Mientras la atención internacional se centra en los incendios forestales en la amazonía brasileña, una tragedia similar ocurre en los bosques secos del este de Bolivia.
En el último mes han ardido más de 950.000 hectáreas de bosque seco y cultivos, según datos del Gobierno boliviano; un área que equivale casi a una quinta parte del territorio de Costa Rica.
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El área quemada es, en su mayoría, el importante bosque Chiquitano, un ecosistema que se extiende en las llanuras del este de Bolivia y, hasta ahora, el bosque seco tropical más grande del mundo.
Este es el hogar de pueblos originarios y también de especies icónicas de fauna, como jaguares, armadillos gigantes y dantas. Algunas especies que aparecen en este bosque no se encuentran en otras partes del mundo.
“El bosque seco chiquitano es único en el mundo, restablecer un bosque de ese tipo lleva más de 200 años. Hay especies únicas de árboles y de fauna, también una condición especial de tipo de suelo y características ecológicas”, dijo a una radio boliviana el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz (Cinacruz), Juvenal Bonilla.
A pesar de las alertas locales de comunidades, científicos y grupos ambientalistas, el presidente Evo Morales se negó por semanas a pedir o aceptar ayuda internacional para lidiar con los incendios, ubicados cerca de su frontera con Brasil y Paraguay, y atribuyó los incendios masivos a pequeños productores.
“Es importante el control del chaqueo [desmonte] correspondiente, pero también quiero que sepan: las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir? Ese es el pequeño productor”, afirmó Morales el 19 de agosto.
Fue hasta el 25 de agosto cuando Morales aceptó apoyo internacional, al tiempo en que canceló su campaña electoral para reelegirse para un cuarto mandato.
Jugadas políticas
Los incendios ocurren un mes después de que el gobierno de Morales permitiera el “desmonte” y la “quema controlada” de bosques para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
El 9 de julio, Morales firmó el decreto supremo 3973 que amplió las facultades de un decreto de 2001.
El nuevo decreto permite estas actividades en las dos regiones más grandes de Bolivia, Santa Cruz y Bení, en el este del país, y en el departamento de Pando, en la zona amazónica del norte boliviano. Además, su gobierno impulsó una ley en 2016 que permite hacer “desmonte” en terrenos de hasta 20 hectáreas, cuando antes el límite era de cinco.
El lunes 26 de agosto, más de 80 instituciones del país, entre organizaciones de sociedad civil, académicas y religiosas, le pidieron al Gobierno derogar estas normas y declarar una declaratoria de emergencia nacional en estas tierras.
“El mismo hecho de autorizar la quema controlada es una vulneración de los derechos de la Madre Tierra y de la ciudadanía en general, puesto que afecta al ecosistema y al medio ambiente en el que todos nos desarrollamos”, señaló en un comunicado Unitas, una red de organizaciones no gubernamentales.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, refutó la versión diciendo que el decreto solo amplía las facultades de una norma previa. “Este decreto, promulgado el 2001, en su artículo cinco autoriza los desmontes en Santa Cruz”, señaló en rueda de prensa.
Impactos del fuego
Los incendios han provocado el desplazamiento de miles de personas y la suspensión de clases en las zonas afectadas, donde el Gobierno ha tenido que enviar agua y alimentos.
En Roboré, al este del país, las autoridades cancelaron las clases por la mala calidad del aire y 57 centros educativos cerraron sus puertas el 20 de agosto, luego de que estudiantes reportaran irritación en sus ojos. Al menos 54.000 estudiantes perdieron clases.
Aparte del casi millón de hectáreas consumidas por los incendios, la mayoría de bosque seco, una agrupación de biólogos en La Paz estimó que el fuego consumió unos 40.000 árboles de maderas preciosas.
El Colegio de Biólogos de La Paz alertó sobre especies de madera preciosa como roble, cedro, soto, tarara y yesquero y cuya pérdidas, según el biólogo Alfredo Fuentes, “asciende a $1.100 millones por el tema de este recurso maderable”.
