Los proponentes argumentan que las tasas de interés que pagan las familias en Costa Rica están por encima de la media internacional, que el delito de usura existe solo en el papel y que hay miles de familias ahogadas por las deudas, con salarios embargados y sin posibilidad de acceder a nuevos créditos por tener manchado el expediente.
Los opositores responden que cuidado, que poner límites reales a las tasas de interés hará que las familias deban restringir su consumo o acudir a los prestamistas informales. Le llaman “exclusión financiera” y es también la frase que utilizan los bancos privados para pedir que les permitan seguir cobrando tasas de interés de hasta 60%.
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El objeto del debate es un proyecto de ley (expediente 20.861) que cumple un año y medio en la corriente legislativa. Es más que un sencillo proyecto de ley; es, en el fondo, el debate entre los amplios márgenes de quienes tienen poder para fijar las condiciones de los préstamos contra las necesidades de las personas para financiarse en un sistema que, además, induce a consumir más y más.
El proyecto lo analiza aún la comisión de Asuntos Hacendarios, impulsado por una curioso trío de diputados muy distintos entre sí: el oficialista Wélmer Ramos, el liberacionista conservador David Gourzong y el rostro de Frente Amplio, José María Villalta. Además, tiene el apoyo de legisladores de otros partidos y del Gobierno, aunque no del Banco Central, a juzgar por las advertencias de su presidente, Rodrigo Cubero.
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“el tope generará una significativa reducción en las ventas del comercio por la reducción del acceso al crédito de los consumidores, profundizándose así el problema de reactivación económica que enfrenta el país”.
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Del otro lado se oponen Otto Roberto Vargas (Partido Republicano Socialcristiano) y Carlos Avendaño (Restauración Nacional), aunque en días recientes se ha sumado la voz de su excompañero de bancada Jonathan Prendas.
Ellos advierten que no se oponen del todo a poner una tasa máxima, sino a la posibilidad de que este límite sea tan bajo que provoque “exclusión financiera”, tal como argumenta también la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), que agrupa a 14 bancos privados y públicos y que sobre este tema mantiene contactos con diputados en días recientes.
Aunque el texto no había sido dictaminado al cierre de esta edición, las últimas mociones aprobadas proponen fijar en 33% la tasa anual en colones y 15% en dólares, muy por debajo de lo que cobran bancos por sus tarjetas de crédito, almacenes que venden electrodomésticos financiados o casas comerciales que dan créditos fáciles.
En el mercado abundan opciones de crédito que superan el 50% de interés, pues la ley no establece ninguna cifra a partir de la cual puede considerarse que hay una usura, a pesar de que este concepto aparece como delito en el Código Penal.
Estas tasas superan también a la mayoría de las que se cobran en otros países, donde rigen límites que impiden que se supere el 30% anual, incluso en países con economías desarrolladas y de libre competencia, responde Wélmer Ramos, ministro de Economía entre los años 2014 y 2017.
Fue parte de lo que dijo Ramos a Avendaño al salir de una de las últimas sesiones de la Comisión de Hacendarios. Ese jueves, aún acabado el debate formal, ambos diputados seguían en el pasillo una discusión que se resume fácil, entre “exclusión financiera” y “esclavitud financiera”.
Este último concepto es el que señala el oficialista por miles de casos de deudores que trabajan para pagar sus préstamos, por culpa de los altos intereses, dice.
¿Exclusión?
La exclusión a la que se aferran quienes objetan el proyecto alude a la supuesta imposibilidad que tendrían las personas de menos recursos para acceder a bienes de consumo, en caso de que los prestamistas se vean obligados a bajar las tasas.
Lo decía con varios ejemplos Otto Roberto Vargas en esa misma sesión de la Comisión de Hacendarios. Habló del muchacho que quiere comprar su computadora para estudiar, de otro que compró una moto para repartir documentos y comida, y de las mujeres que tienen que lavar en los ríos por falta de una lavadora.
María Vita Monge, diputada socialcristiana que también integra esa comisión, contestó a Vargas desde la posición favorable al proyecto. “Me llama la atención que estén tan preocupados por las personas que lavan la ropa en ríos, pero no por esa señora que podrá comprar la lavadora pagando precios de usura hasta que se la retire porque ya no pueda pagar más”.
Lo mismo está pasando con teléfonos celulares y otros aparatos, agregó en ese momento la diputada. “Yo prefiero que a mi hijo le nieguen la venta financiada de una computadora a que en ocho años le digan que ya tiene manchado el expediente crediticio”, agregó.
Ramos fue más allá y recordó los casi 800.000 expedientes activos por cobros en el Poder Judicial, en su gran mayoría personas que no pudieron seguir pagando sus préstamos rápidos, sus tarjetas de crédito o los artículos en almacenes, tres de los sectores donde la tasa de interés suele superar el 50%.
“Esas personas sí que quedan excluidas del sistema financiero, con el expediente manchado para futuros créditos, con el salario embargado o bienes perdidos. Es más, ellos y otras personas que les han servido de fiadores”, explicaba exaltado Ramos en esa discusión, antes de asegurar que se vive una “epidemia nacional” por el sobreendeudamiento.
Este semanario intentó pedir la opinión de Grupo Monge, conglomerado de empresas alrededor de la venta de electrodomésticos y artículos para el hogar, incluida una sociedad dedicada a financiar sus propios productos, GMG Servicios Costa Rica (segunda en número de clientes demandados por cobro judicial, con 86.000 expedientes). Sin embargo, no ha sido posible hasta ahora.
La primera casilla en cobros judiciales la ocupa la empresa de créditos rápidos Instacredit (91.600 casos) y la tercera, el Grupo Financiero BAC Credomatic, pues entre dos de sus empresas suman 81.000 expedientes de cobro judicial.
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“No podemos excluir al que quiere comprar una bicicleta o una moto. Lo que no queremos es causar una exclusión financiera que más bien afecte a la economía”.
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Atentos
Grupo Monge es una empresa que agrupa más de 400 tiendas en Centroamérica y Perú bajo la marca Importadora Monge, El Verdugo, El Gallo más Gallo y Play. Se considera un modelo de expansión y crecimiento por el aumento de operaciones en los últimos 15 años. Su presidente, Carlos Federico Monge, aparece como uno de los principales donadores de la campaña del candidato Fabricio Alvarado en la segunda ronda del 2018, bajo la agrupación Restauración Nacional controlada por Avendaño.
BAC es uno de los principales bancos del país, de capital extranjero y fuerte penetración en banca de consumo y tarjetas de crédito, que creció en 2018 ¢69.5 mil millones, casi lo mismo que ingresaron los tres bancos públicos. BAC fue el de más utilidades generó antes de impuestos, con $91 millones, según cifras publicadas en La República por el economista Gerardo Corrales, exgerente de esa entidad.
BAC es uno de los 14 miembros de la ABC, que sí hizo publicó un pronunciamiento breve y contundente la semana pasada: “el tope establecido (33% en colones) provocará la exclusión de cerca de una tercera parte de las personas con tarjeta de crédito, quienes deberán recurrir al crédito informal; lo cual implica un retroceso en el proceso de bancarización”.
“Además, el tope generará una significativa reducción en las ventas del comercio por la reducción del acceso al crédito de los consumidores, profundizándose así el problema de reactivación económica que enfrenta el país. Adicionalmente, es necesario resaltar que el tope establecido carece de sustento técnico”, se lee en el pronunciamiento.
Semejantes son los argumentos que da el diputado Avendaño para cuestionar el proyecto de ley. Cuando se le consultó por quiénes le han asesorado en este tema, el legislador reconoció que solo se ha reunido con sectores que se oponen al expediente, en concreto representantes de la ABC.
“No podemos excluir al que quiere comprar una bicicleta o una moto”, defiende Carlos Avendaño, que insiste en que evitar que las personas busquen financiamiento en la informalidad, asumiendo como inevitable el consumo de esos bienes.
Las tasas en discusión se aplican en su mayoría a consumo, pues los créditos para compra de vivienda, lotes o incluso vehículos suelen quedar por debajo de los límites planteados en este proyecto. Lo mismo ocurre con créditos para producción.
¿BCCR vs. Gobierno?
Aunque el proyecto recibe el apoyo del Gobierno y aparece dentro de los expedientes que impulsará este durante las sesiones extraordinarias de diciembre, en sentido contrario va el criterio del presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
Desde julio, consultado por este semanario, Cubero lanzó sus cartas en la misma línea que defienden ahora Avendaño, Vargas, Prendas y la ABC. “Imponer tasas tope es una estrategia que corre el riesgo de generar exclusión. Si se ponen tasas muy bajas, eso hará que mucha gente sea expulsada y se financien en mecanismos informales a tasas a mayores y con métodos de cobro no convencionales. Resulta más costoso. Lo que hemos dicho es que la decisión debe ser con tasas relativamente altas, de hasta 63%”.
A Ramos esto le resulta inaceptable. “¿Qué nos está diciendo? ¿Qué más bien hay que subir las tasas? Cuesta mucho entender esto que dice el presidente del Central”, respondió el diputado oficialista a este periódico.
El oficialista repite que en Costa Rica se incumple el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice así: “tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.
De ahí se aferra al concepto de “esclavitud financiera”, a la que se someten muchas personas que por ignorancia o por necesidad toman créditos en condiciones que no están sujetas a negociación, sino que se basan en contratos confeccionados por los prestamistas, con condiciones que no todos los deudores leen o comprenden.
Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), reconoció en Telenoticias que hay tasas de interés “elevadísimas” y que estas pueden estar pesando sobre numerosos costarricenses sobreendeudados. Sin embargo, opinó que el principal problema no son las tasas, sino el volumen de los créditos que se están otorgando, por encima de las capacidades reales de los clientes.
La encuesta de ingresos y gastos de los hogares, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestra que el 60% de los hogares posee al menos una deuda, aunque la cifra sube a 74% en la porción de familias de más ingresos (si se dividiera el total de hogares entre cinco y se compararan esos quintiles). Del total, uno de cada diez hogares tiene saldos pendientes de tarjetas de créditos y tres de cada diez, préstamos con empresas comerciales.
Estos datos, sin embargo, hablan de la deuda, pero no la presión que generan sobre las familias. Una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) proyecta que el 40% de la población queda con “poco” o “muy poco” cada mes después de pagar las cuotas de sus préstamos.
Al considerar las tarjetas de crédito, en el país hay en total 2.009.613 en cuentas activas, muchas de las cuales cobran una tasa superior al 45% anual, dijo Villalta en la comisión mirando a su compañero Prendas. “Es demasiado”, exclamó.
Antes, Prendas y Villalta habían tenido un intercambio porque el legislador Prendas (del partido Nueva República fundado por Fabricio Alvarado al separarse de Restauración Nacional) insistía en que las tasas altas de algunos créditos servían para que otros compradores pagaran bienes o servicios en cuotas sin interés, bajo el sistema “tasa cero”.
Un estudio prevé impacto positivo en la economía
Unos ¢120.000 millones por año quedarían disponibles para activar la economía interna si se recortaran diez puntos a la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito, advierte un estudio de dos economistas que apoyan el proyecto de límite a las tasas de usura que se discute en la Asamblea Legislativa.
Ese monto surge de la diferencia entre la tasa promedio ponderada actual (40,7%) y una tasa cercana a 32,5% que ellos proponen, con base en una metodología que podrían incluir los diputados que discuten el expediente 20.861.
Ese recorte dejaría en más de los deudores un disponible de ¢10.000 millones que podrían utilizar en el mercado local, ávido de liquidez, concluyen los economistas José Antonio Blanco Olivares y Daniel Vertanian Alarcón, directores de la Fundación Iustitia y colaboradores en la redacción del reglamento vigente de tarjetas de crédito.
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Ellos respaldan el proyecto de ley tramitado en este año y medio en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, pues consideran que ha habido una indolencia histórica sobre los actores financieros, pero difieren de la manera como se calculó.
“Hubo una pequeña debilidad en el planteo. Carecía de sustento técnico y quisimos darle más solidez científica, con mayor sostenibilidad en el tiempo, para que ese límite funcione independientemente del contexto económico”, explicó Vertanian, economista jubilado del MEIC.
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“Los bancos hablan de la necesaria ‘educación financiera’, pero no dicen que son ellos los que nos han maleducado repartiendo tarjetas como si fueran confeti”.
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Esta fórmula se basa en el promedio de tasas de interés de préstamos para consumo, más un margen correspondiente al riesgo propio del negocio de las tarjetas de crédito. El resultado final se aplicaría para todos los créditos formales, partiendo de que otros tipos de préstamos tienen tasas siempre inferiores a las de consumo.
Con reducir diez puntos el promedio de las tasas de tarjetas de crédito se podría bajar el monto que se paga por saldos pendientes y quedaría, en promedio, ¢5.000 más para cada tarjetahabiente. Esto correspondería a ¢60.000 por año por cada persona, según las cuentas de ellos; basados en que el deudor promedio con tarjeta tiene un pendiente de ¢700.000.
“Es cierto que hay un margen de acción de los usuarios para usar las tarjetas de crédito, pero también algo que estça mal en el sistema. Los bancos hablan de la necesaria ‘educación financiera’, pero no dicen que son ellos los que nos han maleducado repartiendo tarjetas como si fueran confeti”, dijo Blanco.
Los economistas advierten que los créditos son productos financieros complejos que requieren reglas como las que se aplican en la mayoría de economías consolidadas. Además, aceptan que hay costos de operación, pero sostienen que no deberían ser tan altos.
“Claro, esto puede explicar por qué hay un ahogo económico de los hogares si en este país la inflación se mantiene baja y estable. El factor del sobreendeudamiento y del peso de las deudas es muy relevante, en buena medida por la tasa de interés y no solo por el tamaño del préstamo”, agregó Blanco.
Esto mantiene frenada la economía nacional por la contención del consumo, advierte, por lo cual el costo de los altos intereses los están pagando no solo los deudores, sino también los productores y el comercio en general.
Vartanian y Blanco se han reunido con diputados miembros de la Comisión de Hacendarios para impulsar un método más científico de fijar la tasa límite, pero también para que se regule mejor los cobros administrativos por atrasos en los pagos.
“Hemos sido indolentes por mucho tiempo con el negocio de los préstamos de consumo, pero la economía nacional llegó a un punto de presión y si no se hace algo puede agravarse”, advirtió Vartanian.
