De acuerdo a datos que ofreció el ministro de Justicia y Paz Gerald Campos a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, aunque a nivel nacional la taza de sobrepoblación en el sistema penitenciario cerrado es del 6%, hay varios centros que se encuentran colapsados.
Mientras tanto Erika Madriz, directora de Policía Penitenciaria, informó que “lo realmente ubicado en centros penitenciarios es un policía para 16 privados de libertad”, una proporción preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que “no toda la policía se encuentra en los ámbitos, muchos hacen traslados médicos, a salas judiciales, otros están en fortines, la capacidad se reduce”.
Esa funcionaria detalló que el país cuenta con 3.787 integrantes de la Policía Penitenciaria, quienes se dividen en cuatro grupos. En primer lugar, dos escuadras que trabajan turnos de siete días, y cada una de ellas se divide en el grupo de la mañana y el de la noche.
Esa información fue expuesta durante una audiencia a la que esa Comisión convocó a Campos precisamente para conocer la situación actual del sistema penitenciario.
El Ministro además dedicó buena parte de su exposición a las condiciones de vida y trabajo que enfrenta ese personal. “Tengo compañeros que ganan ¢320 mil de salario bruto por mes. No se cómo esas familias viven”, aseveró y mencionó además que el estado de infraestructura para ese personal, como dormitorios o cocinas es calamitoso. “Si yo los invito ahí, no se toman ni el café”, dijo a la Comisión legislativa.
Detalló además que “sólo pude comprar 561 uniformes para 4.500 policías. Tras que ganan mal, no les puedo completar su uniforme mínimo básico”.
Por ello aseveró que “el sistema penitenciario está en crisis”, pero que en este momento analiza cómo “ poder otorgar mejor infraestructura, condiciones, alimentación, espero para el otro año darles mejor salario”.
Acotó al respecto que “el sistema penitenciario tiene un abandono de más de 30 años”.
Estado crítico
Sobre el hacinamiento, Campos ofreció datos según los cuales, en el sistema cerrado, si bien a nivel nacional dijo que la sobrepoblación es del 6%, ofreció ejemplos como el Centro de Atención Integral (CAI) Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela, donde el problema alcanza el 51%, o el CAI Antonio Bastida, de Pérez Zeledón, que alcanza el 41%.
“Hay centros que sí están colapsados en este momento”, apuntó.
El funcionario además expreso que “ojalá dentro del sistema penitenciario pudiésemos administrar al 100%”, pero aseveró que existen “otros actores que coadministran”, como los jueces de ejecución de la pena y la Sala Constitucional, “que a veces nos dan órdenes que uno dice cómo vamos a cumplir , cómo lo vamos a hacer y con qué criterio técnico nos vienen dando estas órdenes”.
Dijo que al respecto se ha implementado equipos de trabajo con jueces de ejecución de la pena por cada circuito judicial.
Cabe recordar que desde marzo de 2001 la Sala IV ordenó eliminar el hacinamiento en el CAI Gerardo Rodríguez.
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88 privados de libertad, que se encuentra en el centro en San Rafael de Alajuela, presentaron un recurso de amparo ante las condiciones en las que se están recluidos.
Un tema que también abordó Campos fue el bloqueo de la señal de teléfonos celulares y se quejó de que “no entendemos como labor de supervisión y control en un aspecto de seguridad en cuanto a la utilización de señal celular de centros penitenciarios, mediante ley se le otorgó a las operadoras”.
Ello por cuanto el Ministerio de Justicia no puede girar órdenes a esas empresas respecto a cómo hacer ese trabajo.
“Dependemos de la buena voluntad de ellos para que esta señal se bloqueé. ¿Cuál es la realidad?, que no hay bloqueo. ¿Por qué digo que no hay? Por la cantidad de estafas que se venían realizando desde los centros penitenciarios. Por más que reuní con ellos, nos reunimos como equipo, estuvo Sutel también, nos decían que estaba funcionando. La respuesta mía fue, si está funcionando, ¿por qué el OIJ recibe todos los días denuncias de estafas?”, relató.
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Banco Nacional, BAC y Banco Popular suman 87% de los millones defraudados en colones. Clientes del Nacional presentaron la mitad de las denuncias.
Dijo que para atender el problema de esas estafas fue con operativos, pues “la única forma para poder contrarrestar es desgastando a la poca policía penitenciaria en trabajos sorpresa” que en seis meses han resultado en el decomiso de más de 1.330 teléfonos celulares, más de 40 kilos de droga (sin especificar qué tipo) y más de cinco mil artículos electrónicos, como cargadores.
Con todo ello “hemos podido bajar la incidencia criminal en más de un 65%, según datos del OIJ”, sin embargo insistió en que “no le puedo dar órdenes a Liberty y a las demás operadoras, pero teníamos una responsabilidad con el país”.
Otro tema abordado por el Ministro fue el del monitoreo electrónico. Dijo que actualmente se paga $13 al día por cada persona privada de libertad monitoreada, lo cual “es muy alto” e implica al año un gasto de ¢4.780 millones.
Informó que ya se trabaja en una segunda licitación, pero mientras tanto hay que tomar del mismo desgastado recurso policial para hacer operativos y determinar si las personas vigiladas se encuentran en la zona en que tienen que estar. Detalló que se ha visitado a 429 personas monitoreadas y no se han encontrado 73.
El funcionario además criticó que el monitoreo se imponga a personas que tiene vínculos con crimen organizado y dijo que debería aplicarse a personas adultas mayores, casos de pensiones alimentarias y delitos menores.
Peso de la regla fiscal
Campos insistió en afirmar que “hay un abandono, tenemos que darle la importancia y la seriedad al sistema penitenciario, porque ahí tenemos la gente más peligrosa del país y hay que darle contención”.
Añadió que “es lamentable que hayan llegado a ese extremo, es lamentable que estén condenados, pero también al sistema penitenciario le toca la parte de reinserción social. Tenemos los programas, pero no cuento con los policías para que los custodien en esos programas, ¿cómo se van a reinsertar?”.
El jerarca expresó que “la única forma” de mejorar toda la situación “es con recurso”.
Detalló que el presupuesto para el sistema penitenciario es de ¢199 mil millones, de los cuales un 66% se destina a remuneraciones 66%, y en gastos operativos un total de ¢46.392 millones.
“No vengo a decirles ‘deme’, vengo a decirles la realidad. Los ¢199 mil millones me van a alcanzar para hacer un trabajo menor que lo que hice en 2022. Así se lo expliqué a la Comisión de Hacendarios”, dijo Campos. Cabe recordar que el Ministerio de Hacienda giró una directriz a todas las instituciones para que el crecimiento presupuestario del año entrante fuera cero, lo cual implica una reducción en términos reales a causa de la inflación.
Campos además y con no poca frustración informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pretende hacer una generosa contribución de 20 millones (no precisó en qué moneda), “que viene para Migración y para nosotros, pero resulta que me lo quieren meter dentro de la regla fiscal con el tope operativo”.
Sentenció así que “la Policía Penitenciaria no puede tener techo fiscal. En tanto tenga techo fiscal, por más que ustedes me den los recursos hoy, no los puedo ejecutar”.
Reiteró entonces que “estamos colapsados”.
Al concluir la intervención del funcionario, la presidenta de la comisión, Gloria Navas de Nueva República, expresó que conoce el sistema penitenciario desde hace años, y que la regla fiscal es “un relajo, una barbaridad y nos estamos hundiendo en nuestra propia legislación”.
