El Consejo Nacional de Rectores (Conare) envió, el pasado 14 de junio, un oficio a la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, en el que se manifiesta la preocupación de las cinco universidades estatales ante la publicación, en enero, del Decreto 42798-H, que dicta rigurosas medidas para el control y la reducción del gasto público.
Si bien existe un oficio enviado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), donde se aclara que las universidades no deben aplicar las medidas que estipula el edicto, no hay ningún documento que señale si las limitaciones aplican sobre las transferencias que el Gobierno hace a estos centros de educación superior, como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Es por esto que los rectores extendieron su inquietud con la ministra Dinarte, ya que existe incertidumbre sobre la última situación descrita, respecto de la afectación de las transferencias por parte del decreto:
“Estamos alerta, por si tuviéramos que adoptar medidas para salvaguardar los artículos constitucionales que garantizan el presupuesto universitario”, Gustavo Gutiérrez, rector de la UCR.
“Surge en las universidades la preocupación de su aplicación sobre las diferentes transferencias corrientes incluidas en el Presupuesto Nacional para las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal (Iesue). Esto no solo para el FEES y la transferencia a la Universidad Técnica Nacional (UTN) consideradas en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP), sino también para otras presupuestadas en este ministerio y en otros órganos del Presupuesto Nacional”, reza el documento de Conare.
El decreto establece limitaciones a las diferentes transferencias que el Gobierno hace, por lo cual, según el economista y docente de la UNA, Fernando Rodríguez, esta normativa impediría que crezca el presupuesto de las universidades, a menos que se tomen recursos provenientes de otras partidas de transferencias, como por ejemplo los programas sociales.
Al respecto, el rector del Tecnológico de Costa Rica (TEC), Luis Paulino Méndez, expresó a UNIVERSIDAD que esta es la principal inquietud que se discute en el seno de las instituciones de educación superior pública.“La gran preocupación es que nos pongan a pelear internamente, que haya que quitarle al MEP para mantener el presupuesto del FEES”.
Méndez también comentó que el ministro de Hacienda, Elián Villegas, había expresado en enero, durante la reunión de la Comisión de Enlace, que el decreto no iba a afectar a las universidades y esto quedó consignado en la minuta; sin embargo, los rectores aún “no tenemos las minutas firmadas”.
UNIVERSIDAD consultó a Hacienda si las transferencias que el Gobierno hace a los centros de educación superior se verían afectadas por el decreto, a lo cual el viceministro de Egresos, Isaac Castro, contestó a través de la oficina de prensa:
“El decreto sí aplica al Presupuesto Nacional, por tanto, las transferencias corrientes son rubros del presupuesto que están afectadas a la aplicación del decreto”.
En el oficio enviado por Conare al Gobierno se solicita que en el decreto se incluya explícitamente, que las medidas no aplican a las transferencias que se hacen a las universidades.
Igualmente, Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), expresó a este semanario que las universidades están atentas a lo que suceda.
“Como es normal en la poquísima relación que tiene la universidad pública con el Gobierno de Carlos Alvarado, las autoridades de Hacienda han asegurado que dicho decreto no afecta al FEES; pero estamos alertas, por si tuviéramos que adoptar medidas para salvaguardar los artículos constitucionales que garantizan el presupuesto universitario”.
La siguiente reunión de la Comisión de Enlace está programada para el próximo martes 6 de julio, según Gutiérrez.
