Mientras unos celebran la innovación que traerá al país, otros padecen una estampida de desempleo. El Gobierno corre para apagar un incendio cuyas consecuencias aún no se anticipan con claridad.
Limón es una olla de presión a punto de estallar. La tensión, el pesimismo y la incertidumbre se mezclan en un cóctel que acumula décadas de problemas sociales, aislamiento, marginación y depresión económica. La inauguración de la nueva Terminal de Carga de APM Terminals actuó como un catalizador y ahora el Gobierno corre para apaciguar a una encrucijada social de pronóstico muy reservado.
La provincia que alberga los principales puertos costarricenses -Puerto Limón y Moín- se pinta de tonos desolados. Por un lado, es la puerta que conecta a Costa Rica con el comercio internacional, pero por otro, es una provincia con altos niveles de desempleo, violencia, delincuencia y baja escolaridad.
Desde hace más de una década fue posible anticipar las consecuencias que atravesaría la provincia una vez que comenzara a operar la nueva, poderosa y gigante terminal de contenedores, adjudicada a la firma holandesa APM Terminals, pues su contrato cambiaría radicalmente el paradigma portuario.
Ese hecho generó múltiples expectativas: desde quienes apostaron por la llegada de nuevos empleos e innovación, hasta los temores por despidos masivos y cierre de empresas.
Hasta el año pasado, la última encuesta Continua de Empleo del cuarto trimestre del 2018 arrojaba un (ya alarmante) 12% de desempleo en la región Huetar Caribe, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Aunque estas cifras corresponden a los datos estadísticos más recientes para la región, ahora suman el número de desempleados que generó el 2019, producto del cierre de operaciones de empresas privadas tras la entrada en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores en Moín.
Los efectos de la voraz crisis social podrían verse en el espejo de la política nacional, desde la óptica de la politóloga Ilka Treminio: “Hay características en los jóvenes que están más cercanos a partidos como Partido Restauración Nacional, según la geografía y nivel educativo, como ya se vio en las elecciones anteriores. Limón nos representa muy bien este fenómeno. En Limón existe el germen perfecto para afiliarse a estos partidos y eso complica al Gobierno en este momento difícil por la falta de opciones de empleo.”
“Los partidos más progresistas abandonaron la representación de la clase trabajadora y eso lo recogen los que golpean más la mesa. Falta una agenda de desarrollo social para ofrecer más opciones, porque para los jóvenes que están en sus pandilla o bandas narco la única forma de romper con ellos es una iglesia”, añade.
En Limón las alarmas de alerta nunca se han apagado y el ambiente ha estado caliente desde tiempo atrás. Durante la huelga más reciente que afrontó el país contra el plan fiscal, varios episodios de violencia extrema -ejecutados por grupos relacionados al vandalismo- asolaron la ciudad atlántica y pusieron a correr a las autoridades de seguridad.
Hubo desde saqueos en supermercados, daños a locales, quemas de cabezales de camiones, hasta sabotaje al sistema de gas GLP para impedir el abastecimiento de combustible al país durante los días de la huelga.
Ahora, desde la entrada en operación de la megaterminal, empresas privadas como Dole, Chiquita Brands y Servinave han optado por cerrar departamentos en las sedes del Caribe durante los primeros meses del año, bajo el alegato de que la terminal sustituirá parte de las labores que ellos realizaban.
Según el registro que lleva el Ministerio de Trabajo, en estos meses unas 470 personas quedaron desempleadas por el cierre de estas empresas.
En Chiquita Brands (172 despidos), en Dole (238 despidos), de Servinave (60 despidos) y otros 48 despidos ocasionales que no están en planilla como trabajadores regulares de la empresa.
Dentro de la lista se cuentan otras empresas que produjeron menos despidos pero cuyas cifras no maneja el Ministerio de Trabajo.
El cambio en el funcionamiento de los puertos del Caribe pareciera haber tomado por sorpresa al Gobierno y a los actores sociales, quienes ahora corren con mesas de discusión y planes inmediatos para suavizar los efectos negativos.
El pasado 28 de febrero, el presidente de la República, Carlos Alvarado, viajó hasta la provincia junto con todo su gabinete y otros políticos para inaugurar la nueva Terminal de Contenedores. Se trata de una isla artificial cuya inversión representó un costo total de $1.000 millones y que se instaló bajo la promesa de agilizar la carga de buques que recibe el país para mejorar la atención portuaria.
Días antes de que se inaugurase la nueva terminal, la empresa Standard Fruit Company, una multinacional que se instaló en Costa Rica en 1956, dedicada a la exportación de frutas como banano y piña, anunció el cese de operaciones del Centro de Trabajo en Limón y despidió a 238 trabajadores.
Por medio de un comunicado, la empresa atribuyó el cierre de las operaciones al reemplazo de las funciones de atención de contenedores a cargo de AMP Terminals, además aseguró que las otras funciones dejarían “de ser rentables por la severa disminución que se produce producto de la concesión pública otorgada por el Estado”.
A esos despidos se le sumaron otros de la empresa Chiquita Brands, una compañía global con operaciones en 70 países que se dedica a la producción y comercialización de banano, piña y transporte marítimo a los mercados. Chiquita anunció el cierre del departamento de Operaciones Portuarias en Limón, dejando sin empleo cerca de 172 trabajadores.
Los malas noticias no acabaron ahí, pues la inauguración de APM ha puesto en tensión extrema a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) cuya institución sufrió cambios considerables como la pérdida del 70% de la carga comercial que recibía en Limón.
APM Terminals llegó con la promesa de reducir el tiempo de atención a barcos, por ejemplo, pasar de 40 horas (tiempo promedio en los otros muelles) a 15 horas. En principio, se dijo que la megaterminal se encargaría de la atención de buques portacontenedores conocidos como fully cellular (de gran capacidad de carga) mientras que Japdeva atenderá los buques convencionales.
El tema de la distribución de la carga generó disputas a lo interno del Gobierno específicamente entre Japdeva y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La Junta de Administración Portuaria reclamó funciones propias que se le atribuyen ahora a APM Terminals cuando según se estableció en el contrato, sólo podía atender barcos tipo fully cellular container y ha ido más allá que eso.
Aunado a esto, autoridades y trabajadores de la Junta temen por despidos, sin que a la fecha exista claridad sobre cuántos empleados de esa entidad pública conservarán su empleo, además de cuánta carga manejará ese puerto y cuántos ingresos tendrá para operar, tras los cambios.
La situación financiera no es sorpresiva pues según ha dado a conocer el diario La Nación en varios reportajes, Japdeva arrastra “años de malos resultados financieros”. El panorama es menos alentador luego de que el exjerarca Greivin Villegas -días antes de ser destituido- advirtió que si no había un cambio significativo, la institución se dirigiría a un cierre técnico pues no tendría capacidad para hacerle frente a las obligaciones económicas.
Luego de eso Alvarado lo destituyó -el pasado 25 de marzo- y alegó que la razón era que “no estaba alineado con la política del gobierno”. “Desde el año pasado había una directriz clara para hacer traslados horizontales. Agilizar el fideicomiso en el canon. Esas cosas que yo quiero ver materializadas, cuando eso no ocurre, yo tengo que tomar decisiones”, aseguró el mandatario en una conferencia de prensa.
Días antes de su destitución, Villegas habló de que la autoridad portuaria acumularía a junio, un déficit de ¢10.300 millones; sin embargo, las cifras no han sido confirmadas por el gobierno, pues el MOPT desconfía y propone hacer una revisión a profundidad de las cifras.
“Se le veía que luchaba contra el gobierno”, dijo un funcionario de la junta portuaria en referencia a la destitución del jerarca y que prefirió no ser identificado para este reportaje.
Pese a todo lo anterior, este lunes el gobierno firmó un acuerdo “que garantiza la continuidad de la operación portuaria de Japdeva, apoyada en la búsqueda de nuevos negocios”, luego de una sesión de trabajo que mantuvieron jerarcas y trabajadores de la junta.
En el encuentro estuvo presente la nueva presidencia Ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, los representantes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) el ministro de Trabajo, Steven Núñez, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez.
Andrea Centeno, una mujer limonense y comunicadora fue elegida por el presidente Alvarado como la nueva encargada al timón de Japdeva. Sus primeras declaraciones como presidenta ejecutiva se dirigieron a enfatizar las acciones que deberán tomarse para “adaptarnos a las operaciones de la nueva terminal”.
Durante los últimos meses, representantes de la provincia, líderes sindicales y trabajadores han sostenido encuentros con el Gobierno bajo una iniciativa llamada “Mesa Caribe” integrada por representantes de la sociedad civil, empresa privada, instituciones y organizaciones apuntando a atender los problemas de Limón.
De esta mesa el Gobierno surgió un Plan de Respuesta Inmediata interinstitucional en el que el Gobierno se comprometió a destinar unos ¢8.141 millones para atender el problema de desempleo en Limón -específicamente a las familias desempleadas por motivo de la entrada en operación de la nueva terminal- y amortiguar los efectos del cambio de modelo portuario.
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El vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, será el encargado de supervisar la ejecución de los recursos en coordinación con el Ministerio de Trabajo. Rodríguez detalló que el dinero que destinará el Ejecutivo proviene de recursos que ya estaban asignados a la problemática en Limón para todo el año, sin embargo, la decisión fue acelerar el proceso para aprovecharlos rápidamente.
El Gobierno también apuesta por acciones que conduzcan a un giro del modelo económico de Limón, para ello afirman que destinará recursos a programas de innovación, capacitación y emprendimiento. Incluso se destinó un presupuesto inicial de $300.000 por parte de Banca para el Desarrollo y el capital semilla para los proyectos productivos seleccionados.
El rostro del desempleo
A las afueras de la empresa Chiquita Brands en Limón, una fila de trabajadores se extiende a lo largo de un centenar de metros. Es jueves 28 de marzo. Andrea Martínez, una madre de dos hijos, espera a que su esposo llegue a la ventanilla y retire la carta de despido y liquidación.
Andrea trabajaba como encargada de negocios en la misma empresa desde el 2007. Unos minutos antes ella también recibió su carta de liquidación. Son las 11:30 de la mañana y en uno de sus brazos sostiene a su hija de dos meses y medio. Con el otro, cuida a su otro hijo de tres años.
En la misma fila hay mucha gente, son sus ahora excompañeros de trabajo y su esposo. Desde el domingo 3 de marzo todos recibieron un mensaje telefónico de la empresa en el que se les indicaba que estaban despedidos. Los días que transcurrieron desde que recibieron ese triste aviso, hasta este jueves en la fila, fueron días de incertidumbre.
Andrea tenía una licencia de maternidad que se vencía hasta el próximo 6 de abril. Pero todo lo ocurrido en la empresa, durante esos días, la hizo regresar de manera anticipada para retirar la carta de despido. Su hija nació con un problema congénito del corazón y, por ello, ha tenido que dedicar muchas horas de cuidado y atención.
En esos días todo se juntó. Recién su hija salió de los tratamientos que le realizaron en el Hospital de Niños para atenderle el padecimiento. Ahora, la zozobra del cierre de la empresa y lo que pasará a partir de ahora le han provocado noches de insomnio.
“La leche me mermó bastante por el mismo estrés. Eso afecta bastante el núcleo familiar, más que mi esposo trabaja aquí también. Los dos estamos desempleados”, narra esta madre de 34 años.
Las ilusiones de su familia quedan en la incertidumbre por ahora, luego de que ella y su esposo ingresaran a las filas de los desempleados y con poca claridad de lo que viene en adelante. Por sus pensamientos ha pasado la idea de poner en alquiler la casa que recién construyeron.
Tampoco descartan la posibilidad de irse para San José y buscar quizá un puesto en el que se desempeñe en algo parecido a lo que hacía en Chiquita. “Limón siempre ha sido duro, desde que uno sale del colegio y uno dice. Pucha mis papás no pueden pagarme una universidad privada. Por las circunstancias que uno tuvo, no pudo hacer los exámenes de las universidades estatales”, relata.
La mañana del jueves avanza y en la enorme fila todos los extrabajadores cuentan historias similares o más dramáticas. Algunos cuentan que su intención es llevar la carta de despido a los bancos en los que tienen préstamos para poder activar la póliza de desempleo, por lo menos durante unos meses mientras consiguen otro trabajo.
Las operaciones de Chiquita en Costa Rica abarcan las actividades involucradas en la cadena de suministro del banano y la piña desde la producción hasta el transporte marítimo a los mercados, tanto de fincas propias como de productores asociados.
Uno de los de la fila relata que el salario promedio diario que recibía, rondaba entre los ₡6 mil, una cifra que podía aumentar o disminuir dependiendo de las horas extras.
Chiquita Brands fue una de las empresas que decidió cerrar el departamento de Operaciones Portuarias y despedir a unos 172 trabajadores bajo el alegato de la entrada en operaciones de la nueva terminal de contenedores: APM Terminals. La notificación del cierre llegó a los trabajadores el pasado 3 de marzo.
Desde que la empresa notificó a los trabajadores su despido, inició un proceso de conciliación entre sindicalistas y representantes legales de Chiquita junto con la mediación del Ministerio de Trabajo (MTSS) para buscar un consenso entre ambas partes.
No obstante, tras varios encuentros, propuestas y peticiones por las partes, no se logró ningún acuerdo. Por un lado, los sindicatos solicitaron a la empresa que les reconociera el salario adicional por 12 meses, más el resto de disposiciones que ya establece el Código del Trabajo.
Por el lado de la empresa el ofrecimiento era pagarles lo que establece la legislación laboral y tres meses más de salario. Ninguna de las propuestas fue acogida, por lo que se suspendió el proceso conciliatorio y ahora la empresa deberá pagarles la liquidación.
“La notificación del despido fue por mensaje de texto, nos agarra desprevenidos”, aseguró, Michael Hernández, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines Libre (Sintracobal). Añadió que decidieron recurrir a los Tribunales de Limón para interponer una demanda a la empresa, al considerar que incumplió con los procedimientos de cierre.
Pese a que se intentó contactar a los representantes de la empresa Chiquita Brands para conocer la versión del proceso de conciliación y la fecha en la que pagarán la liquidación a los trabajadores, la secretaria dijo que por el momento no brindarán declaraciones.
Limón es una provincia de contrastes: por un lado es la principal vía para el comercio exterior, pero también es una región de mucha pobreza y bajos de niveles de desarrollo del país. Su economía depende en su mayoría de un modelo empleador y de actividades portuarias. Es por ello que el cierre de empresas como Chiquita Brands o Dole causa revuelo, pues buena parte de la fuerza laboral limonense depende de ellas.
Históricamente en la provincia se ha explotado el cultivo de productos agrícolas como el banano, cacao o la palma africana. De hecho, el banano es uno de los principales productos agrícolas de exportación en Costa Rica- el cual generó unos $981 millones durante el último trimestre del 2018, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior.
En Limón también se encuentra la principal refinería de petróleo del país: Recope, y es un destino turístico importante, pues allí se ubican cuatro parques nacionales y las playas del Caribe.
No escapa Japdeva del radar como uno de los principales motores económicos de la provincia. Como su nombre lo indica es la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica, la cual opera desde 1963 y funciona como ente autónomo del Estado.
El panorama que proyecta Limón tras el cambio del modelo portuario puso a correr a mucha gente, incluido el Gobierno, quien a la luz de la situación ha puesto en marcha planes inmediatos de atención para las personas desempleadas y otros que venían trabajando desde la administración anterior.
Para Yaline Esna, directora regional del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), los limonenses deben entender que el modelo empleador “tiene que cambiar”, pues la región “ya no opera dentro del sistema habitual”.
“Limón tiene que ir enrumbándose a una economía no de patrono empleado, tiene que irse abriendo a esa economía donde el Estado tiene que brindar esas condiciones para que la gente busque otras opciones. La creatividad tiene que florecer. Tenemos fortalezas enormes como en turismo y tenemos iguales o mejores oportunidades que otras zonas”, asegura Esna.
Esna también indica que Limón ha vivido en otras ocasiones experiencias relacionadas al cambio de actividad productiva, como ahora.
“Nosotros tuvimos el cierre de la bananera, cuando gran parte del grupo negro se tuvo que ir a los Estados Unidos. Tuvimos el cierre del ferrocarril, que también dejó a muchas familias en incertidumbre. La gente siempre saca de ese temple humano el coraje de reinventarse y ver dónde se va a colocar. Esto no va a ser un proceso muy corto ni va a ser de la noche a la mañana”, añadió.
