A diez semanas de desocupar sus curules, nada parece indicar que los diputados de la actual Asamblea Legislativa vayan a encontrar algún punto de encuentro para aprobar los proyectos de agenda fiscal con un mayor impacto. Los proyectos fiscales se encuentran en cuidados intensivos, como las propias arcas del Estado.
Por el contrario, todo apunta a que el problema será heredado -una vez más- de legislatura a legislatura. La diferencia es que, ahora, el próximo Gobierno tendrá menos margen para reaccionar que el que tenía -en 2014- la actual conformación en Cuesta de Moras, que recibió un desbalance del déficit fiscal del 5,4% de la producción.
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Actualmente, con un déficit del 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y proyectado a alcanzar un 7,1% para 2018, los 57 diputados parecen decididos a dejar las finanzas del país al borde del precipicio, sin grandes recortes al gasto ni generaciones de recursos suficientes.
Hasta la fecha, los acuerdos para la aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) son insuficientes y parecen desvanecerse, con lo que se concretaría un nuevo cuatrienio sin soluciones -siquiera parciales- de ningún tipo.
Dicho expediente es el último cartucho que le queda a estos diputados para frenar una deuda pública que ronda el 50% del PIB, una carga que -sin una pronta atención- amenaza a la sostenibilidad de los avances sociales del país y su institucionalidad de la que tanto se jacta.
Entre otras ideas, el Proyecto de Fortalecimiento incluye la tan mencionada transformación del impuesto de ventas en uno de de valor agregado (IVA), así como algunas reformas al impuesto de renta y al empleo público, y una regla fiscal que permitiría controlar el gasto a partir de la deuda adquirida.
Todo esto es el último intento del Ejecutivo para sanear la golpeada situación financiera o, al menos, para postergar la debacle.
No obstante, todo se encuentra pausado en el Plenario Legislativo, donde apenas se discute la iniciativa de regla fiscal constitucional (expediente 20.179), cuya aprobación en primer debate es la moneda de cambio que pide la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para aprobar una vía rápida a nuevos impuestos.
Así lo confirmó la diputada Rosibel Ramos la semana pasada a este medio, cuando manifestó que es un acuerdo de “dando y dando”. A estas palabras, se sumaron las del diputado Luis Vásquez, quien confirmó que la aprobación en primer debate sería un requisito para dar marcha a la iniciativa del Ejecutivo.
Vásquez aseguró que, desde su bancada, no daría el visto a nuevos impuestos hasta aprobada la regla fiscal, pues “quieren ver la responsabilidad de las demás bancadas para avanzar”, en medio de una votación que se encuentra en un punto muerto.
La bancada del Frente Amplio (FA) se opone abiertamente a la regla fiscal del PUSC y ya presentó 44 mociones para bloquear el proyecto.
Sobre esta maniobra, el jefe de fracción frenteamplista, Francisco Camacho, comentó que “no sólo están presentando mociones por molestar”, sino que se trata de un desencuentro directo contra el proyecto, pues abriría portillos para incumplimir obligaciones estatales o realizar recortes antojadizos.
Las diferencias frenteamplistas de fondo con el proyecto son tan intensas como lo son también por tratarse de una especie de “llave” para nuevos impuestos, mediante un proyecto que califican como una imposición regresiva.
En el tema de nuevos impuestos, el proyecto del Ejecutivo además cuenta con la contraparte, como es costumbre, del diputado libertario Otto Guevara, quien ya manifestó que está listo para bloquear desde su frente cualquier propuesta que implique nuevas cargas tributarias.
También queda en el aire el apoyo de bancadas minoritarias y los diputados independientes a los proyectos fiscales, ya que juntos suman 11 votos que podrían ser cruciales si el PUSC no acepta dar una vía rápida al Proyecto de Fortalecimiento.
Así las cosas, como resultado, todo queda en un ambiente de intriga y en una parálisis, mientras se observa en el horizonte la tendencia creciente del déficit y la deuda si no se toman medidas.
La carta del PLN
Por la cantidad de tiempo que queda a los actuales legisladores, la opción de una vía rápida para el expediente 20.580 parece la última salida posible para sacar adelante el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este sería la única aprobación que generaría recursos frescos para el Estado en un futuro cercano.
Esta iniciativa ha sido impulsada por el oficialismo (tanto por el Gobierno y como su bancada) con el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN), en términos generales. Sin embargo, esta agrupación aún no ve “viable” aprobar una vía rápida, según confirmó la jefa de fracción, Karla Prendas.
La congresista además señaló que “no sabe si será posible” llevar a votación la regla fiscal y, mucho menos, el proyecto de Fortalecimiento, al tomar en cuenta que las negociaciones han sido difíciles y quedan “observaciones importantes” por agregar.
“El panorama es de incertidumbre y la vía rápida todavía no es real en la Asamblea Legislativa; si ni siquiera estamos pudiendo aprobar algo en lo que se suponía que ya había acuerdo (regla fiscal), ahora con el Fortalecimiento de Finanzas Públicas es aún menos viable”, argumentó.
Para dar vía rápida al proyecto de Fortalecimiento, se necesitaría el voto favorable de al menos 38 diputados, algo que sólo se conseguiría con la unidad del PAC, el PLN y el PUSC, agrupación que aún espera la complicada aprobación de su reforma constitucional.
En caso de una negativa del PUSC por no aprobarse su regla fiscal, todo quedaría en manos de las bancadas minoritarias; no obstante, el apoyo del PLN, como bancada más amplia, es indispensable para aplicar el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, un procedimiento especial que permite poner límites a la discusión y votación de proyectos legislativos.
Por el momento, la inactividad parlamentaria descrita por Prendas se ha evidenciado en las últimas semanas con rompimientos de quórum y la imposibilidad de iniciar sesiones parlamentarias. Un contexto inhóspito para encontrar soluciones.
Mientras tanto, la regla fiscal sigue estancada en el Plenario y el proyecto de Fortalecimiento hace lo propio en la Comisión de Hacendarios. “No hay coordinación entre fracciones, no hay acuerdo entre sectores y eso imposibilita cualquier acuerdo para un trámite rápido”, afirmó Prendas.
Esperanza oficialista
Por parte del oficialismo, representado en el Congreso por los 12 diputados de su fracción, la tónica parece ser una resignación en la que solo queda la esperanza de una solución que aún no parece factible.
Al respecto, el jefe de fracción, Javier Cambronero, comentó que “el espacio es bastante reducido para maniobrar”, lo que implica la necesidad de priorizar discusiones, como podría ser el expediente 19.144, otra regla fiscal que limita la creación de gastos sin fuentes de financiamiento.
Sobre la regla fiscal propuesta por el PUSC, indicó que “tiene importantes tropiezos”, por lo que sería importante evitar el “entrabamiento” y continuar con otros temas. “Si hay un proyecto que bloquea el resto de la agenda, deberíamos de ser más patrióticos, más cívicos y demócratas para avanzar con Fortalecimiento”, aseveró.
Según Cambronero, el proyecto de Fortalecimiento “permitiría recortar el déficit entre un 1,5% y un 1,8% del PIB y que el Estado siga funcionando”, por lo que “debería haber mayor pragmatismo del PUSC para entender la situación y armonizar voluntades”.
Además, señaló que confía “plenamente” y se mantiene “muy activo” para generar acuerdos, de modo que se pueda dar vía rápida a la Ley de Fortalecimiento antes de finalizar este periodo. Por el momento, el tiempo es reducido, pues la reforma acorta el proceso, pero no puede disminuirlo completamente.
Por su parte, el diputado Ottón Solís, uno de los más activos en el proceso de reformas fiscales, mencionó que “tiene una angustia interna” de irse sin dejar arreglado el problema. Por ello, ha buscado impulsar el expediente 20.580 y fortalecerlo con 25 mociones que, bien reconoce, pueden no ser aprobadas.
Las mociones buscan elevar la tasa del IVA a un 16%; gravar zonas francas; establecer cargas a las remesas empresariales al extranjero y reducir pesos por obligaciones estatales. Este último se enfoca en reducir la curva de crecimiento de los salarios y las pensiones.
“Yo quisiera dejar un buen proyecto con un primer debate, por lo menos, y para eso se necesita un 208 bis. Todo es muy complicado, pero yo empecé a luchar para que arregláramos el problema desde el día que llegué aquí y me voy a ir con eso”, concluyó.
