El año pasado fui invitado de manera informal por una investigadora del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la Universidad de Costa Rica (UCR) para que yo aportara de manera no remunerada mi conocimiento empírico como comunicador en la redacción de un artículo que eventualmente se plasmará en un libro sobre “comunicación comunitaria”, financiado en parte con fondos públicos por medio de plazas que todos pagamos para sus proyectos de investigación.
No fui el único invitado: talentosas egresadas de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) también fueron convocadas. De primera impresión me pareció una oportunidad para que un profesional como yo —que no tiene vínculos ni intereses con la comunidad de la UCR— pudiera aportar mi experiencia en proyectos y visión de mundo en la temática propuesta.
Sin embargo, dicha invitación incluía la participación en extensas reuniones virtuales y un taller como parte de las actividades de conceptualización de la publicación, que a instancia de la investigadora, se haría en Puerto Viejo de Limón. Las y los participantes —si queríamos ir— debíamos costear por nuestra cuenta los gastos de viáticos, alimentación y hospedaje, es decir, que la contribución nuestra —ya de por sí gratuita hacia la investigación— se convertiría en un gasto personal para beneficio de su proyecto académico. Al consultarle a la investigadora a cargo si dichos gastos iban a ser sufragados por la institución que se beneficiará de la obra una vez publicada, su respuesta fue: “¡qué gracioso!”. Nada más que preguntar de mi parte.
Aún así, decidí seguir dentro el proyecto con el objetivo de posicionar un tema en dicho espacio: la violencia universitaria que ejercen sus integrantes cuando se vinculan insensiblemente con comunidades no académicas. Dicho enfoque se me censuró por el temor de la funcionaria pública de “dañar la imagen de la UCR”. Adicional a eso se me propuso desviar la temática del artículo a enfoques que no cuestionen a la institución.
Ese fue el motivo por el que fui excluido del proyecto: buscaban alguien que les redactara y les promoviera su propia concepción de “comunicación comunitaria”, distinta a la que he vivido por mi experiencia personal y profesional, es decir, aquella que visibiliza la autocrítica y se posiciona desde la conciencia del privilegio para cambiar; aquella que puede criticar su mundo a pesar de que pertenece y está financiado por él.
Esta experiencia de contacto con la comunidad universitaria me puso en la posición de miles de personas que no recibiremos un centavo de los ₡332.955 millones presupuestados para que la UCR funcione este 2022, pero que además de nuestro pago de impuestos, también quieren recibir nuestras contribuciones de conocimiento, de tiempo y en especie; al devolvernos a cambio espacios de censura y violencia académica.
Parte de los privilegios que debemos desterrar, la nueva generación de profesionales, son aquellos de los que gozan esas instituciones y personajes que, con el eslogan de que “están al servicio del país”, lucran con proyectos en los que carecen de sensibilidad para abordar, pero que disfrutan de beneficios económicos, académicos y de prestigio personal, gracias a “contribuciones” gratuitas o mal pagadas de poblaciones que si no existieran les imposibilitaría mantener su social washing o canjear sus investigaciones por puntos académicos que les incremente el salario en el futuro.
Esta situación fue comunicada de manera formal a la funcionaria a cargo del proyecto con copia a la dirección del Cicom, pero todavía desconozco si mi denuncia es merecedora de un abordaje o reflexión interna, porque hasta el momento —a pesar de ser de conocimiento de su directora— su silencio solo legitima el tipo de “comunicación comunitaria” que promueve el equipo de este centro de investigación público.
