Universitarias Mideplan insiste en incluir a las universidades públicas en el proyecto

Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

Las universidades se comprometen a generar un sistema de empleo público en el marco de la autonomía universitaria.

Los rectores intentan conciliar entre los diputados una moción que dejaría por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) a las universidades estatales, según explicó Francisco González, rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

En las últimas semanas, González en conjunto con el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez, y otras autoridades universitarias, ha sostenido reuniones con algunos diputados para ver la viabilidad política de la propuesta.

Uno de los puntos es que los centros de educación superior se comprometerían en diseñar un sistema de empleo público que permita reducir el gasto y hacer más eficiente el manejo de los recursos públicos.

“Hemos logrado impulsar una moción que lo que propone es que se excluya a las universidades de este proyecto de ley y que nosotros asumimos el compromiso de generar un sistema de empleo público universitario en el marco de la autonomía”, aseveró el rector de la UNA.

El impulso de esta moción viene precedido de las preocupaciones que el Conare ha expresado que tiene acerca de las posibles consecuencias que tendría la eventual aprobación del proyecto de ley con la redacción actual, en la cual se incluye a las universidades estatales.

“El contribuyente seguirá esforzándose por pagar cada día más impuestos directos e indirectos, pero será atendido por un Estado cada vez más débil en su gobernanza”, Conare.

Entre estas preocupaciones se encuentra el hecho de que el Ministerio de Planificación (Mideplan) pudiera convertirse en el ente rector de las universidades en materia de empleo público y que pudiera hacer los nombramientos de personal en estas instituciones, según rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez.

“Nosotros creemos que este proyecto roza totalmente con este artículo (84 de la Constitución Política) y otras situaciones de índole técnico como que se convierta el Servicio Civil o en su defecto el Mideplan en ese ente rector de las universidades. Nosotros no vemos bajo ninguna circunstancia a alguna de estas dos instancias determinando a quién contratar o a quien no contratar en una universidad pública”, expresó Gutiérrez.

Otras consecuencias

Desde hace varias semanas, diferentes expertos han señalado los roces que tendría la inclusión de los centros de educación superior estatal en el proyecto en torno a su organización y administración interna.

Ana Lucía Valencia, directora de la oficina jurídica de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), explicó que la iniciativa eliminaría el régimen de méritos y reconocimientos, que permite a las universidades públicas competir con las privadas e internacionales en cuanto a los salarios de sus profesionales, lo cual podría generar una fuga de cerebros.

Para Giovanni Beluche, coordinador de la programación humanística de la Universidad Técnica Nacional (UTN), con el proyecto se desestimulará el desarrollo profesional de las personas académicas ante la falta de oportunidades de mejora salarial y de estabilidad laboral, al tiempo que se arriesgan los programas de becas y la extensión social, y define los procesos de reclutamiento de las universidades.

José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, tiene la tesis de que la fijación inicial de la remuneración global debe considerar la sostenibilidad financiera y los servicios públicos asociados. Cordero recordó que la Contraloría “advierte que, no por estar tratando de organizar el empleo en el sector público se puede afectar el funcionamiento y la calidad de los servicios que prestan las instituciones públicas”.

En ese sentido, el Conare expresó que la eventual aprobación del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, generaría un escenario en el que “el contribuyente seguirá esforzándose por pagar cada día más impuestos directos e indirectos, pero será atendido por un Estado cada vez más débil en su gobernanza, menos eficiente en la prestación de sus servicios y con personal limitado para el ejercicio de sus competencias profesionales”.

Contención de gastos

Por otro lado, el presidente del Conare explicó que las universidades ya realizan acciones tendientes a responder a la situación de crisis económica nacional y de sostenibilidad financiera.

Recordó los aportes dados por las universidades al Bono Proteger, impulsado por el Gobierno para ayudar económicamente a las personas más vulnerables, desempleadas y en condición de pobreza extrema.

Entre las medidas que Conare comunicó se encuentra:

  • Dedicaciones exclusivas solo para personas licenciadas y según el interés institucional.
  • Disminución de plazas administrativas.
  • Disminución del porcentaje de dedicación exclusiva.
  • Restricción y reducción del pago por tiempo extraordinario.
  • Revisión y reducción de cargas académicas para la asignación de jornadas.
  • Reducción de cuartos de tiempo adicional en académicos.
  • Disminución en porcentajes y regulaciones para el incentivo por mérito académico para personal administrativo.
  • Revisión y ajuste de normativa para carrera profesional o administrativa y régimen académico.

Falta de datos

Francisco González criticó el desconocimiento que hay sobre el posible ahorro que generará el proyecto de ley porque carece de un estudio particular.

“De generarse un ahorro, ese ahorro nosotros (en las universidades) lo invertimos en la misma universidad. Es un error considerar que el ahorro en la inversión de la educación superior no debe dejarse dentro de la misma universidad. ¿Nosotros qué hacemos en la Universidad cuando nos sobra dinero? Lo invertimos en equipamientos, en becas, en más cupos”, comentó.

Pilar Garrido, ministra de Planificación, comentó a UNIVERSIDAD que “se estima que el ahorro promedio anual de la primera década, para el caso de las universidades, asciende al 0,06% del PIB”. Sin embargo, desde el Mideplan no se brindó ningún documento en el que se reflejara el estudio particular respecto del caso de las universidades.

Garrido también explicó que “el dinero que ahorren las universidades podrá destinarse a otros fines que permitirán mejorar tanto, la calidad y la sostenibilidad de la educación superior como los aportes que esta realiza al desarrollo nacional”.

González responde que las medidas que las universidades ya han ido tomando son más efectivas para responder a la situación de crisis nacional que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

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