Por media Avenida Segunda y siguiendo una ruta hacia Casa Presidencial, una caravana compuesta por personas caminando, en bicicleta, en moto, en vehículos particulares, en busetas y en camiones, realizó una manifestación para pedir al Poder Ejecutivo y Legislativo que empiece a gravar a los grandes capitales y aplique medidas contundentes contra la evasión, la elusión y las exoneraciones fiscales.
La llamada “Marcha regionalizada vehicular”, por la “defensa de los derechos del pueblo costarricense” convocó a trabajadores sobre todo del sector público, que hicieron un llamado a las personas trabajadoras del sector privado, para que se sumen a la protesta.
Gilberto Cascante, de la Asociación Nacional de Educadores (Ande), dijo que la caravana era solo el inicio de una serie de protestas y movimientos “porque el pueblo de Costa Rica no está dispuesto a seguir aceptando que usen esta pandemia como un mecanismo de defensa, ocultándose de lo que le están robando a la clase trabajadora”.
Susan Quirós, de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), recalcó: “Estamos diciéndole al gobierno de Carlos Alvarado, al PLN, al PUSC, que el pueblo no está de acuerdo en que nos den martillo mientras bailan con los grandes empresarios. Ya es hora de que los ricos de este país aporten algo, ya es hora de que el gobierno tome medidas contundentes contra la evasión, elusión y exoneración fiscal”.
Quienes participaron en la caravana usaron caretas y portaron banderas de Costa Rica y mantas de los sindicatos. También carteles que decían “alto a la tiranía político empresarial”, mientras por el megáfono decían “seguimos protestando, medidas respetando”. Esta es la primera gran manifestación que se realiza desde que empezó la emergencia por el COVID-19, en marzo. En Casa Presidencial se unieron trabajadores de bares y discotecas y en Limón también hubo otra caravana.
Luis Chavarría, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (Undeca), señaló que el movimiento sindical resolvió que ya había que “venir a las calles a reclamar, a parar toda esa política del gobierno y los diputados de impulsar proyectos que afecten solo a la clase trabajadora y al pueblo costarricense”.
“Ya sabemos que hay cerca de 1 millón de personas desempleadas, hay peluquerías, gimnasios, pequeñas empresas de personas que no tienen cómo vivir y el gobierno se la pasa solo presentando proyectos para afectar al empleado público y del sector privado. La orientación es que los sectores populares se organicen para venir a enfrentar esta pandemia política en la calle y no dejarnos que vengan a favorecer solo al sector empresarial”, enfatizó Chavarría.
Zaray Esquivel Molina, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) afirmó que la medida de presión es para “mostrarle al pueblo de Costa Rica y al gobierno que estamos organizados; este pueblo no está dormido. No se están tomando las medidas correctas para cubrir, respaldar a las clases vulnerables de este país; no puede ser que todo recaiga sobre el sector público”.
En un pronunciamiento, el movimiento sindical y social exige que dejen de cesar los contratos laborales de las personas trabajadoras del sector público y privado; cero impuestos a la canasta básica; que el ahorro del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) se entregue de manera completa a quienes se pensionen; que el Gobierno elimine la pretensión de ponerle un impuesto al salario escolar; que se cobre un impuesto al patrimonio de los bancos y las grandes empresas; y que se desista de querer aprobar la Ley de Empleo Público, entre otras cosas.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) defendió la protesta que es para decirle al presidente Carlos Alvarado que deje de afectar a la clase trabajadora, “que deje de ponerle impuestos al salario, que deje de ponerle impuestos a la canasta básica, que deje de seguir queriendo ponerle impuesto al salario escolar”. Este país es un país que ha venido desarrollándose gracias a la clase trabajadora del sector público y privado y no hay ni un solo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que le ponga un impuesto al gran capital”.
Trino Barrantes, secretario general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) también insistió en que se sumen los trabajadores del sector privado. “Nos están arrebatando las grandes conquistas laborales; este Gobierno y esta Asamblea Legislativa se han empeñado en descargar todos los efectos de la crisis en la clase trabajadora costarricense”.
