El presidente Carlos Alvarado vetó parcialmente la Ley General de Acceso a la información pública y transparencia, aprobada por los exdiputados en su última semana de labores.
“La limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”, afirma el Presidente en un comunicado de prensa enviado esta tarde a medios.
El veto parcial lleva la firma de Alvarado, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
El comunicado afirma que se vetaron los incisos d) y k) del artículo 8 porque “representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Estos son dos de los tres incisos que el Colegio de Periodistas pidió vetar de la Ley, en razón de que obstaculizarían obtener información sobre procesos administrativos y penales perseguidos contra funcionarios públicos.
Nueva Ley de acceso a información impedirá que la prensa confirme si hay investigaciones contra funcionarios públicos
“Podría entrar la vía disciplinaria, si se está investigando a alguien. También la confirmación de la investigación: saber en qué etapa se encuentra, saber por qué la Administración Pública no ha dictado una resolución final. En la vía penal, la confirmación de parte del Ministerio Público de si está en fase de investigación y cuánto se ha avanzado”, explica la asesora del Proledi, Giselle Boza.
Otros incisos de la Ley que fueron vetados son los incisos b), e), f), g), h) e i) del artículo 8, por “razones de oportunidad y conveniencia”.
Estos incisos tienen “una loable intención de regular adecuadamente el acceso a la información pública”, pero “podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica”, dice el comunicado sobre el contenido del veto.
Declaraciones incluidas en el comunicado de prensa, afirman el aval de los ministros Dinarte y Castro a la decisión del mandatario Alvarado, tomada durante sus últimos dos días en el cargo.
Dinarte afirma que “estamos plenamente comprometidos con garantizar el acceso a la información a la ciudadanía, pero también comprendemos que este acceso a la información debe enmarcarse no solo en los principios de constitucionalidad que nos rigen, sino también de los compromisos que hemos asumido con las convenciones internacionales. Invitamos a la Asamblea Legislativa para que en el menor tiempo posible pueda conocer este veto y así subsanar la norma y darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a información de la gestión pública y de los asuntos de interés del país”.
Por su parte, Castro indica que “ante las preocupaciones de distintos sectores como medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y expertos en derecho por los errores contenidos en el texto aprobado por la anterior Asamblea Legislativa y la eventual afectación que podrían causar a las libertades de expresión e información, el Gobierno de manera expedita dio prioridad al estudio del decreto legislativo y a la emisión del veto parcial, con el propósito de que se puedan enmendar esos errores y contar lo más pronto posible con una legislación en la materia que a la vez sea compatible con el ejercicio más amplio posible de esas libertades”.
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