“Los acaparadores de tierras entran y deforestan, matan a los animales del bosque y amenazan la vida de los Uru-eu-wau-wau. Llevamos mucho tiempo informando sobre la posibilidad de un conflicto que podría causar muertes”.
Así hicieron constar personas de esa etnia amazónica -en una denuncia formal- las vejaciones que padecen a manos de quienes entran a su territorio, como parte de la campaña de tala y quema del bosque que ha conducido a la actual catástrofe ambiental en la Amazonía, según informó el diario local Epoca.
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A las acciones denunciadas se suman la voracidad del fuego provocado en el bosque y el daño que el humo produce en la comunidad, ubicada en el Estado de Rondonia y que desde finales del año pasado ha tratado de resistir a los acaparadores de tierras en el área que se superpone al Parque Nacional Pacaás Novos.
El de esta comunidad es solo un ejemplo del aumento acelerado de la usurpación de tierras indígenas, de la tala y quema de árboles en la selva del Amazonas. Este proceso guarda estrecha relación con las actitudes y políticas puestas en marcha por el actual presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, desde que era candidato.
Agroindustria y minería
En campaña, Bolsonaro proclamó “ni un milímetro más de tierras indígenas”, pues dijo que se convertirían en “países independientes”. Además, planteó la revisión e incluso revocatoria de 129 territorios ya aprobados.
Apenas un día después de asumir el gobierno, publicó una medida de reestructuración del Gobierno que retiró la demarcación de las tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio (Funai), y trasladó esa competencia al Ministerio de Agricultura, jefeado por Tereza Cristina, reconocida aliada de la gran industria agrícola.
Cristina ha autorizado el uso de más de un centenar de agroquímicos y se muestra a favor de que tierras indígenas sean alquiladas a la agroindustria, con el fin de introducir monocultivos a gran escala, incluso de variedades transgénicas.
La iniciativa de Bolsonaro no prosperó en estrados judiciales. Sin embargo, insistió y emitió otra orden en el sentido de que el mismo Ministerio de Agricultura estuviese a cargo de la “reforma agraria, la regularización de tierras de áreas rurales, la Amazonía Legal, las tierras indígenas y las tierras quilombolas”; es decir, las comunidades formadas por personas que escaparon de la esclavitud. Este nuevo intento por aumentar los poderes del Ministerio de Agricultura fue suspendido por un juez.
El presidente brasileño publicó en abril un mensaje en Facebook, en el cual abogó por impulsar la minería en tierras de comunidades originarias, donde “hay millones o billones de dólares” bajo tierra.
“Una tragedia”
Esos embates provocaron que pocos días después un número particularmente elevado de personas participara en la reunión anual de las comunidades indígenas en Brasilia, conocida como Campamento Tierra Libre.
Según informó la ONG internacional ambientalista Mongabay, a través de su sitio de noticias para América Latina, más de cuatro mil quinientas personas asistieron al evento realizado entre el 24 y el 26 de abril.
“El gobierno de Bolsonaro es una tragedia”, dijo a ese medio Sônia Guajajara, líder de la organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
“Lo que está en conflicto es la tierra”, declaró al tiempo que subrayó que “las grandes corporaciones son los jefes, a quienes no les interesa la vida de la gente. Lo que importa para el sector económico es el producto interno bruto, la bolsa de valores; no importa cuánta gente está siendo exterminada”.
“Tan solo queremos el derecho de continuar lo que somos; continuar con nuestra diversidad preservada. No queremos la sociedad que Bolsonaro nos quiere implantar”, dijo Guajajara.
Aumento de la conflictividad
Indígenas y organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado insistentemente un aumento importante de los conflictos por invasiones de tierras en los últimos meses.
A finales de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la muerte de un líder de la etnia Waiapi, en el norte de Brasil.
La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que la política impuesta por el gobierno brasileño de abrir más zonas de la Amazonía a la explotación minera “crea riesgos de inducir a incidentes violentos, intimidaciones y asesinatos como el que sufrió el pueblo Waiapi”.
Todo este marco de institucionalidad adversa, usurpación de tierras y destrucción de recursos naturales ha motivado numerosas manifestaciones y movilizaciones de las comunidades indígenas.
El pasado 13 de agosto unas tres mil mujeres de diferentes pueblos originarios marcharon en Brasilia para exigir respeto a sus derechos y a sus comunidades. En esa ocasión, Edilena Krikati, del territorio Krikati y quien forma parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coaib), declaró a la cadena Al Jazeera que “pensábamos que Brasil sabía reunir esta pluralidad étnica, esta diversidad cultural, pero realmente es una gran mentira, no existe la democracia racial en Brasil”.
En ese sentido, denunció que “los no indígenas que ya habían salido de nuestra tierra empezaron a regresar, tenemos muchos conflictos, muchos problemas por eso. Porque en un lugar que usábamos para cazar o pescar, ya no podemos entrar”.
La reconocida líder Alessandra Munduruku declaró al mismo medio que “de repente aparece un tipo que está contra los pueblos indígenas, en contra de la Amazonía, en contra del río”, refiriéndose a Bolsonaro. Joenia Wapichana, primera diputada federal indígena de Brasil, fustigó al mandatario porque “compara a los indígenas con animales y los territorios indígenas con zoológicos. Asimismo, considera a las mujeres en general como ciudadanas inferiores”.
Quemas tensan la diplomacia
- Crisis ambiental fue protagonista en cumbre del G7, donde la ayuda propuesta a Brasil fue rechazada y luego condicionada por Jair Bolsonaro.
AFP
Durante el fin de semana, las principales potencias del mundo se reunieron en la cumbre del llamado Grupo de los 7 (G7), en Francia, donde el tema de la catástrofe ecológica en Brasil fue protagonista.
Esa cumbre acordó aportar $20 millones para enviar aviones cisterna a sofocar el fuego y que el bloque respalde un plan de reforestación a medio plazo, que presentará en la ONU en setiembre.
En los próximos días, Israel también enviará cien toneladas de “material antiincendios” para evitar la expansión de los incendios, dijo a la AFP la portavoz de la embajada israelí en Brasil.
Sin embargo, el Gobierno brasileño rechazó la ayuda del G7 para combatir los incendios en la selva amazónica y aseguró a través del ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, que la situación “está bajo control”.
Lo que siguió fue una rápida escalada diplomática entre el presidente Jair Bolsonaro y su par francés Emmanuel Macron. El ultraderechista acusó al gobernante francés de “disfrazar sus intenciones sobre la Amazonía detrás de la idea de una ‘alianza’ de los países del G7 para ‘salvar’ la Amazonía, como si fuésemos una colonia o una tierra de nadie”.
El tono de la disputa descendió a niveles trumpianos cuando Bolsonaro se hizo eco de comentarios ofensivos que circularon en redes sociales sobre la esposa de Macron.
Sin embargo, este martes el brasileño dijo que estaría dispuesto a discutir la ayuda ofrecida por el G7 si Macron “retira los insultos”.
“Primero me llamó mentiroso y después, por informaciones que tuve, [dijo] que nuestra soberanía en la Amazonía es una cuestión abierta”, afirmó Bolsonaro a periodistas que lo interrogaban sobre el anuncio de su principal ministro de rehusar la ayuda del G7.
Poco después, el Gobierno brasileño dijo estar anuente a recibir la ayuda, siempre y cuando controle los recursos.
