La reciente desaparición de la casa de Amando Céspedes en Heredia y la destrucción de las Casas de Núñez, en las cercanías de la Asamblea Legislativa, son muestras de lo que ha venido sufriendo el patrimonio en los últimos 15 años, con una ley insuficiente y un Estado que se ampara en sus limitaciones, mientras observa cómo casas, edificios y expresiones de valor histórico y patrimonial desaparecen a plena luz del día.
Entre quienes se preocupan por el tema parece haber unanimidad en que ya es necesario una nueva ley que venga a suplir la 7555 de octubre de 1995, toda vez que esta ya está agotada y ya no cumple con las exigencias actuales, en las que el crecimiento urbanístico pide paso sin contemplar si para ello se tiene que derribar un inmueble representativo para el país.
“La nueva ley debe ajustarse a la realidad de nuestro país y debe ayudar a alinear los necesarios planes reguladores en materia de patrimonio, y ha de corregir errores que se han venido arrastrando a través de los años, y que han generado grandes pérdidas en el patrimonio, que hoy son irrecuperables”, Max Espinoza.
Ante la agonía que vive el patrimonio, UNIVERSIDAD consultó a activistas, a la presidenta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, Costa Rica), Marcela Arguedas; a Max Espinoza, quien junto con un grupo de ciudadanos redactó un nuevo proyecto de ley; a Sandra Quirós, exdirectora del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), y se incluye la versión de esta entidad, a raíz de los más recientes acontecimientos en torno a la desaparición de elementos con algún valor patrimonial e histórico.
La ley 7555 de Patrimonio Nacional fue aprobada en octubre de 1995, pero desde un principio perdió fuerza al no concretarse todos los incentivos que debían fortalecer a los propietarios de los inmuebles.
EN DEUDA
Arguedas explicó a UNIVERSIDAD que Costa Rica tiene una deuda con la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico, y que es urgente buscar soluciones.
“El país tiene una deuda con el patrimonio y la deuda aumenta día a día. El deterioro y la demolición de este patrimonio es una noticia cotidiana y apegada en la mayoría de los casos a la Ley 7555”, dijo.
En criterio de Arguedas, los hechos son demoledores, por lo que ya la realidad demanda un cambio en la ley.
“Los hechos hablan por sí solos. La ley 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica y su reglamento deben ser modificados integralmente. Una detenida lectura de la ley muestra que requiere un mayor desarrollo de algunos de sus capítulos. El enfoque que tiene la ley debe ser replanteado con base en un equilibrio entre la significación patrimonial y la naturaleza del bien. Si bien, contamos con una descripción patrimonial en la ley, el enfoque de cómo se mantiene no existe”, puntualizó.
Arguedas recalcó que “el patrimonio no es un cuadro que colgamos en la pared y que de vez en cuando admiramos. Debemos mantenerlo y como este aspecto no se desarrolla, pero sí se penaliza, el tener un bien patrimonial se transforma en la mayoría de los casos en un castigo, en una carga económica e inmobiliaria difícil de sostener”, sostuvo.
El Icomos, que tiene participación en la Comisión de Patrimonio creada por la Ley 7555, ha sido uno de los entes más críticos y atentos a lo que sucede con el patrimonio. Así por ejemplo, participó activamente de los cuestionamientos que surgieron en su oportunidad en relación con la remodelación del Gran Hotel Costa Rica y respecto de los cambios que se iban a aplicar en el Cine Variedades, hoy en desuso y propiedad del Ministerio de Cultura.
Sobre el concepto de patrimonio que se maneja entre la población costarricense, Arguedas también hizo su análisis.
“La Ley se quedó a medio camino. Si repasamos nuevamente la lectura de la ley, detectaremos también que da por asentado que nacemos con el concepto aprendido y esto definitivamente no es cierto, la parte educativa se debe desarrollar, y, al respecto, la ley es omisa en todos sus extremos”.
En relación con la responsabilidad de los órganos encargados de darle validez a la ley, Arguedas fue directa en su apreciación: “En cuanto a la aplicación de esta ley y su reglamento, se observa una deficiente gestión de los entes que están involucrados y que se origina en una normativa incompleta y en aspectos operativos que urgen ser intervenidos para una mayor eficiencia. El tiempo pasa y el patrimonio desaparece. Veamos, por ejemplo, el Dictamen C-O23-2021 del 1° de febrero del 2021 y con recomendación de subsanación por parte de la Comisión de Patrimonio Histórico Nacional del 23 de abril del 2021, que trata del impedimento de ingreso a bienes posibles de ser declarados patrimonio, lo cual aún no ha sido resuelto por la Ministra de Cultura”.
Sobre este particular, la Presidenta de Icomos agregó: “Si bien se debe consultar al Centro de Patrimonio la cantidad de casos que por impedimento de ingreso no se pueden declarar patrimonio, el caso más reciente son las casas de Cuesta de Núñez.
Es urgente que un equipo multidisciplinario replantee la ley y el reglamento. Icomos dio a la Asamblea Legislativa dicha recomendación”.
PARÉNTESIS OBLIGADO
En la Ley 7555 no existe, en efecto, la posibilidad de obligar a un propietario de un inmueble que se evalúa para ser declarado patrimonio a que tenga que recibir a los personeros del Centro de Patrimonio.
Cuando ello sucede y las puertas literalmente se cierran, las autoridades de patrimonio quedan sujetas a la voluntad del dueño del inmueble en cuestión. Eso ocurrió con las casas de Cuesta de Núñez. Sobre el particular, en medio de la polémica por la demolición de las dos edificaciones de estilo victoriano, el CICPC aclaró en su oportunidad en un comunicado: “Luego de varios intentos, los técnicos del Centro de Patrimonio (un historiador y una arquitecta) encargados de su estudio, solo pudieron ingresar a algunos locales gracias a la colaboración de los inquilinos, pero sin la autorización de los dueños, no se pudo ingresar a las restantes edificaciones. Se solicitó infructuosamente y en varias ocasiones la autorización de los propietarios para ingresar a los inmuebles y verificar el estado de todo su interior, pues la ley 7555 requiere de un informe completo y detallado en el que se analizan una serie de valores para que se pueda presentar ante la Comisión Nacional de Patrimonio, órgano interinstitucional que decide si se continúa con el proceso de declaratoria o se desestima”.
El Centro de Patrimonio se declaró incompetente, por las limitaciones de la Ley 7555, de ir más allá en el caso citado y en similares que habrá que consultar como propone Arguedas.
En el comunicado referido, el CICPC detalló que “ante la imposibilidad de ingresar a todas las edificaciones que componen ese conjunto arquitectónico, y con base en el criterio de la Procuraduría General de la República C-023-2021, emitido en febrero 2021, por consulta del Ministerio de Cultura y Juventud, la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico-Arquitectónico desestimó ambas declaratorias, debido a que la Procuraduría señaló en dicho criterio lo siguiente: “Concretamente, en cuanto a la consulta planteada, en el sentido de que el propietario de un inmueble no permita el ingreso de los funcionarios del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, para proceder con la elaboración del estudio, reitera lo ya expuesto y establecido en el artículo 45 de la Constitución Política, al considerar que: “la propiedad privada es inviolable, teniendo como punto de partida, que si sobre la propiedad que se pretende realizar la inspección (para efectuar el Estudio Técnico), no ha recaído el régimen de protección (temporal o definitivo) de la ley No. 7555, es legalmente imposible coaccionar a los particulares para que permitan el ingreso de terceros a su propiedad”.
CIUDADANOS TOMAN LA PALABRA
Preocupados por el rumbo que ha seguido el manejo del patrimonio histórico y arquitectónico en el país, un grupo de ciudadanos encabezados por Max Espinoza, Nancy Reyes, Adrián Vindas (arquitecto) y Vanessa González prepararon un nuevo proyecto de ley que en un futuro cercano pretenden enviar y gestionar ante la Asamblea Legislativa.
El objetivo de esta iniciativa es modernizar la forma en que se asume el patrimonio nacional, antes de que la ola de demoliciones y de contradicciones acabe con lo poco que queda en el país.
La rectoría del patrimonio, de acuerdo con esta propuesta, ya no recaería en el Ministerio de Cultura, sino que iría directamente al Centro de Patrimonio, y la Comisión de Patrimonio Nacional se ampliaría con representantes de una Organización no Gubernamental, de las Universidades y de los municipios.
Se busca en la iniciativa, que los integrantes de la Comisión de Patrimonio asuman sus responsabilidades, pues de lo contrario podrían verse afectados por sanciones.
Esta nueva ley buscará que el Centro de Patrimonio opere de manera distinta a como lo hace hoy. Plantea, por ejemplo: “Una nueva normativa, funciones de ente asesor y fiscalizador, creación de un expediente digital de atención, perfil profesional de los funcionarios del CICPC, nueva estructura organizacional, traslado del patrimonio inmaterial a un departamento independiente”.
Respecto de la propuesta, Espinoza manifestó que la ley vigente carece de incentivos y que ese es un punto a retomar en el nuevo texto.
“La actual ley 7555 perdió muchos de los incentivos económicos dedicados a los dueños de bienes patrimoniales, producto de la creación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria en el año 2001. La 7555 es una ley que no ha sido renovada desde el año 1995 y hoy cuenta con muchas falencias y ambigüedades que han permitido que el país sucumba ante la desordenada presión urbanística en nuestras ciudades”.
En este punto, Espinoza reconoce que lo que procede es una nueva ley y no modificar la actual. “Incorporarle muchas mejoras no asegurará su consistencia legal, por eso es necesario crear un nuevo marco que agregue cambios más profundos a la legislación, incorpore una mayor participación de otras organizaciones afines, y fortalezca y especialice al CICPC, dotándolo de nuevas facultades y responsabilidades en temas de asesoría, protección, conservación y restauración de la arquitectura histórica patrimonial”.
El nuevo texto debe atender la realidad costarricense del presente, algo que la ley actual no logra: “La nueva ley debe ajustarse a la realidad de nuestro país y debe ayudar a alinear los necesarios planes reguladores en materia de patrimonio, y ha de corregir errores que se han venido arrastrando a través de los años, y que han generado grandes pérdidas en el patrimonio, que hoy son irrecuperables”, dijo Espinoza.
CAMINO DE ESPINAS
La premisa de la nueva ley o en su defecto realizar modificaciones no es nueva y se viene anunciando desde hace una década. En el 2012 un grupo de legisladores, entre los que se encontraban Juan Carlos Mendoza, José Roberto Rodríguez, Gloria Bejarano, Martín Monestel y José Joaquín Porras, presentaron un proyecto que pretendía incluir varias modificaciones a la Ley 7555.
El expediente número 18.415, denominado “Reforma Parcial de la ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico”, pasó por varias fases en el plenario legislativo.
Los congresistas pretendían que la empresa privada pudiera descontar del impuesto sobre la renta las donaciones que hicieran en este campo. En un apartado similar a una ley creada exclusivamente para los bienes patrimoniales de la Iglesia Católica en Costa Rica y que impulsara en su momento el Presidente Rafael Ángel Calderón Fournier.
Los diputados, además, buscaban subsanar algo que estaba en el proyecto original de la 7555, y que consistía en que hubiese un crédito asequible, en la banca estatal, para los dueños de propiedades declaradas de valor patrimonial.
La idea de crear un fideicomiso por parte del Ministerio de Cultura para que apoyara el ámbito de patrimonio histórico y arquitectónico, se quedó, por su parte, en solo una aspiración.
El golpe a la reforma de la ley 7555 se lo dio la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, después de consultar a diferentes entes como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), versión Costa Rica, al Instituto Costarricense de Turismo, al Ministerio de Hacienda y a la Defensoría de los Habitantes, dado que determinó que el proyecto era inviable.
Uno de los puntos que no logró soslayar la Comisión Especial fue qué ente debería manejar el fideicomiso que planteaba crear el proyecto de ley.
Por otro lado, en las gestiones de los ministros de Cultura, Manuel Obregón y Silvie Durán, se habló de la necesidad de una nueva ley, pero hasta ahora no se ha materializado en ninguna iniciativa.
VOLUNTAD POLÍTICA
Para la exdirectora del Centro de Patrimonio Sandra Quirós, la Ley 7555 en su momento cumplió con objetivos importantes; no obstante, ya requiere ser sustituida con el fin de que se resguarden una serie de bienes que corren peligro de desaparecer.
En la perspectiva de Quirós, queda claro que hasta ahora ha faltado una gran voluntad por parte de la clase política costarricense para hacer del tema del patrimonio un asunto central de la cultura nacional.
No solo se refiere a la necesidad de cuidar los bienes de carácter histórico y arquitectónico, sino que considera que es imprescindible contar con políticas que pretendan una educación del ciudadano común en cuanto a patrimonio se refiere.
Valoró que mientras no exista esa voluntad, no se irá a ningún lado. De hecho, Quirós recordó que ella estuvo involucrada y haciendo gestiones con diputados para que hubiese sensibilidad en relación con un nuevo texto legislativo para el patrimonio nacional.
“Antes de que me sacaran de Patrimonio estuve trabajando en la Ley 7555 e hicimos un nuevo proyecto. Se efectuó un buen trabajo con los diputados y se dejó un texto listo que quedó en la Asamblea Legislativa, pero luego nadie, ni los ministros de Cultura, ni por parte del Centro de Patrimonio se hizo el lobby para encontrar apoyo político y aprobar de forma definitiva la nueva ley”.
La claridad de que el patrimonio necesita de nuevas herramientas es sabido en los distintos estratos gubernamentales. En una entrevista realizada con la Ministra de Cultura por parte de este redactor en 2017, al consultarle sobre el patrimonio, respondió: “Hoy vemos cómo prácticamente todas nuestras edificaciones históricas tienen carencias estructurales. Tenemos, por ejemplo, sistemas eléctricos o de aguas obsoletos en iglesias, espacios públicos, establecimientos educativos y muchas de las 386 edificaciones declaradas”, dijo.
De la fecha citada a 2021, la situación no ha mejorado sino que tiende a empeorar. El patrimonio costarricense clama por una nueva ley, mientras silenciosamente surge una noticia aquí y otra allá, de que un nuevo inmueble con valor histórico o arquitectónico fue derribado, como ocurrió recientemente con las Casas de Núñez y la del pionero de la radio Amando Céspedes.
Una nueva ley atada a la voluntad y la clase política, se vislumbra como la solución: mientras tanto, el patrimonio pende de un hilo y abajo lo que le espera es el abismo.
