El próximo Gobierno de la República deberá tomar las riendas de una Costa Rica con un panorama económico complicado, especialmente tras la pandemia de la COVID-19, que retará en los temas de inflación y desempleo, según el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Juan Robalino Herrera.
Inflación
En febrero pasado, la inflación calculada con el índice de precios al consumidor (IPC), obtuvo una variación interanual de 4,90%; el segundo dato más alto en los últimos diez años.
“Ese es un primer reto importante, porque la inflación está alta y está alta porque después de la eliminación de las restricciones sanitarias ha habido un aumento bastante sustancial en la demanda de bienes y servicios, y eso ha tirado los precios por encima”, manifestó Robalino a UNIVERSIDAD.
El economista indicó que esto se deberá tomar en cuenta al realizar el nombramiento del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), además de que será importante controlar el aumento de los precios o, en su defecto, mejorar los salarios: “Es una cosa que hay que resolver relativamente pronto y no va a estar tan fácil resolverlo”.
Director del IICE sobre Empleo Público: “No es tan claro que vaya a contribuir en el déficit fiscal ni tampoco tan claro que vaya a tener un efecto sobre la economía”.
El académico explicó que “hay montones de espacios” donde la producción no ha aumentado rápidamente, lo que provoca que los precios suban “porque la oferta no puede responder a la misma velocidad”, de modo que una posibilidad para resolverlo es generar políticas para “flexibilizar el aumento en la producción”.
Falta de empleo
Igualmente, el experto puso el desempleo como uno de los temas que se deben atender con mayor prioridad; un problema que en marzo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) posicionó en 13,1%, lo que equivale a unas 319 mil personas.
“Los niveles de desempleo todavía están por encima de los niveles anteriores a la pandemia, entonces ese es uno de los principales retos a los que se tiene que enfrentar el nuevo Gobierno. La solución no es tan simple, porque tiene que generar empleos para las personas que están desempleadas”, indicó Robalino, quien señaló que no basta con “abrir zonas francas y nuevos empleos que requieran inglés”.
“Hay que buscar alternativas para que las personas que estén desempleadas vuelvan al trabajo, la recuperación económica en términos de producción ha sido bastante fuerte y bastante rápida, pero en términos de empleo no lo ha sido y los niveles de informalidad se han mantenido altos”, manifestó el director del IICE.
Sistema tributario
Para Robalino, el tema de las finanzas públicas debe ser atendido, especialmente en torno a la recaudación de impuestos: “Los números de las finanzas públicas este año se ven mucho mejor que los años anteriores, inclusive mejor que algunos de los años antes de la pandemia, sin embargo, el sistema tributario todavía es bastante ineficiente y bastante regresivo”.
El economista señaló que la forma en que los bienes están tasados actualmente “genera mucha pérdida de bienestar”. Como ejemplo, el especialista dijo que el mercado laboral está muy cargado de impuestos y cargas sociales, lo que dificulta generar nuevos empleos, mientras que hay otros mercados que están exonerados:
“Eso causa ineficiencias. Si hubiera una mejor redistribución de los impuestos entre los mercados, podría mejorar la eficiencia, reducir el desempleo y mejorar el bienestar. Además, el sistema es bastante regresivo; todavía dependemos muchísimo de los impuestos indirectos”, agregó el experto.
Empleo Público y regla fiscal
Un par de retos, tan importantes como polémicos, que el director del IICE puso sobre la mesa son la aplicación tanto de la nueva Ley de Empleo Público (10159) como de la regla fiscal, establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
En cuanto a Empleo Público, Robalino señala que el Ejecutivo tiene todo un desafío para definir cuáles serán los salarios globales y de qué forma se aplicarán a las diferentes categorías de empleos que vayan a existir: “Eso es un reto complicado, y las decisiones que se tomen ahí van a tener repercusiones importantes en términos de eficiencia, de equidad, inclusive de pérdida o ganancia de personal”.
El experto explicó que las decisiones que se tomen van a ser determinantes, ya que hay un grado importante de incertidumbre: “No es tan claro que vaya a contribuir en el déficit fiscal ni tampoco tan claro que vaya a tener un efecto sobre la economía, porque no van a crecer los salarios; eso está en manos del Ejecutivo”.
Sobre la regla fiscal, el economista indicó que se debe revisar la implementación que se hace actualmente, ya que se están imponiendo las mismas limitaciones a todas las instituciones, cuando “lo ideal” sería que se limite más a las instituciones donde el impacto genere menos repercusiones para la sociedad y, en la misma línea, se limite en menor medida a las instituciones donde el efecto tiene mayores consecuencias para el bienestar de las personas:
“Por un lado, puede ser visto como una oportunidad para mejorar la eficiencia del sector público si se hace en forma inteligente. Si se hace a rajatablas, entonces puede tener efectos perjudiciales sobre la economía, sobre el bienestar, sobre los niveles de pobreza…”, dijo Robalino.
Retos para las universidades
Las universidades públicas también tienen un panorama complicado para los próximos años, según el director del IICE-UCR:
“Nosotros calculamos, aquí en el Instituto, que iba a haber una restricción presupuestaria por lo menos por los próximos cuatro o cinco años, por la implementación de la regla fiscal a las instituciones autónomas, pero igual eso al final queda en manos de cómo el Ejecutivo va a implementar la regla”, aseveró Robalino.
El experto aseguró que la situación dependerá de la implementación que se haga de la regla fiscal, así como de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el cual se debe negociar de forma quinquenal y no puede ser reducido respecto del año anterior, según lo que establece la Constitución Política.
El especialista concluyó afirmando que el panorama para las universidades públicas no parece muy positivo: “Lo que deben hacer las universidades públicas ahora es tratar de ser más eficientes, pero también buscar otras alternativas para generar recursos”.
