Las universidades públicas enviaron al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) su criterio sobre el borrador del reglamento de la Ley Marco de Empleo Público (10.159), donde advierten de numerosas fallas, especialmente, porque no se establecen las exclusiones de instituciones marcadas por la propia ley y el voto de la Sala Constitucional.
Al respecto, el asesor legal del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Gastón Baudrit, indicó a UNIVERSIDAD que el reglamento se presenta como “falto de rigurosidad y consistencia”:
“Además de no incorporar las exclusiones definidas por la Ley y la Sala Constitucional, el texto tiene muchas referencias inexactas hacia “las instituciones cubiertas por este reglamento” y “las instituciones bajo la rectoría de Mideplan”, lo cual dificulta su interpretación y expone la propuesta a ilegalidades e incluso inconstitucionalidades”, comentó el experto.
“Se está incurriendo en una violación a la organización política de la institucionalidad estatal, así como a un desmantelamiento de nuestro Estado social de derecho”, Gastón Baudrit.
Baudrit explicó que el Mideplan “tendría una rectoría sobre la totalidad del sector público”, en tanto el reglamento no incorpora las exclusiones que detalla la ley ni determina claramente su ámbito de aplicación.
El dictamen de las universidades señala que se debe indicar en el reglamento la exclusión de las universidades y otras instituciones con autonomía en temas como el salario global, la evaluación del desempeño, la definición de puestos de alta dirección pública o la composición general del Sistema de Empleo Público, entre otras.
Ante esto, la aprobación de un reglamento final como el diseñado por Mideplan, en primera instancia, tendría como consecuencia “la inconstitucionalidad de muchas de sus disposiciones, tanto por constituir un ejercicio abusivo de la potestad de reglamentar las leyes por parte del Poder Ejecutivo, como también por haber omitido las exclusiones que fueron incorporadas en la Ley en favor del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa”, según expresó el asesor del Conare.
Baudrit detalló que el análisis del reglamento, realizado por los centros de educación superior, atiende aspectos propios del régimen universitario, pero también del Poder Judicial, el Legislativo, el TSE y los entes con autonomía de gobierno u organizativa.
“Se ha considerado que todos, por igual, fueron objeto de regulaciones ilegítimas, contrarias a la Ley y al criterio de constitucionalidad ya emitido por la Sala Constitucional”.
