Tres cooperativas limonenses pagan un esquema de salarios ilegal a estibadores que trabajan para la terminal de contenedores APM en Moín. Estos pagos contradicen los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El MTSS establece que, en el caso de estibadores de contenedores, su pago debe ser de ¢384,77 por cada movimiento de contenedores en el puerto. Hasta el 13 de diciembre, APM contabilizaba un millón de contenedores movilizados.
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Firmados entre el 2018 y el 2019, los contratos con las cooperativas asignan un pago por hora de sus trabajadores, con tres jornadas diferenciadas (normal, extraordinario y feriados).
“No hay duda de que las cooperativas han sido utilizadas por APM para entrar en el juego de presionarlos para que le den trabajo a sus asociados, haciéndolos cómplices de la reducción de sus salarios. El hecho de que las cooperativas sean los empleadores directos de ninguna manera exime a APM de desconocer a la ley”, aseguró el diputado David Gourzong, quien planteó la denuncia ante el Ministerio de Trabajo desde febrero.
Para corroborar la denuncia del legislador, UNIVERSIDAD obtuvo los esquemas salariales de dos de los contratos. Estos esquemas describen el trabajo de operadores de grúas, en tanto los estibadores utilizan el equipo de APM.
La información de salarios fue solicitada a las cooperativas, a APM Terminals y al Ministerio de Trabajo por vías formales, pero esta, entre otros datos, fue denegada a UNIVERSIDAD.
Cooperativas y contratos confirman cobros por hora
En entrevista, la abogada de la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores de Servicios (Coopeunitrap), Anita McDonald, confirmó que “el servicio sí es por horas”.
Esta cooperativa firmó con APM en abril del 2018 el contrato original. McDonald relató que existe una “cláusula de privacidad”.
“Por eso el hermetismo”, afirmó McDonald.
Los contratos también fueron solicitados por el Ministerio de Trabajo para un “ciclo inspectivo” que comenzó en abril y no tiene aún hallazgos, de acuerdo con el viceministro Ricardo Marín.
Mientras el Ejecutivo arma el caso, el viceministro confía en una “mesa de diálogo” para que las partes resuelvan por voluntad propia.
“Nosotros desconocemos cuál es el alcance del proceso que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Tenemos audiencia en próximas semanas, donde el Ministerio va a hablar con la partes”, explicó la abogada McDonald.
A la empresa concesionaria se le enviaron cinco preguntas sobre la contradicción entre los salarios mínimos de ley y los contratos, la participación de la empresa privada en la investigación de Trabajo, la cantidad de movimientos realizados en los primeros meses del 2019 y el 2020, y sobre la cantidad estibadores que se contrataron para dichas fechas.
Por último, UNIVERSIDAD consultó cuántos millones de colones sufragó APM en el 2019 por razón de los contratos.
El gerente de Comunicaciones de APM, Freddy Serrano, envió una única declaración.
“APM Terminals reitera que es respetuosa de los procesos de inspección que realiza el Ministerio de Trabajo y se encuentra colaborando en todo lo requerido por el Estado ante las inquietudes de un diputado. En vista de que en la actualidad dicho Ministerio se encuentra realizando una investigación acerca de la forma en que las cooperativas le pagan a sus asociados y por respeto a este proceso, no podemos referirnos al tema públicamente, pues nos parece inadecuado e inoportuno”, dice la respuesta corporativa.
UNIVERSIDAD habló con el gerente administrativo de la Cooperativa de Multiservicios Logísticos Marítimos y Portuarios (Coopeserpoli), Dan McDonald, quien aseguró que APM “puso una tarifa única para todo el mundo, para todas las cooperativas”.
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Trabajador asegura que pasó de ganar medio millón con Japdeva a ¢120.000 mensuales con APM
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El funcionario confirmó que existe afectación económica para los estibadores.
“Sí, pero ellos sabían que iban a pagar esos salarios cuando firmaron con nosotros. Ellos están actualmente viviendo con ese salario. Si mejora, mejor. Pero ellos están de acuerdo”, afirmó McDonald.
La Cooperativa Autogestionada de Trabajadores Automotrices (Coopetrauto) accedió originalmente a dar una declaración. Al cierre de edición, su departamento legal envió una negativa.
“Estamos a la espera de una audiencia con el MTSS. Por recomendación legal, no vamos a emitir ningún criterio por el momento”, dice.
Solamente Coopeunitrap consignó cuántos afectados están trabajando para ellos.
“En este momento, el único ingreso que tienen más de 180 estibadores es APM Terminals”, informó la abogada Anita McDonald.
Estibas hablan de malos salarios por trabajo riesgoso
El Ministerio de Trabajo negó información a este semanario sobre cuántos son los afectados por estos contratos.
Para este reportaje, el viceministerio solicitó que la información se pidiera directamente a las cooperativas y APM Terminals.
Desde las cooperativas, con protección de su identidad, dos estibadores hablaron de sus peripecias económicas.
“Luis” (nombre ficticio) pasó de ganar ¢500.000, cuando el servicio lo supervisaba la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a ¢120.000 por mes con APM.
Con este monto debe pagar su casa, servicios básicos, deudas con almacenes de electrodomésticos y tres pensiones alimenticias.
“Yo le aseguro que si Limón tuviera otras fuentes de empleo, ellos (APM) no tuvieran personal. Pero se está ahí realmente por necesidad. El sueldo que se gana ahí es de hambre porque las condiciones a nivel salarial son diferentes”, aseguró.
En el puerto de Japdeva, los barcos pagaban servicios por atracar y desatracar. Ahora, en APM, Luis realiza esta función aunque no se le paga por hacerla; la hace porque de lo contrario la empresa “prescindiría de los servicios de uno”.
“Nos obligan a trincar (sujetar el contenedor) cuando las tapas (donde van los contenedores) están abiertas. Cuando nosotros recibimos la inducción nos dijeron que no se podía trincar así. Eso lo hacemos pese a que nuestra vida corre peligro”, explica Luis.
Los estibadores afirman que, por un turno de ocho horas, reciben apenas ¢16.000 con los contratos de APM. Hay casos de “desahucios” porque no tienen suficiente para pagar por sus alquileres.
“Antes, con Japdeva, un trabajador llegaba al muelle, hacía 100 movimientos y se ganaba ¢35.000. Antes se podían ganar hasta ¢100.000 por dos o tres turnos”, relató “Juan” (nombre ficticio).
“A usted le cierran todas las puertas y solo hay una oferta. Se tiene que hacer lo que sea para sobrevivir”, explicó el estibador.
Esta dependencia económica con APM fue confirmada tanto por los funcionarios de Coopeserpoli como Coopeunitrap.
Ministerio de Trabajo aún no resuelve la forma de abordar el caso de los contratos. Según dijo el viceministro Ricardo Marín, están a la espera de terminar un “ciclo inspectivo”.
Abogados dicen que APM es responsable
UNIVERSIDAD consultó con dos abogados sobre el caso, sin revelar el nombre de la empresa privada ni las tres cooperativas.
“Me parece que hay un uso que podría ser fraudulento de la cooperativa para violar la ley laboral. En ese caso, usted puede hacer intervenir a la inspección de Trabajo porque es un fraude a la ley, el uso de la cooperativa para quebrantar las leyes sociales y desproteger a los trabajadores”, consideró el laboralista Edgar Alfaro.
“Como cooperativa, usted no me puede pagar menos del salario mínimo de ley. Que usted como cooperativa negoció mal, no es mi problema como trabajador”, aclaró el abogado y exdiputado Belisario Solano.
