La mala gestión y atención de casos, así como la incorrecta aplicación de protocolos sanitarios en la sección de cárceles del Primer Circuito Judicial de San José provocó un brote de COVID-19 que ha afectado ya al menos a 34 personas funcionarias y 23 detenidas, denunció la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
De acuerdo un correo de Armando Castillo, Sub Secretario General del OIJ, citado por el sindicato, esas celdas tuvieron que cerrarse pues hay «34 personas incapacitadas y aisladas, lo que representa un 43% del total del equipo de trabajo destacado para esas funciones, quienes al sumarse al personal administrativo supera el 50% de quienes lamentablemente no pueden ofrecer sus servicios en los horarios de turno durante las 24 horas del día, y considerando de manera adicional que, tenemos por confirmado un total de 23 personas detenidas en el aérea de celdas de dicha sección con el virus SARS-COV2, es entonces que se vuelve materialmente imposible mantener la operatividad de la sección”.
Así, el jerarca ordenó la suspensión temporal pero indefinida, del ingreso de personas detenidas a estas celdas.
José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ dijo a UNIVERSIDAD que esto no es ninguna sorpresa y que era mera cuestión de tiempo para que se generara un brote, pues en la entidad no se respetan los aforos, ni las medidas sanitarias. Según dijo, estas celdas tienen un aforo máximo de 70 detenidos, pero usualmente hay al menos 90 en cada una
“Siempre se pasan con el aforo de los detenidos. La cantidad de infecciones es bastante y no se toman medidas preventivas. Existe hacinamiento, los espacios sin ventilación, el equipo de protección y limpieza es insuficiente. Es imposible mantener metro ochenta de distanciamiento establecido por las autoridades sanitarias en la labor del custodio de cárceles. La cantidad de infecciones se ha tratado con un secretismo impresionante”, manifestó .
Además, dijo, cuando se presenta un caso positivo, sea en el personal de custodia o entre personas detenidas, se toman las medidas pero solamente con el caso positivo y no con quienes tuvo contacto, por lo que «el virus se extiende sin control en algunos momentos». También detalló que se realizan pruebas solamente cuando hay síntomas, independientemente de si esa misma persona tuvo contacto con otras y que las desinfecciones de las instalaciones se hacen días después de que se detectan los casos.
El pasado martes Flavio Quesada, Secretario General del OIJ emitió declaraciones en las que explicó que al momento habían 29 personas funcionarias positivas y en aislamiento, además de 11 casos en personas detenidas, por lo que se solicitó la intervención del Ministerio de Salud para testear a todos los funcionarios y detenidos, pero que no han recibido respuesta.
En consecuencia, dijo, se tomó la decisión de suspender todas actividades que no tengan un plazo perentorio inmediato (es decir el plazo máximo establecido legalmente para la realización de un acto jurídico) y que no se estaban recibiendo detenidos en el Primer Circuito, si no sólo en el Segundo.
Asimismo, agregó, las personas que deben comparecer no llegarían a las celdas, sino que se moverían directo de los centros penales a las salas de juicio y de regreso, para minimizar el riesgo de exposición al virus.
Quesada explicó que en días pasados se solicitó a Salud aplicar pruebas a todas las personas en las celdas, pero que «por las disposiciones a nivel nacional ese testeo no se puede hacer». En consecuencia, dijo, realizaron una solicitud de reconsideración con el apoyo de la Defensa Pública, que además interpuso un recurso ante la Sala Constitucional, pidiendo que para el diseño de protocolos sanitarios, se considere la diferencia de las características y condiciones tanto de la población detenida como de las y los custodios a cargo.
José Poveda indicó que aunque respaldan la medida, consideran insuficiente «porque lo hacen hasta después de todos los errores que cometieron». «Lo que queremos es que cumplan su responsabilidad todos los días, nosotros estamos expuestos 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año con contacto cercano en celdas en sótanos, sin ventilación, ni luz natural, con humedad fuerte y en espacios cerrados, donde la gente permanece a veces por semanas porque Justicia y Paz no los recibe porque no tiene cómo aislarlos, como si aquí existieran las condiciones», dijo.
«La institución parece pensar que las y los custodios somos inmunes, igual que nuestras familias y no es así, somos personas e incluso muchos tenemos factores de riesgo y tememos por nuestras vidas», dijo el oficial e insistió en que es necesario que las autoridades apliquen rigurosamente las medidas sanitarias, incluyendo las de trazabilidad y aislamientos, que hasta ahora «se han aplicado mal para evitar una reducción de personal».
