Vía rápida en Asamblea Legislativa

La última esperanza del Gobierno para sus proyectos fiscales

Desde la Administración Solís se analizan las próximas dos semanas como un plazo fatal para alcanzar el procedimiento abreviado. De lo contrario, no quedaría tiempo.

En las próximas semanas el Gobierno se jugará sus últimas cartas para dar una solución -cuando menos parcial- al descontrol financiero que vive el país. La única opción es alcanzar un consenso con todas las fuerzas políticas del Congreso, para dar una vía rápida al expediente 20.580 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La situación es complicada por la división de criterios en el Parlamento; sin embargo, el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, asegura que la Administración Solís Rivera buscará un acuerdo por todas las vías, hasta agotar las posibilidades.


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La aprobación de este proyecto ha sido la principal prioridad del Gobierno desde hace ya un par de años. Así lo reconoció el presidente Luis Guillermo Solís, quien expresó su deseo de sanear la condición de las arcas estatales.

Al respecto, el viceministro Mora, uno de los principales interlocutores del Gobierno ante la Asamblea en esta materia, afirmó que el panorama ideal sería lograr “la aprobación de un 208 bis para el 20.580 y eventualmente para el 19.144”. Estos proyectos todavía son viables y no requieren de un consenso extendido, como en el caso de la regla fiscal constitucional del PUSC.

“Todos son proyectos en los que sus opositores probablemente utilicen prácticas obstruccionistas con el fin de evitar su aprobación. Pero la diferencia con la reforma constitucional es que el reglamento no permite que existan procedimientos especiales para ese tipo de trámites (como las vías rápidas)”, apuntó.

De cualquier manera, el panorama en busca de acuerdos finales parece complicado, ya que estos se desarrollan en medio de un ambiente en el que lo único que ha cambiado es la premura del tiempo. Este factor, según Mora, podría ser un punto clave.

“El sentimiento de que se nos agota el tiempo podría hacer la diferencia”, comentó.

En esta línea, Mora además afirmó que el trabajo del Gobierno será seguir conversando con las fracciones hasta llegar a un punto de encuentro o hasta que no quede tiempo, pues el plazo está pronto a cumplirse, según el propio viceministro.

La opción de la vía rápida tendría apenas dos semanas para continuar siendo una estrategia viable. Esto debido a que antes de Semana Santa habría que dejar todo listo para cumplir con el derecho de participación de los diputados, al menos unas cuatro o cinco semanas de discusión.

Por el momento, la estrategia es seguir en conversaciones directas con las bancadas, con el objetivo de abrir un portillo para la reforma estrella de la Administración.

“Vamos a tratar de realizar una reunión esta semana, con los jefes de fracción, el equipo de Hacienda y los encargados de temas fiscales de las fracciones, para ver si aclaramos las dudas en relación con esos tres proyectos”, subrayó.

Las comunicaciones han sido constantes y la presencia del Ministerio de la Presidencia ha sido reiterada en las últimas semanas en reuniones de jefes de fracción; sin embargo, el tiempo es cada vez más reducido para saldar la deuda del Gobierno con el proyecto que considera más importante.

“Hemos avanzado varios proyectos fiscales, hemos logrado la aprobación de nueve de ellos; algunos tan importantes como el impuesto a las sociedades jurídicas, el de fraude fiscal, el de caja única y el límite de las pensiones. Pero el proyecto principal que se nos ha quedado por fuera es este”, aceptó Mora.

Este martes, el presidente Solís se reunió con el presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, con quien acordó buscar consensos para alcanzar la vía rápida, fortalecer los canales de comunicación entre las partes una vez se aprobara el procedimiento y efectuar la convocatoria de proyectos de interés en Cuesta de Moras.

Este será el último intento. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.



¿Qué dicen los expedientes?

Los principales proyectos de ley en agenda fiscal legislativa son los expedientes 20.580, 20.179 y 19.144. El primero es un paquete de iniciativas en aspectos tributarios y de gasto; mientras que los otros son dos reglas fiscales; el segundo a través de una reforma constitucional y el tercero mediante una reforma al reglamento parlamentario.

Expediente 20.580

Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

El Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es la mayor apuesta del Gobierno en temas fiscales. Se trata de un proyecto que presentó a finales del año pasado, con el que se busca paliar la complicada situación financiera que vive el país. Este incluye varias iniciativas que el Ejecutivo planteó en otras ocasiones, pero ahora se presentan con alcances reducidos.

El documento es el que tiene un mayor impacto a corto plazo, principalmente por sus medidas en materia tributaria. Aunque también incluye reformas a las anualidades y una regla fiscal que permitiría controlar el crecimiento del gasto en relación con la magnitud de la deuda pública.

En cuanto a los impuestos, el proyecto propone la transformación del actual Impuesto General sobre las Ventas en un Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo que implicaría el aumento del espectro tributable a sectores que hoy están desgravados, como es el caso de los servicios, uno de los más dinámicos en la economía actual del país.

El Gobierno primero planteó que este tributo no solo se transformara, sino que también aumentara su tasa a un 15%; sin embargo, finalmente cedió a las propuestas de la mayoría de las bancadas, que aceptan un máximo del 13%. Se exceptuaría el cobro de los artículos de la canasta básica, definidos por la propia Administración.

En cuanto al impuesto sobre la renta, el proyecto plantea extender la carga del 15% a las rentas de capital, que se cobran en la compra de acciones o certificados; así como aumentar en dos tractos el tributo a los salarios más altos. Eso permitiría realizar cobros de un 20% y un 25% más allá del monto antes mencionado.

Por su parte, en materia de empleo, el proyecto adhiere una reforma a la Ley de Salarios Públicos, con planteamientos como el salario único para jerarcas, regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, topes salariales y la conversión de las anualidades en un mecanismo de evaluación.

Además, el documento establece una regla fiscal que limitaría el crecimiento del presupuesto en cuatro intervalos, en relación con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de la deuda pública, según las posibilidades económicas registradas.

Con estas reformas, el Ejecutivo buscaría cortar el déficit en un aproximado de 1,5 puntos porcentuales, cifra que permitiría dar un respiro, pero no una solución final, al problema. Este sería un reto de la próxima Administración, si desea realizar un planteamiento integral.

El objetivo sería cerrar al menos el déficit financiero primario (sin intereses), que ya supera el 3% del PIB y obliga a un endeudamiento que se encarece con el paso del tiempo.

Expediente 20.179

Reforma de los artículos 176 y 184 de la Constitución Política

La reforma constitucional de los artículos 176 y 184 de la Constitución Política es una iniciativa ya dictaminada que impulsa la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y que se discute actualmente en el Congreso.

Específicamente, indica que “cuando los gastos autorizados en el presupuesto ordinario o en los presupuestos extraordinarios del mismo año superen los ingresos tributarios probables en más del 3% del Producto Interno Bruto, la aprobación del presupuesto requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea”.

Con esto se espera poner un tope al crecimiento del gasto que, de ser superado, deberá paliarse con “reglas de contención de los gastos ordinarios y de subejecución presupuestaria”.

Para ello, el proyecto plantea cláusulas obligatorias que limiten “gastos no esenciales” y la aplicación de exoneraciones o subsidios, así como algunas otras que contengan la creación de empleo público y sus beneficios. También abre la puerta para ajustar las obligaciones previstas por ley con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario.

Asimismo, el proyecto define que estas, entre otras medidas, serán aplicables cuando el endeudamiento del Estado supere el 60% del PIB. Además, añade que en caso de no aprobarse el presupuesto de un año regirá el pactado para el periodo anterior.

Otro punto controversial del proyecto es que abriría la posibilidad de que el presupuesto fije “límites máximos” a su priopio crecimiento y al crecimiento del empleo público en las instituciones autónomas, algo que la Contraloría General de la República tendría que vigilar.

Expediente 19.144

Principio de Responsabilidad Presupuestaria

Este proyecto, presentado en la corriente legislativa por la diputada liberacionista Paulina Ramírez, con la firma del oficialista Ottón Solís, establece que “toda iniciativa” que implique el aumento del gasto público deberá contener “en forma expresa y detallada” la identificación precisa de la fuente o el origen de los recursos con los que será cubierta.

En esta línea, adhiere el artículo 113 bis, en el que apunta que “los proyectos que dispongan genéricamente el origen de los recursos a cargo del Presupuesto Nacional, deberán identificar con precisión las partidas presupuestarias de las que se tomarán los recursos para financiar dichos gastos”.


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