Este biólogo, con amplia trayectoria en las luchas sindicales de la Universidad, aboga por una mayor transparencia sobre la negociación del FEES al informar a la comunidad universitaria.
Rodrigo Aymerich se considera un luchador permanente, pues la lucha ha sido una constante durante su estancia en la Universidad de Costa Rica, donde un caso de acoso laboral lo llevó a involucrarse en el movimiento sindical; al respecto, asegura que mantendría esa tónica si llegara al Consejo Universitario como representante del sector Administrativo.
Para este Biólogo de formación, es “vergonzoso” que la Universidad de Costa Rica tenga más de un 60% de funcionarios en condición de interinos, y criticó la tercerización de algunos servicios como los de limpieza, a los que identificó como “los azules y anaranjados”.
Sobre estas empresas contratadas, Aymerich aseguró que pagan salarios mínimos pese a recibir una buena ganancia por su contrato con la Universidad, “lo que no habla muy bien de nuestro rol social”.
“En el sector administrativo vamos a estudiar todos estos proyectos de Fundevi, de azules y anaranjados, y también por qué no se cumple la convención que dice que pasado el tiempo de ley, si las plazas están en presupuestos ¿por qué no se empiezan a hacer en propiedad? Por ahí, al menos debemos empezar”, comentó.
Otro aspecto que Aymerich desea corregir es la falta de participación administrativa en la Asamblea Colegiada y el voto universal, pese a que este grupo de trabajadores lleva sobre sí una enorme responsabilidad en la gestión institucional.
Respecto a la propuesta de bajar la anualidad del 5,5% al 3%, Aymerich asegura que durante dos años la administración estuvo “vendiendo” la idea de que ese factor haría colapsar la Universidad para el 2015.
“Creo que usted y todos los que leen este reportaje saben que no hay una crisis, se va a botar el edificio de Derecho y hay $23 millones para volverlo a levantar, en buena hora, no critiquemos la construcción; pero, si hay dinero para construcción y para viajes, quiere decir que no hay una crisis, porque cuando hay una crisis, toda la familia se amarra la faja”, aseguró.
Para este candidato, se debe “rescatar” el deber del Consejo Universitario de fiscalizar y ser parte de la gestión, “no ser una caja de resonancia del deseo de la Rectoría”, acotó.
“La mayoría aquí no gana 2, 3, 4 o 5 millones; gana 300.000, 400.000, o 500.000; precisamente los compañeros docentes y administrativos interinos. Entonces, ¡qué curioso que quieran tocar la mayoría y no se cuestionan la escala de salarios!”, indicó.
Sobre la renegociación de la Convención Colectiva, Aymerich indicó que la UCR tiene un acuerdo muy balanceado, sin mayores regalías; pero adolece de aspectos importantes como la salud ocupacional, donde no hay un sistema de “médico de empresa” y no hay datos claros sobre los accidentes laborales en la Institución.
De la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), Aymerich apostó porque haya una mayor apertura y transparencia de la administración en esta negociación: “Parte de la estrategia de trabajo es hacer foros, hacerlos de verdad, porque siempre se prometen, pero nunca se han cumplido, yo voy a cumplir eso”, aseguró.
En el tema de acoso laboral, Aymerich comentó que él es parte de la Junta de Relaciones Laborales, por lo que conoce de cerca muchos casos que llegan a esta entidad y al Sindicato de Empelados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu).
Lamentó que en la UCR muchos de estos casos tomen hasta tres años en resolverse y las sanciones que se establecen, en muchos casos, no son justas para el trabajador que es víctima de este tipo de situaciones.
Sobre la situación del rector Henning Jensen y los cuestionamientos recibidos tras el caso del Centro Infantil Laboratorio, Aymerich insistió en la necesidad de que haya transparencia en la Universidad para investigar lo sucedido.
“En este momento difícil, incómodo y vergonzoso, es necesario ser transparentes porque la autonomía universitaria es libertad de cátedra y libertad de expresión, pero tenemos obligación de cumplir las leyes. Si aquí entran oficiales de cuerpos oficiales para una investigación, es nuestro deber abrir las puertas, obviamente con la coordinación del caso, pero no lo podemos impedir porque estaríamos dando un mensaje muy equivocado a la comunidad nacional”, expresó.
