Si bien es cierto que los artículos transitorios de la Ley Marco de Empleo Público dan plazos para realizar cambios a partir de que entre en vigencia la normativa, hay disposiciones que tienen que estar listas antes de que la norma empiece a regir el próximo 10 de marzo, como la metodología de remuneración, las familias de puestos, la columna de salario global, la clasificación de puestos y un régimen salarial unificado para todo el servicio público, de acuerdo con la ley.
A nueve días de que entre en vigencia la normativa, existe una gran preocupación entre la población docente del Ministerio de Educación Pública (MEP), por ejemplo, de cómo se aplicará la nueva ley y cuál será la columna de salario global, ya que existen por lo menos 60.000 salarios diferentes.
Así lo explicó a UNIVERSIDAD Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), quien señaló que aún no han recibido ninguna comunicación oficial de las autoridades del MEP ni del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) de cómo se aplicará la ley en un ministerio que tiene 86.000 plazas autorizadas.
“Ellos ni siquiera tienen claro cuál es nuestra columna salarial, en el MEP tenemos cerca de 60.000 salarios diferentes”. (Gilda Montero, presidenta ANDE)
El caso del MEP es solo un ejemplo de la incertidumbre que existe en el sector público ante la entrada en vigencia de la ley.
Un grupo de diputados, representantes de organizaciones sindicales y de universidades proponen que se posponga la entrada en vigencia de la norma, ya que afirman que el Estado no tiene las condiciones que se necesitan para implementarla la próxima semana, sin que se genere una situación caótica en los servicios públicos.
Sin embargo, la ministra de Planificación y Política Económica, Laura Fernández Delgado, argumenta que la propia ley le da al Estado suficiente tiempo, después de que entre en vigencia, para desarrollar todo lo que se requiere para el cambio en el sistema de empleo público.
La Ley Marco de Empleo Público, aprobada por la Asamblea Legislativa el 7 de marzo de 2022, sustituirá el actual “salario compuesto” —salario base más incentivos—, por un “salario global”, lo que conlleva cambios en procesos de reclutamiento y selección, despidos, ascensos, evaluación de desempeño, vacaciones y permisos, entre otros.
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Imposibilidad material de implementarla
El abogado Esteban Calvo Rodríguez, experto en derecho laboral, destacó que el Estado costarricense no tiene “las condiciones básicas necesarias para que esta ley entre en vigencia” y explicó que la ley no se puede implementar “a pedazos”, sino que se requiere la puesta en marcha de todas sus partes porque unos aspectos dependen de otros.
Entre los aspectos que aún no están listos enumeró el sistema único y unificado de remuneración; el plan de empleo público (que se necesita para que cada institución elabore su plan institucional); la plataforma del Sistema Integrado de Empleo Público; el sistema de oferta de empleo público; la estrategia integral de aprendizaje; reelaborar todos los reglamentos autónomos de todas las instituciones; y las metodologías de evaluación de desempeño en todos los servicios que brinda el Estado.
El diputado Gilbert Jiménez dijo que “hay una imposibilidad material de implementar esta ley”, por lo que ha presentado el proyecto de ley “Posposición de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público” (expediente 23.573), que aplazaría la entrada en vigencia de la ley hasta el 10 de marzo del 2025 y actualmente busca el apoyo de otras fracciones legislativas para que se dispense de trámite a la iniciativa.
Hay disposiciones que ya tendrían que estar listas
UNIVERSIDAD solicitó una entrevista con la ministra de Planificación desde el 22 de febrero, pero no se pudo concretar antes de la fecha de cierre.
Sin embargo, en el programa televisivo Estado Nacional del pasado 26 de febrero, Fernández dijo que no está de acuerdo en esperar dos años para que entre a regir la ley porque “el país no puede seguir con el desorden” y “la bola de crecimiento exponencial de la partida de remuneraciones”.
Según la jerarca, no se puede implementar la ley “apretando un botón”, sino que “es por etapas”. Aseguró que los artículos transitorios de la ley establecen plazos de hasta 12 meses a partir del 9 de marzo para crear los distintos productos; por ejemplo, la plataforma integrada de empleo público.
Fernández también adelantó que esta administración presentará un proyecto de ley de reforma de la norma; pero que hasta que no la echen a andar no pueden proponer esos cambios.
Es cierto que las disposiciones transitorias de la ley dan plazos para realizar cambios a partir de que entre en vigencia la normativa. Por ejemplo, dan seis meses de tiempo para que se emita el reglamento; ocho meses para ajustar los sistemas automatizados de pagos; seis meses para la plataforma del Sistema Integrado de Empleo Público; y un año para que las entidades y órganos elaboren sus planes de empleo público, según el texto de la ley.
No obstante, hay disposiciones que deben estar listas antes de que la ley entre en vigencia, como la metodología de remuneración del trabajo para el servicio público; las familias de puestos; la columna de salario global, que indicará el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora pública (que debe publicarse en la plataforma integrada de empleo público); la metodología de valoración del trabajo; la clasificación de puestos de trabajo; y un régimen salarial unificado para todo el servicio público, de acuerdo con la ley.
Docentes en incertidumbre
Este medio también solicitó una entrevista en el MEP para conocer cómo se prepara el Ministerio para la entrada en vigencia de la Ley; sin embargo, aún no se obtiene respuesta.
Gilda Montero, de ANDE, dijo que el MEP no les ha informado nada; pero que por iniciativa del sindicato se han reunido con la ministra de Planificación para conocer qué se ha logrado, “que en concreto es absolutamente nada”, señaló Montero.
“Ellos ni siquiera tienen claro cuál es nuestra columna salarial porque yo puedo decir que en el MEP tenemos cerca de 60.000 salarios diferentes y eso hace muy compleja una columna salarial para nuestro sector”, destacó Montero.
“Nosotros no tenemos claridad, esto causa mucha preocupación en toda la población docente. Las personas tienen miedo, especialmente las nuevas contrataciones a partir del 9 de marzo, de en qué condiciones van a ingresar”, mencionó la dirigente.
De acuerdo con Montero, se tenía previsto que la ministra expusiera el alcance de la ley en el MEP, en la reunión de junta paritaria —programada para el 28 de febrero—.
