanece en el fondo del olvido de los archivos legislativos.
Algunos como Quirós consideraban que con el reglamento en vigencia no era necesaria una nueva ley, mientras que para el hoy expresidente de ICOMOS, Erick Chaves, era prudente contar con un nuevo marco legal.
En el 2017 quedó evidenciado que se requiere un Centro de Patrimonio con más firmeza y mayor presencia, con más recursos, pero sobre todo con una gestión más dispuesta a salvaguardar el patrimonio declarado, revisar el que queda pendiente de dar ese paso, y dispuesto a enmendar vacíos, para que la conservación se integre a la comunidad nacional.
UN BUEN AÑO PARA EL CINE COSTARRICENSE
Las posibilidades de hacer cine en Costa Rica disfrutaron de un buen año durante el 2017, en la que entre producciones con presupuestos privados y estatales sumaron la cantidad de al menos 14 largometrajes, lo que es una situación inusual en el país.
Desde que en 1930 se filmara El retorno, filme que desde luego tiene su propia historia, por los contratiempos que debió vencer, ha pasado mucho agua debajo del puente del cine nacional, en el que las dificultades para alcanzar una financiación han sido los principales obstáculos para contar con una producción sostenible y viable.
En este 2017 estrenaron proyectos Hilda Hidalgo con “Violeta al fin”; Miguel Gómez con “Amor viajero”; Ariel Escalante con “El sonido de las cosas”; Ashish R. Mohan con “Enredados: La confusión”; Ignacio Sánchez con “Buscando a Marcos Ramírez”; Adriana Cordero con “La Dixon”; Erika Bagnarello con “Gigi”; Mario Alonso Madrigal con “Insomnio”; Soley Bernal con “Despertar”; Jurgen Ureña con “Abrázame como antes”; Julio Hernández con “Atrás hay relámpagos” y finalmente con temática costarricense pero con un presupuesto internacional como lo es “Hombre de fe”, de Dinga Haines.
A la lista anterior ha de añadirse “Las aventuras de Tío Conejo” de Ruth Ángulo, una serie animada basada en los Cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra; “Vidas y bebidas” fue un capítulo de la serie documenta producida en Iberoaméria que en el caso costarricense le correspondió al Centro de Cine y al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).
Cuenta la historia de cómo el Estado costarricense es uno de los pocos en el mundo que tiene en sus manos la producción de licor.
A la lista anterior deben añadirse producciones de universidades estatales como “Casa en tierra ajena”, realizado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) y que retrata la inmigración en Centroamérica.
La UCR también concluyó una serie documental de cuatro capítulos sobre los afrodescendientes, la cual será proyectada a patir de 2018 en escuelas y colegios del país.
Los géneros del drama, ciencia ficción, documental, drama, suspenso, el biográfico y comedia fueron los formatos empleados para contar las distintas historias.
La irrupción del formato digital, más económico y con distintas posibilidades de materialización, el apoyo a proyectos por medio de los distintos fondos como El Fauno e Ibermedia han permitido una generación mayor de filmes en el país.
Los frutos de pioneros como Óscar Castillo y Miguel Salguero se ven reflejados hoy en la variedad de producciones, la cual va en aumento camino de consolitar un cine costarricense.
Por otro lado, el Costa Rica Festival Internacional de Cine, que durante diciembre, del 7 al 16 presentará 73 películas de 35 países en distantas categorías, es otra muestra de que el sector busca una permanente superación.
Los cambios que se han dado desde que se dejó atrás la “Muestra de cine” evidencial un marcado acierto.
PROYECCIONES Y GRAN RETO
El gran reto del cine costarricense de hoy es la disfusión y el alcanzar a un público mayor, dado que la mayoría de las proyecciones en cines comerciales estuvieron en promedio solo una semana, lo que contrasta con el esfuerzo y lo oneroso de las producciones, por más de bajo presupuesto que sean.
Una película como “Violeta al fin” lo que permaneció en cartelera fue una semana. Tal situación atenta contra las posibilidades de un verdadero desarrollo del cine nacional.
Ante ello surgen varias aristas dignas de considerar: una de ellas es la calidad del cine producido y otra la necesidad de que haya una ley, como la que reclama el sector desde hace varios años, para que se establezcan las famosas “cuotas de pantalla”, que obligaría a los cines comerciales a mantener en exhibición las películas costarricenses durante un determinado período sin importar la cantidad de espectadores que la vean.
El caso que rompió con la escasez de público fue “Mikol Jordan” que en 2015 fue vista por 750.000 espectadores, según datos de los productores.
Esta comedia fue capaz de competir con los filmes de Hollywood de entonces, lo que por lo general no sucede. A ello debe agregarse que no hay otros canales de difusión que favorezcan la presencia de cinéfilos en la proyección de las películas domésticas.
El gran talón de Aquiles del cine nacional se centra no tanto en la calidad, que se prevé es sujeta de mejora, sino en los canales de difusión y en los de financiamiento, aunque estos último han cambiado favorablemente, y pese a que producir una película en Costa Rica todavía pueda abanderarse como una “verdadera hazaña”.
En medio de los retos, no obstante, en el ambiente se respiran entusiasmos y certezas de que el formato digital y una mayor apertura de la financiación, podrían propiciar una producción más sólida año con año.
En este panorama, entonces, la urgencia de que se logre el cabildeo político para que se impulse una ley de cine que facilite la proyección de los filmes e incluso genere medios alternativos de financiación se vuelve imprescindible.
Mientras este paso no se dé, habrá un gran vacío y un gran reto, como el que enfrenta hoy el libro costarricense, cuya producción en calidad y cantidad ha aumentado de manera notable en los últimos 20 años, pero cuyos canales de distribución son un auténtico dolor de cabeza para los escritores que ven cómo es casi un milagro lograr que sus textos sean comercializados por la principal cadena del país, mientras las editoriales que producen sus libros se conforman con quedarse atrapadas en esa primera fase.
Sin una distribución oportuna de los filmes, difícilmente estas producciones tendrán el impacto que persiguen sus gestores, quienes a su vez deben hacer autocrítica y preguntarse por la calidad de sus películas, porque no todas las estrenadas en 2017 llevaban ese sello de calidad que las haría sortear los principales obstáculos apuntados.
El cine, sin embargo, forma parte de esa cultura de la imagen que es la que hoy predomina sobre las demás expresiones artísticas, por lo que tiene ante sí enormes posibilidades de crecimiento y superación, incluso en la pequeña Costa Rica, donde hasta hace muy poco estampar la firma en un filme era una acción catalogada como milagrosa.
