La viceministra de Justicia y encargada de asuntos penitenciarios, Ada Isabel Porras, presentó su renuncia este martes por la mañana, tras alegar razones personales y familiares, según confirmó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado de prensa y confirmó la misma exjerarca a UNIVERSIDAD.
“Yo no era una política ni iba a tomar una función política. Puede hacer un censo desde el conserje hasta la ministra, y verá que he mantenido una posición absolutamente técnica. Doné mi esfuerzo al país”, dijo Porras.
Porras, quien se desempeñaba como jueza antes de asumir el cargo, encabezó una serie de decisiones que representaron un giro en la política penitenciaria y en la administración de las cárceles, en comparación con el gobierno anterior.
La ex viceministra afirma que se va tras cuatro meses de encaminar proyectos como la unidad de monitoreo electrónico, la cual, según afirma, es una unidad completamente diferente. También resaltó la cercanía del Instituto Nacional de Criminología con la población penitenciaria.
Una de esas decisiones tuvo que ver con el pulso sostuvo con los jueces de ejecución de la pena, tras una reinterpretación del reglamento del sistema penitenciario, lo que ocasionó una tardanza en el otorgamiento de permisos a los privados de libertad con tobillera electrónica.
Una ley deficiente obligó a la administración anterior a crear un reglamento para que la unidad de monitoreo, gestionada por el Gobierno, se encargara de otorgar permisos de salidas cuando los privados de libertad tenían citas médicas, entrevistas de trabajo, trámites personales y otros asuntos, siempre que estuvieran bien fundamentadas y no hubiera un riesgo para terceros.
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Sin embargo, Porras solicitó un criterio al Departamento de Servicios Jurídicos del Ministerio de Justicia, amparándose en esto ordenó que esos trámites se delegaran en su totalidad a los jueces, situación que tomaba hasta nueve meses para tramitarse.
Ante esta situación, la viceministra había afirmado a UNIVERSIDAD que estaba tutelando el derecho a la víctima, una diferencia notable con el discurso que pregonaron los exjerarcas del gobierno de Solís, Cecilia Sánchez y Marco Feoli, quienes se inclinaban por defender la dignidad y el acceso a oportunidades de los privados de libertad.
Otra de las decisiones de Porras fue la transformación del antiguo centro de confianza San Agustín a una cárcel institucional, tras la situación crítica de hacinamiento en la prisión Nelson Mandela, en San Carlos.
Justicia ordenó el traslado de 40 privados de libertad y el acondicionamiento del inmueble para que brinde los servicios de una cárcel tradicional. El traslado de los reos se realizó a inicios de julio, pese a que aún no se contaba con el personal completo de atención y la infraestructura no estaba finalizada, según reconoció el mismo director del centro, José Quesada.
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La renuncia de Porras se configura como la segunda baja del gobierno de Carlos Alvarado, luego de que Carolina Fernández renunciara al puesto de vicecanciller, un día después de haber sido juramentada.
Porras estudia la posibilidad de volver a su puesto como jueza penal. Justicia anunciará el nombre de la persona que asumirá el cargo que dejó la abogada.
