Consultada por el diputado de Restauración Nacional, Jonathan Prendas, sobre si existió información necesaria para que el Gobierno anterior tomará las previsiones correspondientes y alertará sobre el hueco de las finanzas, la Contraloría General de la República, Marta Acosta, respondió que Hacienda tenía información “suficiente” sobre las partidas presupuestarias que se venían dando desde finales del año 2017.
Acosta asistió este martes por la mañana a comparecer ante la Comisión de Gasto e Ingreso público para rendir cuentas sobre el faltante de ¢600.045 millones, que el Gobierno tramitó a través de un prespuesto extraordinario para amortizar el pago de la deuda.
“Había suficiente información desde finales del año 2017. Se colocaron ¢819 millones que tendrían vencimiento en el 2018, eso implicaba que se debió de haber monitoreado o dado seguimiento a estas partidas presupuestarias”, dijo Acosta.
Durante toda la comparencia, la contralora fue muy cautelosa al responder los cuestionamientos que plantearon diputados sobre posibles culpables y responsables de haber omitido el faltante de las finanzas, justificó que se debe a una investigación que está en curso por parte de la Contraloría General de la República (CGR), por la que prefirió no dar mayores detalles.
“Nadie está excluído de esta investigación”, respondió la Contralora ante las reiteradas preguntas del diputado Jonathan Prendas sobre sí jerarcas como la Tesorera Nacional de la República, Marta Cubillo -quien compareció este lunes ante la misma comisión- o el exministro de Hacienda, Helio Fallas, cargan responsabilidad por no haber informado a tiempo del hueco.
A la contralora también se le cuestionó si hubo incumplimiento con el pago de la deuda que el ministerio realizó sin autorización de la Asamblea Legislativa, pero una vez más, mencionó que se encuentra bajo investigación. “No puedo adelantar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Por eso estamos investigando”.
Algo que sí detalló fue que habrá eventuales sanciones una vez tengan los resultados, en caso de que se determinen incumplimientos . “En cualquier otro caso que haya inclumplimientos, evidentemente, habría eventuales sanciones”, concretó.
Sobre la fecha en la que se darán a conocer los resultados de la investigación, la contralora señaló que no podía detallar una fecha específica, lo único que sí adelantó fue que “están trabajando a toda máquina” con el fin de obtener las conclusiones lo antes posible.
Advertencias omisas
El mensaje que plasmó el contralora ante la Comisión fue reiterativo en el sentido de que sus advertencias a las autoridades sobre los posibles consecuencias por la situación de las finanzas, han sido vehementes desde el año 2012.
La jerarca señaló que la Contraloría General tuvo conocimiento sobre el desbalance de las finanzas a principios de este 2018, cuando observaron que “la inclusión de títulos a corto plazo, se observaba elevada con el monto presupuestado” por lo que consideraron ya en enero se había ejecutado una buena parte de los presupuestado.
“Desde principios de año se observa que la amortización de la ejecución de títulos es elevada en comparación con el monto presupuestado para el mes de enero, que se había tranzado un 77% y en junio se superó el 90%”, explicó.
No obstante, Acosta insistió que desde el 2016 la Contraloría adivirtió a la autoridades del Gobierno sobre “el respectivo impacto del riesgo de redeendeudamiento, y los cambios de la deuda”.
Incluso la contralora hizo referencia al año 2012 cuando la deuda alcanzaba 40%, y hubo voces de alerta.
La comisión también recibirá al expresidente Luis Guillermo Solís el próximo 10 de septiembre a las 9:00 a.m.
Informes
El pasado 9 de agosto Marta Acosta, lanzó una alerta sobre el deterioro de la deuda del Gobierno, al tiempo que llamó vehementemente a las autoridades a “que tomen decisiones ya” tras presentar el informe de la Contraloría General de la República (CGR).
En el documento señaló que en dos años creció el porcentaje de endeudamiento en dólares, los vencimientos a menos de un año y los instrumentos financieros de tasa de interés variable.
También alertó que el Gobierno hizo amortizaciones de títulos de la deuda por un total de ¢182.000 millones al 31 de julio de 2018 sin contar con el necesario contenido presupuestario, que contraviene la normativa constitucional y legal.
