El Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue condenado, por la Sala Constitucional, a abrir un proceso disciplinario en contra de las personas funcionarias que eliminaron grabaciones de su Consejo Técnico Científico; tras un recurso de amparo dado con lugar.
El recurso fue interpuesto por el periodista Sergio Zúñiga Ruiz el pasado 13 de enero, quien había solicitado las grabaciones del Consejo desde setiembre de 2022 con el fin de alcanzar información sobre el proyecto de investigación “C1735-22 Comunicación Comunitaria: Contribuciones teórico-epistémicas”.
El Centro de Investigación defendió ante la Sala que las grabaciones tenían un plazo de almacenamiento de 15 días en la plataforma Zoom, por lo que estas fueron eliminadas, pero procedieron con la entrega de las actas de las sesiones al periodista.
Sin embargo, según establece la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos (CUSED), las grabaciones de los órganos colegiados tienen una vigencia administrativa-legal de un año por su función facilitativa, y estas deben ser conservadas por ese mismo plazo después de que se ratifique el acta de la sesión.
“Esta Cámara constata la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada en cuanto a la denegatoria de la UCR de entregarle las grabaciones de las sesiones bajo estudio […] No se verifica que se haya cumplido el plazo de un año a partir de la aprobación de las respectivas actas y, por ende, que se haya cumplido el requisito temporal previsto en la UCR para la eliminación de las grabaciones de las sesiones de los órganos colegiados universitarios” indica la resolución constitucional.
Zúñiga había solicitado siete grabaciones que datan desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022. De estas, según lo analizado por la Sala, tan solo dos habían sobrepasado el plazo que rige en la institución, por lo que las cinco restantes debían ser entregadas al amparado.
El trasfondo de la solicitud de las sesiones se devuelve a que el periodista buscaba recabar pruebas sobre un proceso administrativo dentro del CICOM, el cual denunció en un artículo de Opinión en UNIVERSIDAD, en contra de una investigadora por la sospecha de “una serie de irregularidades con respecto a convocatorias y actividades fuera de la aprobación de la Universidad”.
“Recabar esas grabaciones iban a servir como prueba dentro del proceso, para buscar a los respectivos responsables de las posibles faltas que yo estaba sospechando, o que todavía alego que pueden ocurrir […] Las actas dan indicios de ciertas declaraciones de algunos funcionarios, que en mi criterio son sospechosas, pero necesitaba las grabaciones porque no son transcritas literalmente conforme se dieron, sino que son resúmenes de lo que se conversó” agregó Zúñiga.
Yanet Martinez Toledo, entonces directora del CICOM, contestó a este Semanario que el Centro acatará la sentencia de la Sala “con respeto y reconocimiento de la institucionalidad y su valor”; así como que seguirá el reglamento correspondiente a la normativa universitaria.
“De mi parte acataré las medidas que se tomen desde la jefatura y asumiré la responsabilidad que me corresponda”, agregó.
Zúñiga finalizó mencionando que el caso responde directamente a los derechos fundamentales de acceso a la información: “Como periodista y como ciudadano lo que me está diciendo la Sala es que me reafirma mi derecho a acceder a documentación pública. Creo que reafirma que los funcionarios universitarios, por más que estén cubiertos con autonomía, no tienen derecho de eliminar documentación pública”.
