La Contralora General, Martha Acosta, lanzó este jueves una alerta sobre el deterioro de la deuda del Gobierno y llamó vehementemente a las autoridades a “que tomen decisiones ya”, tras presentar un informe del primer semestre que dibuja un panorama “sombrío” de la situación fiscal y presupuestaria.
El informe de la Contraloría General de la República (CGR) advierte que en dos años creció el porcentaje de endeudamiento en dólares, los vencimientos a menos de un año y los instrumentos financieros de tasa de interés variable.
A la vez alertó que el Gobierno hizo amortizaciones de títulos de la deuda por un total de ¢182.000 millones al 31 de julio de 2018 sin contar con el necesario contenido presupuestario, lo que contraviene normativa constitucional y legal.
De la suma mencionada ¢48.000 millones corresponden a amortizaciones de deuda de corto plazo y ¢134.000 millones de largo plazo, movimientos que se hicieron debido a cambios no previstos en las colocaciones de títulos y menores canjes de deuda.
Otro llamado de atención en el informe – titulado “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público,Primer Semestre 2018” – tiene que ver con obligaciones del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) que no están siendo presupuestadas (el aumento del 0,58% a 1,24% en la cuota estatal acordado por la Caja en el 2016), aunque sí se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo.
“La reforma fiscal esta ahí y es necesaria para iniciar el camino por la senda de la sostenibilidad. También es necesario que se tomen medidas estructurales por el lado del ingreso y por el lado del gasto. No hacerlo va a tener consecuencias de orden económico, pero más importante también de orden social”, destacó Acosta.
Así aludió la Contralora al proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que presentó el Poder Ejecutivo parta combatir el déficit fiscal, y que la Asamblea Legislativa debate desde hace más de un año sin llegar a acuerdo para votarlo en medio de discusiones en torno a si el Gobierno está haciendo lo debido para recortar el gasto y si se deben aprobar nuevos impuestos.
El informe de CGR describe un deterioro creciente de las condiciones macroeconómicas del país, el avance en el crecimiento del déficit fiscal, y el aumento de la vulnerabilidad la deuda pública, con riesgos como el refinanciamiento, tasas y plazo.
Señala que en el segundo semestre del año 2017 las colocaciones que se realizaron vencían en el año 2018 y al primer semestre de este año el Ministerio de Hacienda no logró cumplir con su meta de canje.
Ante eso tuvo que enviar un presupuesto extraordinario por ¢600.000 millones a la Asamblea Legislativa para elevar el nivel de financiamiento.
“Esto quiere decir que tenemos vulnerabilidades en la deuda, ante la necesidad de liquidez, el Gobierno tiene que ofrecer mayores tasas, plazos más cortos y diversificar la moneda a dólares”, ejemplificó la Contralora.
Además del riesgo de liquidez que se conoce desde el año pasado, cada vez es más difícil colocar deuda y los ingresos se han venido desacelerando.
La Contralora también advirtió un problema de “transparencia presupuestaria”, porque hay pasivos relevantes que no están siendo registrados el déficit financiero como los mencionados compromisos del Estado con la Caja, o las amortizaciones de la deuda realizadas sin sin contenido presupuestario.
Este informe “nos hace apreciar que hay riesgos que nos esta conduciendo a una mayor vulnerabilidad fiscal”, concluyó Acosta.
