Nicaragua vivirá este año una Navidad triste marcada por una ola de terrorismo represivo del gobierno de Daniel Ortega contra medios de prensa y organismos de derechos humanos, en medio de una prolongada crisis política -sin asomo de solución- y tras más de ocho meses de protestas populares, asesinatos y encarcelamiento de opositores.
A pocos días del 25 de diciembre, la Policía asaltó el canal independiente 100% Noticias, crítico con Ortega, y encarceló a su director, Miguel Mora, y a su periodista Lucía Pineda.
Ambos enfrentan periodistas enfrentan cargos de supuesto “terrorismo” y “conspiración”, un cargo similar al que se les atribuye a muchos de los detenidos por participar en protestas antigubernamentales en los últimos ocho meses.
Una semana antes antes, el 14 de diciembre, la policía allanó también la redacción en donde funcionan el semanario Confidencial, la Revista Niú, y los programas Esta Semana y Esta noche, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.
También distintos organismos de protección de los derechos humanos han sido intervenidos y dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron expulsadas del país.
Tras su secuestro, Lucía Pineda Ubau pasó 24 horas sin que las autoridades judiciales aceptasen que estaba detenida. Finalmente hoy domingo fue presentada ante el juzgado séptimo de Audiencias en Managua y su proceso se desarrolló a puertas cerradas.
Un comunicado de prensa del Poder Judicial de Nicaragua alegó que Pineda -jefa de prensa del canal de televisión 100% Noticias- supuestamente “propició e incitó al odio por razones de discriminación política, difundiendo en la televisora y en las redes sociales información falsa con la intención de generar zozobra y odio hacia los simpatizantes y miembros del Frente Sandinista”.
Leyla Prado, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que la periodista fue sometida a interrogatorios masivos y a presión psicológica y que las autoridades de la cárcel se negaron a entregarle comida.
La detención de los dos periodistas del canal 100% Noticias y el asalto a la redacción de Confidencial generó indignación en el gobierno de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado expresó su repudio y señaló, “como presidente, y también como periodista, deploro la escalada de represión y la persecución a la prensa que en estos momentos se vive en Nicaragua”.
“Reitero la preocupación de nuestro gobierno por el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y abogo por el pleno respeto a las libertades de todas las personas”, expresó el presidente.
Desde la Cancillería, la ministra interina de Relaciones Exteriores, Lorena Aguilar se expresó con dureza sobre el arresto de la periodista Lucía Pineda, quien tiene nacionalidad costarricense y nicaragüense.
“Repudiamos este especie de juicio sumario contra la señora periodista, que se convierte en una afrenta y una muestra más de hostilidad hacia la prensa independiente. Ante dichos atropellos, no tenemos más que reiterar firmemente, nuestra solidaridad con los periodistas y defensores de derechos humanos”.
La cancillería de Costa Rica en un comunicado señaló en un comunicado que realiza gestiones y está atenta a las medidas legales que el régimen de Ortega impulsa contra Pineda.
Crímenes de lesa humanidad
Al margen del ambiente festivo que promueve el gobierno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos internacionales (GIEI), de la CIDH, publicó el viernes un informe en el que acusó al régimen de Ortega de cometer “crímenes de lesa humanidad” en la represión de las protestas.
Antes, a nueve organizaciones civiles y de derechos humanos les fue cancelado el registro legal y sus bienes fueron ocupados por el Estado.
“El mensaje es bastante claro: callar a los periodistas. Muchos comunicadores se estarán ahora pensando muy bien antes de presentar una noticia porque esa es la intención: infundir el miedo, decirle a los comunicadores vamos en serio, miren a Miguel y miren a Lucia”, manifestó a la AFP Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
“Hay un doble discurso del gobierno. Por un lado están tratando que haya un discurso de amor, paz y reconciliación y por otro lado están persiguiendo y procesando, metiendo preso y torturando” a los que no piensan como ellos, agregó Cuevas.
Las protestas antigubernamentales se iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social y devino en una demanda para la renuncia de Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.
Tristeza y opresión
“Hay una gran tristeza en la mayoría de la población por todo lo que hemos pasado, muchas familias tienen muertos, heridos, encarcelados o exiliados”, dijo a la AFP la escritora Gioconda Belli.
“Dios está de parte de las víctimas, nunca de parte de los opresores (…) la mejor navidad sería ver libres a los presos políticos”, dijo durante su homilía el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
Unos 600 estudiantes, líderes campesinos y pobladores que participaron en las protestas que estallaron en abril, están detenidos y algunos han sido condenados a penas máximas de 30 años por delitos de terrorismo y crimen organizado, entre otros cargos.
“El país está dividido en dos realidades, la que quiere el gobierno y la que sentimos todos los que protestamos, que fueron multitudes, hasta que nos prohibieron ir a la calle”, apuntó Belli, autora de “El país bajo mi piel”.
En el antiguo centro de Managua y en las nueve rotondas que sirven como enlaces viales en la ciudad, hay adornos festivos como árboles de Navidad y luces, un contraste con el clima de tristeza que reina en el país.
“Es una realidad puesta encima del dolor de la gente y que pretende mostrar que todo esta normal (…) Es una realidad muy esquizofrénica en cierta manera”, comentó Belli.
