El proyecto de ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), presentado ante la Asamblea Legislativa por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y otros altos cargos del Ejecutivo, podría significar inclusive el cierre de algunas universidades públicas de acuerdo con los intereses de gobiernos de turno, según el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Gutiérrez aseguró que el proyecto de ley tiene fuertes implicaciones sobre la autonomía universitaria, debido a la injerencia que tendrían cuatro ministerios (Educación; Hacienda; Planificación; y Ciencia y Tecnología) sobre la toma de decisiones universitarias, a través de la creación de un “Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal”, que sería integrado por estas cuatro carteras y por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
El rector señaló que, con este proyecto, el Ejecutivo tendría capacidad de incidir en la definición de planes de trabajo, proyectos de investigación, contenidos de los cursos, creación o eliminación de cursos y otras labores propias de las universidades estatales: “Es decir, una total injerencia del Poder Ejecutivo, en la toma de decisión universitaria; (…) sin ningún reparo está violando artículos constitucionales”.
“Son políticos hablando de temas que no manejan bien”, Gustavo Gutiérrez.
El académico indicó que a los rectores les han llegado a comentar que “ya es hora” de que las universidades cierren algunas carreras: “Esperaríamos con este proyecto de ley, que ellos se vayan a meter el día de mañana a decir, «mire, este curso ya no se imparte más o esta carrera ya no se imparte más porque así lo hemos dispuesto». Sin que existan estudios, sin que existan los análisis serios respectivos, para la toma de una decisión de esta naturaleza”.
Gutiérrez advierte que las consecuencias podrían ser fatales: “Esto nos puede llevar a que el día de mañana se tomen decisiones de que hay que cerrar también la UCR, porque es contraria al pensamiento del Gobierno. Ese tipo de implicaciones están aquí intrínsecas con este proyecto de ley”.
Por su parte, el presidente del Conare y rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Rodrigo Arias, también sostuvo que la aprobación de esta iniciativa significaría una clara intromisión del Ejecutivo “en funciones propias de las universidades”, amparadas por la Constitución Política: “Es una injerencia directa en el accionar de las universidades lo cual riñe completamente con los principios constitucionales que nos rigen”.
Arias rechazó la conformación de ese cuerpo coordinador que crea la ley: “Hay un representante de Conare y cuatro ministros. Del todo no podría ser. Nos van a decir que hacemos y que no hacemos y, entonces, dónde queda la autonomía”.
“Imagínese ese consejo definiendo el uso de recursos públicos y calificando que es bueno y que es mal uso de recursos públicos, para decidir en que se pueden dedicar y en que no y aprobando el plan académico de cada universidad, para decir esto se lo financio y esto otro no se lo financio. Ahí es donde se muere la autonomía universitaria, precisamente, en la operacionalización de esos instrumentos que el mismo proyecto de ley prevé para llevarlo adelante con esa intromisión directa en la gestión de las universidades, justificado, desde el punto de vista de este proyecto, en la asignación de los recursos, pero la asignación de los recursos para responder a los intereses de un gobierno de turno en un momento determinado”, recalcó el presidente del Conare.
