Unos ¢120.000 millones por año quedarían disponibles para activar la economía interna si se recortaran diez puntos a la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito, advierte un estudio de dos economistas que apoyan el proyecto de límite a las tasas de usura que se discute en la Asamblea Legislativa.
Ese monto surge de la diferencia entre la tasa promedio ponderada actual (40,7%) y una tasa cercana a 32,5% que ellos proponen, con base en una metodología que ellos proponen a los diputados que discuten el expediente 20.861.
Ese recorte dejaría en más de los deudores un disponible de ¢10.000 millones que podrían utilizar en el mercado local, ávido de liquidez, concluyen los economistas José Antonio Blanco Olivares y Daniel Vertanian Alarcón, directores de la Fundación Iustitia y colaboradores en la redacción del reglamento vigente de tarjetas de crédito.
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Ellos respaldan el proyecto de ley tramitado en este año y medio en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, pues consideran que ha habido una indolencia histórica sobre los actores financieros, pero difieren de la manera como se calculó.
“Hubo una pequeña debilidad en el planteo. Carecía de sustento técnico y quisimos darle más solidez científica, con mayor sostenibilidad en el tiempo, para que ese límite funcione independientemente del contexto económico”, explicó Vertanian, economista jubilado del MEIC.
Esta fórmula se basa en el promedio de tasas de interés de préstamos para consumo, más un margen correspondiente al riesgo propio del negocio de las tarjetas de crédito. El resultado final se aplicaría para todos los créditos formales, partiendo de que otros tipos de préstamos tienen tasas siempre inferiores a las de consumo.
Con reducir diez puntos el promedio de las tasas de tarjetas de crédito se podría bajar el monto que se paga por saldos pendientes y quedaría, en promedio, ¢5.000 más para cada tarjetahabiente. Esto correspondería a ¢60.000 por año por cada persona, según las cuentas de ellos; basados en que el deudor promedio con tarjeta tiene un pendiente de ¢700.000.
“Es cierto que hay un margen de acción de los usuarios para usar las tarjetas de crédito, pero también algo que esta mal en el sistema. Los bancos hablan de la necesaria ‘educación financiera’, pero no dicen que son ellos los que nos han maleducado repartiendo tarjetas como si fueran confeti”, dijo Blanco.
Los economistas advierten que los créditos son productos financieros complejos que requieren reglas como las que se aplican en la mayoría de economías consolidadas. Además, aceptan que hay costos de operación, pero sostienen que no deberían ser tan altos.
“Claro, esto puede explicar por qué hay un ahogo económico de los hogares si en este país la inflación se mantiene baja y estable. El factor del sobreendeudamiento y del peso de las deudas es muy relevante, en buena medida por la tasa de interés y no solo por el tamaño del préstamo”, agregó Blanco.
Esto mantiene frenada la economía nacional por la contención del consumo, advierte, por lo cual el costo de los altos intereses los están pagando no solo los deudores, sino también los productores y el comercio en general.
Vartanian y Blanco se han reunido con diputados miembros de la Comisión de Hacendarios para impulsar un método más científico de fijar la tasa límite, pero también para que se regule mejor los cobros administrativos por atrasos en los pagos.
“Hemos sido indolentes por mucho tiempo con el negocio de los préstamos de consumo, pero la economía nacional llegó a un punto de presión y si no se hace algo puede agravarse”, advirtió Vartanian.
