En medio de bochorno legislativo, los diputados dieron vía rápida a la reforma fiscal del Gobierno

Entre gritos libertarios y frentamplistas, 39 diputados decidieron dar vía rápida al expediente 20.580.

Un bloque de 39 diputados de la Asamblea Legislativa aprobó esta tarde aplicar el artículo 208 Bis del Reglamento Legislativo (vía rápida) al expediente 20.580 que contiene el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a través de una moción que se discutió y se votó en medio de un bochorno legislativo.

El “espectáculo” contó con gritos y golpes sobre la mesa del Directorio por parte de las trincheras freanteamplistas y libertarias, que acusaron al presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, de apresurar la votación en condiciones confusas.

Los diputados alegaron que Ramírez impuso la lectura de la moción sin escuchar a los diputados antes o después de ese procedimiento; algo que Ramírez rebatió diciendo que no tenía por qué hacerlo, pues ninguno de los diputados molestos eran proponente de la carta.

De cualquier manera, los diputados corrieron en grupo hacia Ramírez cuando dio por discutida la moción y pidió a los diputados ocupar sus curules para votar el documento, algo que finalmente pasó sin que los congresistas que le bordeaban regresaran a sus posiciones. Ninguno votó con tal de no validar el proceso y la voz de Ramírez en los micrófonos apenas se escuchaba por el ruido que hacían todos congregados a su lado.

La moción finalmente contó con el apoyo de las fracciones en pleno de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC), que fueron acompañadas por Óscar López (PASE), Víctor Morales, Mario Redondo (PDAC), Alexandra Loría (PRN), Abelino Esquivel y el propio presidente del Directorio (PRC).

La discusión incluso provocó que el diputado Jorge Arguedas tirara un vaso desde su curul que llegó al piso frente al directorio; en medio de una tarde que estaba dispuesta a la discusión sobre el levantamiento de LA inmunidad de Celso Gamboa, pero terminó en el trámite de vía rápida y un escándalo de proporciones mayores.

Ya el diputado Otto Guevara, uno de los más alterados, anunció que pedirá junto con los demás diputados la nulidad del procedimiento; mientras que otros congresistas como el frenteamplista Edgardo Araya mostraron su total disgusto por considerar que pudo haberse adelantado esta votación para “comprar votos” en el caso del magistrado Gamboa.

Por su parte, el presidente Gonzalo Ramírez lamentó lo visto en el Plenario y señaló que los diputados que estallaron contra él simplemente buscaron “hacer lo imposible para que no se votara” el documento; algo que tachó como un irrespeto a la decisión de la mayoría.

“Si hay vicios en el procedimiento está la Sala Constitucional, pero no puede ser que alguien sólo porque crea que hay un vicio de procedimiento se vaya a la mesa principal a gritarle al presidente y le quite el micrófono para que no pueda continuar con la sesión. La moción estaba recibida y había que tramitarla”, remató.

Los diputados libertarios y frenteamplistas alegaron que la moción ni siquiera contaba con el recibido por parte de la secretaría y que la votación ocurrió pasadas las 5:00 horas de la tarde, tiempo para el que debía levantarse la sesión.

Otra que mostró su disgusto por el ambiente fue la jefa de fracción liberacionista, Karla Prendas, cuya bancada era la única que no había confirmado su apoyo a la vía rápida pero había adelantado a este medio que sólo faltaban pequeños detalles.

Prendas lamentó la reacción de sus compañeros a la votación de la mayoría, que “estuvo cerca de llegar a agresiones físicas” contra la dirección del parlamento.

“Lo que uno no puede concebir como diputada y como ciudadana es el espectáculo que acaba de pasar acá, pueden haber diferencias de criterios, pueden haber contradicciones y debates, pero no podemos permitir una agresión prácticamente física como la que hoy se dio y estos niveles de intolerancia de algunos compañeros”, se lamentó Prendas.

Muy molesto, el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, señaló que “la primera parte sólo estaba ampliada para conocer el caso de Celso Gamboa, pero sin decir nada se lanzan a una moción de vía rápida sin avisar. Aquí me queda claro una cosa, se negociaron votos del levantamiento de inmunidad de Celso Gamboa para votar la vía rápida, es mi única explicación”.

La moción

Entre las condiciones que incluyó el documento, una de las principales es la creación de una comisión que termine de dictaminar el proyecto en un máximo tres semanas, la cual será conformada por tres diputados del PLN, dos del PAC, uno del PUSC, uno del ML y otro de las fracciones minoritarias.

Esta comisión se reunirá de lunes a jueves de 9:15 am a 12:30 pm, podrá pactar dos sesiones extraordinarias por semana y contará con un trámite reglado para evitar contratiempos, con el objetivo de que no se frene la votación final del documento.

Entre los límites establecidos, se establecen medidas que aligeren la presentación de mociones y se establece que ningún diputado podría pedir la lectura de documentos, sólo que se consignen en actas. Todo esto evitaría los constantes retrasos, comunes en el trámite legislativo.

Además, se establece que las mociones de igual contenido se fundan para su discusión y se discutan con límites de tiempo; incluido el plazo fatal para el que “se tendrán por desechadas todas las mociones pendientes”.

Una vez superada esta parte del trámite, el Plenario conocería el documento dictaminado con sesiones de lunes a miércoles en el mismo horario de la comisión.

Finalmente, la discusión y la votación del proyecto se desarrollará con plazos de 10 minutos —en primer y segundo debate — para cada diputado.

Ya en discusión, el Plenario tendrá seis sesiones para conocer las mociones de reiteración y discutir por el fondo el proyecto; de modo que las restantes se voten sin debatirse en las sesiones siguientes.

Una vez conocido por el fondo el proyecto y todas sus mociones, la Presidencia del Congreso tendría como plazo límite la siguiente sesión a las 11:00 horas para dar por finalizado el trámite y someter a votación el documento en primer debate.

Texto completo: Mocion 208 Bis Fortalecimiento de las Fiananzas Públicas.

El trámite

Los contenidos

En cuanto a los impuestos, el proyecto de Fortalecimiento propone la transformación del actual Impuesto General de Ventas en uno de Valor Agregado, lo que implicaría el aumento del espectro de contribuyentes a sectores que hoy están desgravados, como es el caso de los servicios, uno de los más dinámicos en la economía del país.

El Gobierno primero planteó que este tributo no solo transformar, sino también aumentar su tarifa a un 15%; sin embargo, finalmente cedió a las propuestas de la mayoría de las bancadas, que aceptaron siempre un máximo del 13%. Se exceptuaría el cobro de los artículos de la canasta básica definidos por la propia Administración.

En cuanto al impuesto sobre la renta, el proyecto plantea extender la carga del 15% a las rentas de capital; con novedades como un aumento de dos tractos al tributo que pagan los salarios más altos, correspondientes a un 20% y un 25%.

Por su parte, en materia de empleo, el proyecto adhiere una reforma a la Ley de Salarios Públicos, con planteamientos como el salario único para jerarcas, regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, topes salariales y la conversión de las anualidades en un mecanismo de evaluación.

Por último, el documento también establece una regla fiscal que limitaría el crecimiento del presupuesto en cuatro intervalos, en relación con el crecimiento del PIB y el nivel de la deuda pública, según las posibilidades económicas registradas.

Con estas reformas, el Ejecutivo busca recortar entre 1,5 y 1,9 puntos del déficit fiscal que aqueja el país, de un 6,2% del PIB en 2017 y proyectado para un 7,1% este año. Esto permitiría dar un respiro, pero no una solución final, al problema de las finanzas nacionales,  un reto que quedaría para la próxima Administración.

El objetivo sería cerrar al menos el déficit financiero primario (sin intereses), que ya supera el 3% del PIB y obliga a un endeudamiento que se encarece con el paso del tiempo, y ya alcanza un 50% de la producción.


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