La superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, aportará nuevos datos a la Comisión de Hacendarios sobre un informe que analiza el primer año de aplicación de la conocida Ley de Usura (Ley 9859), desde junio del 2020 hasta junio del 2021. Sugef deberá detallar el comportamiento por mes de aplicación, en lugar de presentarlo anualizado.
Así lo pidieron las diputadas Laura Guido del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Yorleny León de Liberación Nacional (PLN).
León presionó a Aguilar argumentando que “Cuando uno lee el informe, es muy desde la perspectiva del operador financiero, los bancos y no los usuarios”. León se quejó de que las conclusiones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) responsabilizan a la aplicación de la Ley de Usura de efectos que corresponden a la pandemia por COVID-19.
Diputados recibirán a Sugef para ver primer informe de tasa de usura emitido en julio del 2021
Atraso se debe a que se recibió informe en correo electrónico equivocado, afirma presidenta de Comisión de Hacendarios. Economistas critican que análisis revisa peor año de la pandemia sin hablar de operaciones en cobro judicial.
“Endosarle ese peso tan fuerte que tiene el informe al tema de la Ley de Usura, y viendo como se ha comportado el sistema financiero en otros países, parece que ahí no está el acento. Puede ser la combinación de muchos elementos, pero no necesariamente es el elemento que obliga a personas a salir del sistema financiero”, afirmó León.
Aguilar presentó datos que detallan que 273 mil operaciones fueron “excluidas” de las operaciones del sistema financiero. Esta caída ocurrió principalmente en bancos privados, según dijo.
Al mismo tiempo, hubo un beneficio para 1,2 millones de créditos.
“Se evidencia un cambio hacia la baja (en las tasas de interés), esto beneficia 1,2 millones operaciones (…) Los potenciales beneficios se opacan por el impacto adverso de exclusión financiera”, aseguró Aguilar.
La superintendente de Sugef aseguró, en reiteradas ocasiones, que no se conoce el perfil de las 273 mil operaciones que dejaron el sistema financiero regulado.
“Se podrían hacer estudios y encuestas. Básicamente, lo que presumimos es que son las personas de menores de ingresos”, afirmó Aguilar.
La oficialista Laura Guido pidió a la superintendente considerar “la calidad de crédito que queremos incentivar”.
“La principal caída de operaciones bancarias (según Sugef) es en tarjetas de crédito. Durante la discusión del proyecto de ley, no había distinción en tasa de crédito entre buenos pagadores y los de mayor riesgo, sino que nos tiraban el 55% sin diferenciar en tarjetas de de crédito”, afirmó Guido.
“Es importante determinar que no debería ser una aspiración país que todo el mundo tenga una tarjeta de crédito para darnos por satisfechos de que hay un acceso al crédito”, afirmó también.
Guido pidió a Rocío Aguilar que la población que salió del sistema financiero reciba “condiciones que no sean ruinosas y no usureras”. La diputada del PAC aseguró que deben crearse “estrategias desde SUGEF y Asamblea Legislativa, para que la calidad al acceso crédito no pase por meter 250 mil personas que no tienen capacidad de pago y les vamos a cobrar 55% de interés”.
Aguilar presentó la idea de que el país debe crear una Central Crediticia “donde aparezcan oferentes de crédito no regulad y regulado”, así como la calificación de crédito de todas las personas del país. Solicitó concentrarse en temas estructurales como el peaje bancario (un aporte de 10% de las cuentas corrientes de bancos privados que se invierten en el Fondo de Crédito para el Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo); considerar las cargas parafiscales de las entidades de crédito y también poner atención en la “concentración de depósitos de colones en banca pública” porque “induce a la dolarización del sector privado”.
“Tasas más o tasas menos, está muy vinculado con mejorar competencia de sistema financiero y no se mejora únicamente diciendo que no puede prestar por encima de tal tasa. Ahí es donde me refiero a temas de caracter estructural”, explicó posteriormente.
La diputada Yorleny León rebatió el tema de competencia, no obstante.
“Me da mucho temor cuando queremos dejarle este tipo de actividades al mercado cuando ese mercado es muy concentrado en operadores y entre todos generan un músculo demasiado fuerte y una relación muy vertical en el proceso de las decisiones que se toman en todo el sistema (…) La experiencia en este país es que la competencia no ha sido una razón suficiente, en algunos casos, para bajar los precios”, aseguró León.
“Aún cuando hay un mercado de tarjetas, esa no fue una razón suficiente para que operadores dijeran que iban a bajar las comisiones porque con lo que estamos ganando era suficiente”, detalló.
La diputada liberacionista mencionó el caso de los precios de medicamentos y también el caso de las comisiones de datáfonos que, ahora, están siendo contrariadas por la Asociación Bancaria Costarricense.
