El panorama de qué hacer con los bienes inmuebles que son patrimonio histórico o arquitectónico ha caminado por la calle de la amargura, porque no se tiene una visión completa de su estado, se cuenta con una ley considerada obsoleta y ni siquiera hay políticas educativas que destaquen el valor de la conservación.
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) desconoce cuál es el estado actual de al menos la cuarta parte de los bienes que fueron declarados patrimonio histórico o arquitectónico.
Ante unas consultas realizadas por escrito al director Diego Meléndez por medio de la oficina de prensa de esa entidad, se aseguró que “Con base en los edificios monitoreados hasta ahora, podemos hablar de alrededor de un 70 o 75 por ciento de los inmuebles declarados, y la meta es que el año entrante, con nuevos recursos, podamos tener idea del estado del 25% o 30% restante”.
De acuerdo con la respuesta que da el Centro de Patrimonio, que se puede atribuir a Meléndez, existen 387 bienes declarados patrimonio, entre edificaciones, puentes, caminos, etc. No obstante, si se toma este punto como referencia, el lector podría ser inducido a error en cuanto al número de bienes existentes.
En la lista a la que hace referencia el Centro de Patrimonio, se incluye, por ejemplo, “el templo católico Corazón de María” en Palmichal de Acosta, el cual se quemó hace más de 20 años.
De igual manera, la iglesia San Rafael Arcángel de Copey de Dota se quemó el 6 de agosto de 2017 y por el grado de afectación resulta imposible su reconstrucción. Viejos problemas con el sistema eléctrico fueron la causa que se argumentó en aquella oportunidad como la razón principal del siniestro.
En la lista también se incluye el Black Star Line, de Limón, el cual fue reducido a cenizas el 29 de abril de 2016. Aunque existe interés en construir la edificación y preservar lo que en esa ocasión se salvó de las llamas. Lo cierto es que al día de hoy es solo un proyecto, que de parte del Ministerio de Cultura cuenta con la actual asignación de ¢150 millones.
EL MONITOREO
Aunque el principal responsable del puente, el camino, el edificio, la iglesia, la casa, en fin, del bien inmueble que se haya declarado de interés histórico o arquitectónico, es el dueño, al Centro de Patrimonio le corresponde la tarea de la supervisión.
Pese a ello, este es uno de los aspectos más controversiales de la gestión del Centro de Patrimonio, dado que el director argumenta que existen recursos limitados para tal tarea.
Se da el caso de que muchas veces el Estado, por medio del CICPC, invierte en el rescate de un determinado inmueble pero no se le da el seguimiento respectivo de cómo se utiliza y cómo se cuida, por lo que a la vuelta de los años, cuando se vuelve a monitorear, la inversión que requiere es cuantiosa.
Eso hace incluso que en ocasiones, cuando el propio centro invierte en mejoras en determinada edificación, no tenga la capacidad logística para darle un adecuado seguimiento a la forma en que cuidan dicho inmueble.
En otros casos, las comunidades son las que de forma propia hacen esfuerzos por darle a las edificaciones un mejoramiento. Sucedió, por ejemplo, con la iglesia de El Rosario de Desamparados, donde la comunidad presionó al Centro para obtener recursos y luego buscó por su cuenta dinero para completar detalles como los de pintura.
Por lo anterior, los monitoreos terminan por ser un punto clave del hacer del Centro de Patrimonio, pero este es el real panorama que prevalece.
“Los monitoreos se hacen constantemente, ya que se procura coordinarlos con las giras de los arquitectos del Centro de Patrimonio Cultural, por un asunto de eficiencia en el uso de los recursos públicos y porque en este momento solo contamos con cuatro profesionales para esta y otras tareas como: investigaciones para declaratorias, elaboración de planos y licitaciones de los proyectos del CICPC, realizar inspecciones de obras, asesorías, atender las denuncias, inventarios y la coordinación general”. La anterior es la respuesta de Meléndez, quien llegó hace un año a ocupar la dirección.
Según se desprende de lo afirmado, la política de monitoreos del Centro depende de las giras que para ese y otros efectos realicen los cuatro funcionarios, que para tal efecto laboran en esa institución.
“Por ejemplo, debido a la austeridad de recursos para realizar las giras a cualquier punto del país donde hay una edificación declarada, a que son 387 edificios, al poco personal y tiempo que se le puede dedicar a esta tarea, recientemente se inspeccionó la Estación del Ferrocarril en Caldera, Puntarenas y el Puente Real en Liberia, en una misma gira”, apuntó el CICPC.
La Estación del Ferrocarril de Caldera, construida entre 1936 y 1940 en el gobierno de León Cortés Castro, recibió su declaratoria en 1995 y luego fue reconstruida; pero posteriormente fue saqueada y hoy es un bien que requiere una nueva inversión, dado que en la actualidad se encuentra abandonada.
Cualquiera puede entrar hoy a la edificación y si hubiera algo que llevarse lo podría hacer, porque no existe vigilancia de ningún tipo, además del detalle de que lo que podían llevarse ya desapareció de la edificación, de la que solo queda la estructura principal.
EN EL LIMBO
Con el fin de conocer cómo está la situación de las declaratorias de bienes inmuebles cuyos procesos por diferentes razones se interrumpieron, se le consultó al CICPC sobre este tema en particular.
De acuerdo con el Centro, “desde agosto de 2011 hemos hecho un gran esfuerzo por ir avanzando y solucionando los estudios de declaratorias no completados. En casos en los que fue necesario, hicimos actualizaciones para poder presentarlos ante la Comisión de Nacional de Patrimonio”.
Agregó que, “por otro lado, es importante aclarar que hay procesos de declaratoria en los que no se puede avanzar, pues el proceso obliga a contactar al propietario registral del inmueble y existen casos en que no hay claridad registral, por lo que se hace imposible hacer los contactos y continuar con la declaratoria”.
En julio de 2018, UNIVERSIDAD publicó un reportaje en el que se detallaba cómo estaba el panorama en cuanto a la “lista de espera” de las declaratorias.
En total, existían 136 procesos no concluidos. De ese total 43 estaban en un determinado proceso, pero las 93 restantes ni siquiera habían recibido un profesional responsable de darle seguimiento.
Sobre algunos inmuebles sobre los que existía interés en su conservación ya han pasado entre 15 y 20 años, sin que el Centro de Patrimonio haya tenido la capacidad logística para atender el caso.
Lo anterior ha llevado al fenómeno de que edificaciones, tanto en lista como fuera de ella, y que pueden tener un valor histórico o arquitectónico, hayan desaparecido.
Al respecto la ley 7555, de 1995, muestra muchas debilidades, dado que las sanciones por la desaparición de un inmueble con las características descritas es menor, lo que lleva a los propietarios o interesados a darle un nuevo uso al terreno o a la edificación y a asumir “los riesgos” de botar o destruir el inmueble.
Un caso emblemático que ilustra lo anterior fue lo ocurrido con la Casona de San Lorenzo de Flores, que fue construida en 1844 y que perteneció a Julio Sánchez, la cual era considerada por el propio Centro de Patrimonio como la casa de adobe más valiosa del país. Después de una declaratoria patrimonial en 2009 y una posterior apelación de sus dueños registrales, un día apareció demolida, y así Costa Rica vio la pérdida de uno de sus bienes histórico-culturales más significativos.
CALLE DE LA AMARGURA
Con el número oficial de 387 bienes inmuebles a los que debe darle seguimiento el CICPC y con los recursos limitados que aduce tener, el tema de la gestión de la conservación ha sido más que controversial en los últimos años.
En la anterior gestión, a cargo del arquitecto William Monge, se desataron varias polémicas como la del Gran Hotel Costa Rica, para quienes las modificaciones que al final recibió iban más allá de lo que estipula la ley 7555 y dejaron un inmueble realmente cambiado.
A esta polémica se unió lo que pretendían hacer con el Cine Variedades, del que existía el proyecto de mantener la fachada pero los cambios internos acabarían en gran medida con lo que representaba el edificio, que de paso a lo largo de los años ha sufrido modificaciones.
Si a ello se le aúna la lista de espera de las propiedades que serían sometidas a estudio para su declaratoria e incluso lo ocurrido con el Teatro Nacional, se deduce que la conservación del patrimonio no ha sido uno de los puntos fuertes de las últimas dos administraciones en el poder.
En el caso del Teatro Nacional, aunque hubo todo un despliegue publicitario por parte del actual gobierno para conseguir que los diputados aprobaran en el Congreso un préstamo por $32 millones para mejoras en el Teatro Nacional, a fin de cuentas el proyecto no superó el segundo debate, por lo que se abrió de nuevo una interrogante de qué pasará con el teatro más emblemático del país.
La figura del Teatro Nacional sirve, a la vez, como parámetro de la mirada que Costa Rica tiene sobre los bienes patrimoniales, porque aunque este es oficialmente símbolo nacional, todavía tiene un sistema eléctrico obsoleto y requiere ajustes esenciales para garantizar la seguridad de sus asistentes.
La vía para salvar la posibilidad de que se rescaten esos $32 millones mediante la aprobación no solo es hoy una incógnita, sino que tampoco hay perspectivas de que se conozca en el corto plazo cuál es el verdadero estado de todos los bienes inmuebles declarados.
Paralelo a ello, los bienes declarados patrimonio, como admite el CICPC, no cuentan con un plan de monitoreo, sino que más bien estos se hacen como parte de otras labores que ese centro realiza en distintas partes del país.
El panorama se termina de completar si a todos los anteriores factores se le suma que no hay estrategias sólidas y amplias para educar a la población y enseñarle que conservar el patrimonio fortalece la memoria, la identidad y la visión histórica del país.
