Los diputados de la Asamblea Legislativa conformaron la tarde de este lunes la comisión especial dictaminadora del expediente 20.580 (Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), algo para lo que tendrá un máximo de tres semanas, según se estableció en la moción de la vía rápida aprobada la semana antepasada.
La comisión se instaló esta tarde poco antes de las 6:00 p.m., terminada a sesión del Plenario, después de varios retrasos en las últimas cinco sesiones.
Dentro del grupo estarán los diputados Sandra Piszk, Paulina Ramírez, Mauren Fallas (PLN), Marco Vinicio Redondo, Steven Núñez (PAC), Johnny Leiva (PUSC), Edgardo Araya (FA), Otto Guevara (ML) y la nueva diputada por Restauración Nacional (PRN), Alexandra Loría; de los que presidirá el socialcristiano.
Para realizar sus labores, los congresistas deberán reunirse de lunes a jueves de 9:15 am a 12:30 pm, sesiones que serán transmitidas por el canal del Congreso y en las que los diputados podrán presentar y revisar mociones para realizar los últimos cambios al documento.
Una vez finalizadas las tres semanas de sus gestiones la comisión tendrá que desechar todo lo que no haya sido incluido y, “en la sesión inmediata siguiente, se someterá a votación el texto actualizado sin discusión”.
Cuando se concluya este proceso, los dictámenes tendrán que presentarse a la Secretaría del Directorio Legislativo.
Texto completo: Mocion 208 Bis Fortalecimiento de las Fiananzas Públicas.
Con la aplicación del Artículo 208 Bis a este expediente, se impusieron medidas para facilitar su aprobación —al menos en primer debate— en lo que resta de esta legislatura, con límites de tiempo para el uso de la palabra en las sesiones de la comisión dictaminadora y posteriormente en el Plenario.
En comisión, cada proponente y oponente de las mociones de fondo tendrá cinco minutos para el uso de la palabra, tiempo que será dividido entre varias personas de ser necesario.
Ya en el Plenario, sólo se podrán presentar este tipo de mociones en las dos primeras sesiones después de recibido el documento, igualmente con restricciones. La Asamblea tendrá seis sesiones para conocer las mociones de reiteración y discutir por el fondo el proyecto a partir de que se reciba el informe de la comisión dictaminadora.
El proyecto deberá darse por discutido a las 11:00 horas del día de la sesión subsiguiente al inicio de la discusión por el fondo.
El proyecto
Este proyecto es el último intento de reforma fiscal de la actual Administración en el Congreso; donde parecía estar en un punto muerto hasta hace un par de semanas, cuando se intensificaron las negociaciones.
Estas negociaciones requerían incluso de un común acuerdo entre el PAC, el PLN y el PUSC, fuerzas políticas que finalmente —y después de superar varios obstáculos— impulsaron el procedimiento abreviado, junto con algunos diputados de grupos minoritarios.
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En cuanto a los impuestos, el proyecto de Fortalecimiento propone la transformación del actual Impuesto General de Ventas en uno de Valor Agregado, lo que implicaría el aumento del espectro de contribuyentes a sectores que hoy están desgravados, como es el caso de los servicios, uno de los más dinámicos en la economía del país.
El Gobierno primero planteó que este tributo no solo transformar, sino también aumentar su tarifa a un 15%; sin embargo, finalmente cedió a las propuestas de la mayoría de las bancadas, que aceptaron siempre un máximo del 13%. Se exceptuaría el cobro de los artículos de la canasta básica definidos por la propia Administración.
En cuanto al impuesto sobre la renta, el proyecto plantea extender su carga del 15% a las rentas de capital; con novedades como un aumento de dos tractos al tributo que pagan los salarios más altos, correspondientes a un 20% y un 25%.
Por su parte, en materia de empleo, el proyecto adhiere una reforma a la Ley de Salarios Públicos, con planteamientos como el salario único para jerarcas, regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, topes salariales y la conversión de las anualidades en un mecanismo de evaluación.
Por último, también establece una regla fiscal que limitaría el crecimiento del presupuesto en cuatro intervalos, en relación con el crecimiento del PIB y el nivel de la deuda pública, según las posibilidades económicas del país registradas.
Con estas reformas, el Ejecutivo buscaría recortar entre 1,5 y 1,9 puntos del PIB del déficit fiscal, que marcó un 6,2% de la producción en 2017 y se proyecta a un 7,1% este año.
Este recorte permitiría dar un respiro, pero no una solución final, al problema de las finanzas nacionales, un reto que quedaría para la próxima Administración.
El objetivo final sería cerrar al menos el déficit financiero primario (sin intereses), que ya supera el 3% del PIB y obliga a un endeudamiento que se encarece con el paso del tiempo, y ya alcanza alrededor de un 50% de la producción.
