Los despidos en empresas transnacionales como Dole, Chiquita Brands y Servinave, tras la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) el 27 de octubre del 2018, pusieron a correr al Gobierno para intentar desactivar una crisis social de importantes consecuencias.
Se tuvo que instalar una instancia de negociación social llamada Mesa Caribe para ayudar a los extrabajadores despedidos tras la inauguración de la nueva terminal portuaria. Muchos de ellos quedaron desempleados sin previo aviso.
Todo ocurrió como si fuera un imprevisto, un desastre natural, a pesar de que el contrato de concesión con APM Terminals (concesionaria de la TCM) se firmó en el 2011 durante la administración Chinchilla Miranda (2010-2014).
Cuatro administraciones políticas pasaron por Zapote desde que -en el 2009- inició el proceso de licitación de la TCM. Dos de Liberación Nacional: Óscar Arias Sánchez (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014); y dos del Partido Acción Ciudadana: Luis Guillermo Solís (2014-2018) y ahora Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
Ninguna logró evitar el maremoto que hoy inunda la provincia de Limón y provoca una devastadora ola de desempleo.
Con el agua hasta el cuello, en febrero de este año, la viceministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Natalia Álvarez, y el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, tomaron la batuta para tratar de paliar la situación de crisis social en la región.
El pasado 18 de marzo, ellos -junto a instituciones gubernamentales como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)- se unieron para dar atención inmediata a las personas que perdieron su trabajo como resultado del cambio de modelo portuario.
“El plan de respuesta inmediata tiene como principal virtud que se plantea de una forma articulada de diferentes programas de la institucionalidad. Su segunda virtud es que de manera inmediata, el mismo día que se presenta, se empezó a hacer abordaje de personas que durante una semana fueron perfiladas”, explicó la viceministra de Trabajo y Seguridad Social Natalia Álvarez.
Bajo esta idea, 24 funcionarios del IMAS, INA, MTSS y MEP entrevistaron del 18 al 22 de marzo a 375 extrabajadores de las transnacionales Chiquita, Servinave y Dole, a quienes le realizaron un perfil socioeconómico.
A ellos se sumaron otras 107 desempleados provenientes de empresas como ANFO, Cadesa, Aseservis, Chequeos Múltiples S.A. y otros, a quienes el MTSS aún no tiene registrados.
“Ese trabajo implica recibir a personas y familias, identificar cuál es su condición socioeconómica que es requisito para acceder a estos programas, identificar su perfil laboral para definir cómo serían objeto de una intermediación laboral para colocarlos en puestos de empleo que se identifiquen y hacia dónde se pueden dirigir algunos de ellos en términos de capacitación para hacer una reinvención de sus capacidades y generar mejores condiciones de empleabilidad”, mencionó la viceministra.
Para ejecutar este plan, el Gobierno invertirá ¢8.141 millones. De acuerdo con Álvarez, los recursos provienen de programas existentes de instituciones como MTSS, IMAS, MEP e INA y ya están listos para utilizarse.
La viceministra desconoce a cuántas personas se podrá ayudar con este dinero; sin embargo, aseguró que el fondo sí alcanza para beneficiar a las 482 personas que se perfilaron.
Tras las entrevistas, ahora a las instituciones les corresponderá hacer un análisis y verificar el cumplimiento de requisitos para luego brindar la ayuda a los desempleados.
Según Álvarez, la mayoría de desempleados que se perfilaron son hombres que no terminaron la secundaria. “La adecuación de los programas y de los perfiles de empleo que se están ubicando para esas personas tienen que responder justamente a esa realidad. Además de eso estamos contando con la posibilidad de generar capacitación para mejorar perfiles y así la empleabilidad”.
En cuanto a los recursos que el IMAS destinará al Plan de Atención Inmediata, la directora regional de la sede de Limón, Yalile Esna, explicó que los programas que beneficiarán a las familias son: Bienestar Familiar (₡100 mil por familia que se depositarán en efectivo), Red de Cuido y Avancemos.
Esna aseguró que los recursos de la institución se manejarán desde la sede regional de Limón.
Entre las áreas de intervención y las ofertas de las diferentes instituciones se encuentran Protección de Ingresos (Pronae, asesoría legal-laboral, Asistencia de Familias, Cecudis, becas), Empleabilidad (Empléate, Alianza para el Bilingüismo, capacitaciones, ferias, Educación Dual, plan de certificación de competencias). Así como Reinserción (MiPrimerEmpleo, Pronamype, intermediación, Fideimas, rehabilitación de infraestructura escolar) y Fortalecimiento Empresarial (servicios no financieros para acompañamiento).
En cuanto al plazo para completar este proyecto, el vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, evitó referirse a una fecha específica. De acuerdo con el jerarca, “no podría dar una fecha determinada” pues depende de los resultados de los perfiles.
Además del plan de atención inmediata, la Mesa Caribe también pretende impulsar integralmente el desarrollo, la reactivación económica y la inclusión en la provincia de Limón, en respuesta a las necesidades de la población.
Este 2 de abril, como parte de los acuerdos de la Mesa, el Gobierno anunció la contratación adicional de 600 personas por parte de la empresa constructora CHEC para realizar los trabajos de ampliación y rehabilitación de la Ruta 32.
Las autoridades señalaron que también acelerarán la adjudicación de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Limón, el cual pretende reactivar el turismo en la zona y generar nuevos empleos.
La Mesa Caribe se organiza en cuatro ejes: Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural; Seguridad Humana y Empleabilidad; Innovación y Seguridad Social; Infraestructura, Movilidad, Transporte y Ordenamiento.
El Ministerio de Trabajo señaló que también está realizando una intervención con visión de política pública de empleo para Limón, basada en desarrollo humano sostenible y con pertinencia cultural, que cuente con amplios consensos políticos y sociales de los actores involucrados.
Este plan incluye medidas de reactivación económica, inversión pública y privada, capacitación e intermediación laboral.
Exempleados de Dole
El pasado 24 de enero, la empresa Dole anunció el cierre de su centro de trabajo (Departamento de Operaciones, Terminal y Taller) en la provincia de Limón, situación que provocó el despido de 238 empleados.
“Ante el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), la empresa se ve en la necesidad de cerrar totalmente su centro de trabajo, ya que las funciones de atención de contenedores serán realizadas dentro de la tarifa integral cobrada por la concesionaria APM y las otras dejan de ser rentables por la severa disminución que se produce producto de la concesión pública otorgada por el Estado”, explicó la compañía en un comunicado de prensa.
El cierre provocó la sorpresa de los trabajadores, quienes señalaron que no hubo un aviso previo y solo se toparon con un rótulo colocado en la entrada del centro de operación que contenía la comunicación de despido.
“Los trabajadores de Dole no imaginábamos que iba a haber un cierre de los puestos de trabajo. Teníamos información de que el cambio de modelo portuario iba a generar algunos ajustes de las empresas multinacionales. Entendíamos que esos ajustes iban a ser una reducción de la planilla del personal y no un cierre”, mencionó Carlos Dávila, uno de los afectados.
De acuerdo con Dávila, quién laboró durante 17 años en Dole, el despido provocó la frustración e incertidumbre de los extrabajadores. No obstante, esta situación duró poco, pues cuatro días después de que se anunciara el despido de 238 personas el Ministerio de Trabajo instaló una mesa de conciliación entre el sindicato de trabajadores de Dole y la empresa.
“Se llegó a un acuerdo integral que va en dos líneas: el préstamo de las instalaciones de Dole que se conocen como oficina y taller a una institución del Estado (Infocoop) durante un año y que el representante de los trabajadores (el sindicato) impulse el desarrollo de una cooperativa para generar autoempleo a estos extrabajadores de Dole”, mencionó el futuro gerente general de la cooperativa, Carlos Dávila.
Se acordó el pago de tres meses de salario a los trabajadores cesados y sus liquidaciones laborales, así como la utilización de las instalaciones del taller como centro de formación industrial que busca enseñar a los actuales y futuros trabajadores.
Tras el acuerdo nació la Cooperativa Autogestionada de Servicios Múltiples de trabajadores industriales y afines de Costa Rica (Coopesitraco R.L), conformada por 124 extrabajadores de Dole, quienes pretenden brindar servicios de mantenimiento industrial en el área de logística portuaria a diferentes empresas.
Pese a que la cooperativa se conformó en tiempo récord, la misma aún no ha entrado en funcionamiento e incluso se encuentra a la espera de la personería jurídica. Coopesitraco R.L. desea brindar servicios a APM Terminals, pero aún no tiene un acuerdo con la compañía.
“Este jueves 4 de abril vamos a tener reunión oficial con APM Terminals. El contrato no está fijo, está por definir entre las partes. APM necesita servicios complementarios y esta cooperativa puede hacerlo. No hay contrato firmado con TCM pero si hay firmado uno con la empresa Dole”, destacó Dávila.
A futuro, la cooperativa espera involucrarse en otros proyectos como la creación de un astillero (área especializada para mantenimiento y reparación de buques y barcos) y brindar atención a las naves que se establezcan en una marina.
Índice de escolaridad bajo
Otra de los lastres que arrastra la región -y que va de la mano con el desempleo- es el índice de escolaridad, que apenas llega a 7,7 años de escolaridad por habitante, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEC (2017). Esto se traduce en que los estudiantes apenas llegan a octavo año. Este hecho va ligado a que la mayoría de personas ocupadas se dediquen al sector agropecuario y comercio.
“Otro reto por mejorar son las coberturas y el rendimiento en educación, porque es una de las regiones que tiene los menores niveles de escolaridad y bajo nivel educativo y, además, con una oferta profesional o universitaria estándar, similar al resto de regiones del país que no se adapta a estas posibles actividades que podrían potenciarse en una región que tiene el puerto o que tiene el turismo. Si uno ve, la oferta universitaria es la misma que hay en todo lado: educación, administración, etc”, destacó Morales.
De acuerdo con la Encuesta, la única región que tiene un índice de escolaridad inferior a la Huetar Caribe, es la Huetar Norte con 7,0 años.
Para el ministro de Educación Pública, Édgar Mora, el bajo índice de escolar que presenta la región es un problema antiguo; no obstante, el Ministerio aún no le ha podido dar solución.
“Los datos confirman que en Costa Rica sí se ha dejado a gente atrás y actualmente el número de esas personas que estuvieron escolarizadas y no cuentan con un título de conclusión de estudios que los amarre el mercado laboral son cerca de 2 millones de personas. En regiones como la Huetar Caribe son muy altas las probabilidades de que la experiencia del estudiante se haya visto y se siga viendo truncada y sin mucho chance de ser retomada y reconstituida”, mencionó Mora.
Según datos de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), la exclusión escolar en la provincia de Limón para el año 2017 corresponde a 3,9% en la modalidad tradicional (colegios diurnos, nocturnos, técnicos diurnos y nocturnos).
Para contrarrestar esta situación, el Ministerio pretende cubrir la primera infancia, ofrecer el currículo completo en mayoría de las escuelas de la región, hacer un replanteamiento económico y social del propósito educativo de la región (12 colegios que cambiarán su modalidad de liceo a CTP), así como la recuperación de los estudiantes que fueron excluidos del sistema.
“Las personas que no logran terminar al menos su educación secundaria, se ven casi condenadas a optar por empleos con menor remuneración en condiciones de trabajo de explotación. El hecho de que usted termine la secundaria no le garantiza un buen empleo, pero si usted no la termina casi que la amarra a una situación de pobreza”, finalizó la directora Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo del MEP, Patricia Méndez.
Limón se siente olvidado
Una investigación del Estado de la Nación enfocado en la Región Huetar Caribe (2018) revela que la población limonense se siente olvidada; además, ven con pesimismo la entrada en operación de la TCM.
Monserrat Cordero Parra
Los comunicados de prensa emitidos por el Gobierno en los últimos dos meses evidencian el trabajo que están haciendo diversas instituciones en aras de paliar el desempleo en la provincia de Limón; no obstante, y enfrentándonos ahora a una problemática que se veía venir desde hace una década, la interrogante que surge es ¿ha sido oportuno el actuar del Gobierno?
Para la viceministra de Trabajo y Seguridad Social, Natalia Álvarez, el actuar de su cartera ha sido efectivo. El acercamiento con los sectores laborales de Limón inició desde junio del 2018.
“A la fecha hemos realizado unas 70 reuniones que han incluido al sector sindical, empresas, cámaras empresariales, diputados, alcaldes y otros actores. Con todos ellos hemos abordado diferentes estrategias. Tuvimos también el apoyo de la Academia y hemos mantenido esa ruta. Con muchas de las empresas, parte de las conversaciones giraron en torno a si iba a haber despidos o no, en torno a la agilización de paquetes complementarios a esos eventuales despidos”, mencionó Álvarez.
La viceministra destacó que pese a que se tomaron una serie de acciones de previo, algunas de ellas han sido un poco invisibles.
“Solo el Ministerio de Trabajo entre el 2014 y ahora ha formado a más de 10 mil personas en Limón en carreras que sabemos que tienen potencial, según el crecimiento económico esperado en Limón”, añadió.
Ese es el sentir de Álvarez, aunque la población limonense ve con distintos ojos la acción del Gobierno e incluso se siente olvidada.
“En el pasado han habido varias iniciativas de desarrollo como Limón Ciudad Puerto, que eran un montón de recursos y que al final nunca se concretaron. Ni siquiera se arrancó ese proyecto. Siempre han habido muy buenas intenciones pero, en la práctica, muy pocos hechos”, explicó la investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales.
La investigadora destacó también que, según el Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2018) centrado en la Región Huetar Caribe, otra de las problemáticas que afronta la región es que posee una debilidad institucional, situación que también comparte con otras provincias. “Como país, tenemos una oferta estándar de políticas regionales que no se adaptan a las particularidades de cada una de las regiones”.
El pesimismo también se apodera de los limonenses al referirse a la entrada en operación de la TCM. De acuerdo con Morales, “nadie le veía ningún potencial” al megapuerto.
“Solo se enfocaban en los empleos que se iban a perder. No le veían ninguna oportunidad. Nosotros en este estudio cualitativo identificamos dos tipos de percepciones: pesimistas crónicos y optimistas cautos. Los pesimistas crónicos son los que conocen iniciativas de inversión pero dicen que eso nunca se concretará y que le achacan todos los problemas al abandono del Gobierno central”, mencionó Morales.
“Al otro grupo que identificamos son los optimistas cautos, que son aquellos que tienen la esperanza de que muchos de los proyectos que se vislumbran de inversiones se concreten, pero también son escépticos sobre el impacto que tiene en la población de Limón y su calidad de vida. Atribuyen su moderado optimismo a las dificultades que tiene el Gobierno para invertir en infraestructura y servicios públicos”, añadió.
Según el Informe del Estado de la Nación, la mayoría de pesimistas crónicos residen en el cantón Central de Limón; mientras que los optimistas cautos son del cantón de Pococí.
Los despidos de los últimos tres meses en Chiquita Brands, Dole y Servinave, tras la entrada en operación de la TCM, provocaron el descontento de los limonenses, quienes han echado todas las culpas del desempleo de la región a la concesionaria APM Terminals.
Para el gerente general de APM Terminals, Kenneth Waugh, el desempleo que actualmente golpea la provincia de Limón no es una situación inesperada.
“El desempleo ha estado en Limón desde hace mucho tiempo y obviamente hay cosas que se tienen que arreglar y cambiar para que Limón sea un lugar donde se pueda desarrollar el empleo positivo. La TCM viene a aportar un cambio en los paradigmas de logística para precisamente generar nuevas oportunidades para todos. Esto significaba que se tenía que cambiar el statu quo”, mencionó Waugh.
De acuerdo con APM Terminals, la Terminal de Contenedores de Moín cuenta actualmente con 650 colaboradores, de los cuales el 90% son de la provincia de Limón.
Según Waugh, achacar la culpa del desempleo en Limón a APM Terminals es egoísta, pues incluso hubo varias acciones que el Gobierno no realizó.
“Definitivamente hay cosas que no se hicieron. Una de ellas fue que se debió haber ampliado la Ruta 32 desde hace mucho tiempo, cosa que ahora se está haciendo, pero vamos con un atraso. La segunda cosa que se tenía que hacer era el plan regulador de Limón, que fuera amigable con el desarrollo de turismo. Igualmente se dijo que reconociendo que vamos a construir la TCM, se debe ir desarrollando paralelo a eso la construcción de una terminal de cruceros”, externó el gerente.
