La pandemia por el COVID-19 agravó la crisis por hacinamiento en el sistema penitenciario y lo llevó al colapso: las celdas están saturadas, las audiencias están siendo suspendidas y las cárceles se declaran incapaces de recibir más privados de libertar.
Mientras tanto el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Paz se señalan el uno al otro como responsables de atender la situación. “Estamos en un punto muerto” afirmó la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, afirmó en varios medios de comunicación la disponibilidad de 300 espacios para recibir privados de libertad en al Centro de Atención Integral de San José pero una orden de cierre les impide utilizarlos.
Gerardo Rubén, Magistrado Coordinador de la Comisión Corte-OIJ, no negó la situación de los cierres pero aclaró que el problema no es nuevo y que no es responsabilidad del Poder Judicial encontrar soluciones a un problema sistemático.
“Dicen en la prensa que pueden recibir 300 privados de libertad pero no les dicen que el centro tiene una orden de cierre desde el 2018 porque el mecanismo prevención de la tortura lo declaró inhabitable” dijo Rubén, quien aseguró que utilizar los espacios sería violatorio de los derechos humanos.
250 personas esperan ser ingresadas a centros penales
El hacinamiento carcelario se agravó en las últimas décadas por el cierre técnico de centros penales. Actualmente solo uno de los 20 centros no tiene medidas correctivas y varios tienen órdenes de cierre definitivo lo que impide que ingresen más detenidos.
Además, ahora las cárceles tienen que seguir protocolos de aislamiento pero las autoridades rechazan los traslados de detenidos porque no alcanzan los espacios y como consecuencia en las celdas del OIJ se acumulan las personas: hasta un 200% mas de su capacidad en sótanos sin luz natural, ventilación o atención médica por, en ocasiones, hasta 49 días.
“Hemos alcanzado el mayor número de personas con una orden de prisión en celdas sin ser recibidas por el sistema penitenciario: más de 250 personas en celdas judiciales en esas condiciones. Eso significa un colapso del sistema de justicia penal” apuntó Rubén.
El hacinamiento en las celdas, espacios en los que por ley no se puede pasar más de 3 días, ha provocado brotes de contagio entre funcionarios y detenidos. “Algunas personas con COVID-19 han pasado toda su enfermedad en una celda” contó Solano.
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“Hay alguien que está fallando y no es el Poder Judicial” agregó Espinoza, quien señaló como responsable a la “indolencia del Ministerio de Justicia”.
Las tensiones entre los poderes se da en medio un aumento de los índices de violencia del país, alrededor de 100 personas son detenidas cada día. Los operativos policiales continúan pero la presencia de la policial disminuyó y pronto podrían verse incapaces de recibir a los detenidos, anunció Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial.
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Audiencias virtuales topan con pared
La falta de espacio en las celdas del OIJ impide el traslado de privados de libertad convocados a audiencia presencial y estas terminan suspendidas.
La Sala aprobó como medida extraordinaria y temporal llevar a cabo audiencias de forma virtual pero también toparon con pared. El primer inconveniente fue la falta de equipo y presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, el cual se solventó por parte del Poder Judicial, pero los espacios disponibles en instalaciones del sistema penitenciario no daban abasto.
“Son 25 tribunales todos los días, audiencias corridas mañana y tarde. Además, los juzgados penales y la administración penitenciaria no pudo corresponder toda esa actividad” apuntó Patricia Solano, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo estar preocupado por la situación presupuestaria del Ministerio de Justicia y Paz. La falta de infraestructura se podría agravar en el futuro porque las personas detenidas aumentan pero la inversión estará restringida por la regla fiscal.
El Poder Ejecutivo espera descongestionar el sistema penitenciario con la apertura del Centro de Atención Integral Terrazas a finales de noviembre. Este centro contará con 80 edificaciones y podrá recibir a más de 1200 personas detenidas.
La infraestructura estaba en desuso por falta de presupuesto pero la asamblea aprobó los recursos necesarios en agosto de este año.
