Con más de ¢69 mil millones menos de lo planificado en sus arcas, la Universidad de Costa Rica arranca este 2020 con el presupuesto ordinario más bajo desde el 2015.
El Consejo Universitario aprobó este martes 27 de enero el ajuste al presupuesto ordinario institucional para este año, de poco más de ¢291 mil millones, a pesar de que la propuesta original aprobada por el órgano en setiembre, rondaba los ¢300 mil millones.
Este recorte responde a que el pasado diciembre la Contraloría General de la República (CGR) archivó sin trámite el presupuesto ordinario presentado por la casa de enseñanza, pues no se incluyó certificación de la Secretaría Técnica de la Administración Presupuestaria (STAP), la cual garantiza el cumplimiento de la regla fiscal establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre de 2018.
De acuerdo con las instrucciones provistas por la Contraloría, las autoridades universitarias se vieron obligadas a ajustar el presupuesto a los ingresos y egresos correspondientes al 2019, sin poder adaptar el presupuesto a las necesidades actuales de la Universidad.
La directora del Consejo Universitario, Madeline Howard, explicó que los ajustes implicaron plantear un presupuesto inferior, pero que se espera ajustarlo a lo largo del año a través de dos presupuestos extraordinarios y, de ser necesario, una modificación presupuestaria, para garantizar el cumplimiento del Plan Anual Operativo. Estos mecanismos, sin embargo, podrán aplicarse hasta que se esclarezcan sus requisitos de aprobación.
Así, indicó, en el primer presupuesto extraordinario se alcanzarán los montos originalmente propuestos en el presupuesto ordinario de 2020 y en el segundo se incluirán los superávits libres y específicos.
En consecuencia, todos los aumentos salariales de la institución se encuentran congelados. Carlos Araya, vicerrector de Administración, indicó que estos ajustes se realizarán hasta el momento en que esté aprobado el presupuesto extraordinario, en el que se incluyan las partidas correspondientes y que la administración universitaria está ejecutando esfuerzos para impedir mayores afectaciones.
Carlos Méndez, representante del área de Ciencias Agroalimentarias ante el Consejo Universitario, explicó que proyectos como construcción de edificaciones o compras de equipo no arrancarán hasta que se concrete la aprobación de estos presupuestos extraordinarios.
Las autoridades universitarias sostienen que el requisito de la certificación ante la STAP no se cumplió porque violenta lo establecido en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, que garantizan la autonomía universitaria y el mecanismo de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior. Por esta razón, el Consejo Nacional de Rectores interpuso una acción de inconstitucionalidad ante Sala Constitucional el año pasado sobre la aplicación de la regla fiscal.
Méndez profundizó indicando que, en su opinión, la Contraloría decidió archivar la propuesta presupuestaria como una “revancha” por el desacato que supone la negativa de las universidades de someterse a la STAP.
Vida Estudiantil y Acción Social llevan mayor golpe
Para cumplir con lo establecido por la Contraloría, la administración universitaria tuvo que recortar más del 19% de las partidas propuestas inicialmente. Si bien los mayores ajustes proporcionalmente se realizaron en los gastos de la administración y dirección superior, en lo que a programas se refiere, el mayor golpe fue para Vida Estudiantil y Acción Social.
Ambos rubros representan ya un porcentaje pequeño en comparación con las vicerrectorías de Docencia (con una inversión del 35,84% del presupuesto) e Investigación (14,98%). Acción Social recibe anualmente alrededor del 3% de la cartera universitaria y Vida Estudiantil alrededor del 8%.
No obstante, al aplicar los ajustes, los programas de docencia e investigación solamente fueron disminuidos en el 3,76% y 3,54% respectivamente, mientras que Vida Estudiantil contará con 6,62% menos de los recursos solicitados y Acción Social con el 5,9% menos.
El vicerrector de administración explicó que el proceso de ajuste fue un trabajo conjunto y coordinado entre la Oficina de Planificación Universitaria y la Oficina de Administración Financiera, con el objetivo de “afectar en la menor medida posible la operación de las unidades ejecutoras”.
Tras estudiar la resolución de la Contraloría, dijo, se procedió a depurar según el origen de los ingreso (Fondos Corrientes, Fondos del Sistema y Vínculo Externo, respectivamente). Además, se excluyeron los ingresos y egresos que solo tuvieron eficacia para el 2019 (como el superávit del 2018). Así, explicó, este presupuesto final del 2019 depurado “estableció los límites por programa y por partida para poder ajustar el presupuesto del 2020, sin perder de vista las necesidades programadas en el Presupuesto Original”.
Consejo Universitario pide a Rectoría plan de contención
El proceso de construcción y aprobación del presupuesto universitario 2020 ha tenido que enfrentar nuevos obstáculos y complejidades impuestas por la entrada en vigencia del plan fiscal y por elementos de este que aún se encuentran en disputa.
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) interpuso ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad para evitar la aplicación de la regla fiscal al presupuesto de las universidades estatales.
De la misma manera, se presentó un proceso contencioso administrativo, pues las autoridades consideran que, en temas salariales, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el reglamento de su Título III establecen regulaciones que se contradicen “con las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y convenciones colectivas de las instituciones de educación superior pública”.
Como parte del proceso, se solicitó como medida cautelar que se preservara el régimen universitario de empleo en su estado actual, hasta la resolución de la demanda. Según indica el oficio CU-93-2020, pronto se realizará una audiencia sobre la medida cautelar, que todavía no ha sido establecida.
En este mismo documento, la dirección del Consejo Universitario afirma que existe un clima de incertidumbre sobre la aplicación o no de título, pero que la Universidad ha decidido mantener las condiciones salariales de sus empleados.
Según explicó la directora del Consejo, en caso de que el fallo del proceso sea negativo para la Universidad, esto podría representar una afectación grande para los funcionarios y para la institución, ya que podría implicar una devolución económica, aunque la resolución tarde meses o años.
Por esa razón, en el oficio citado, explicó Howard, el Consejo solicita a la administración que informe el plan que tiene para minimizar esta afectación a más tardar el 8 de marzo de 2020, al tiempo que se solicita que presente un “nuevo modelo de estructura salarial, justo, competitivo y equitativo, para las nuevas personas funcionarias que ingresen a laborar en la Institución”, esto a más tardar el 30 de marzo de 2020.
Sobre el tema, Carlos Araya, vicerrector de Administración, explicó que este presupuesto ajustado para 2020 no incluye ningún tipo de reajuste salarial, sino que estos rubros se deberán incluir en un presupuesto extraordinario.
“Ahora bien, para responder a su pregunta, se debe esperar a conocer la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, para lo cual faltan aún varios años, mientras tanto se estaría ante especulaciones”, indicó.
El jerarca añadió que tomando en consideración un acuerdo del Consejo Universitario del 22 de enero anterior y tomando en cuenta las eventuales implicaciones jurídicas y presupuestarias, la Administración está analizando “la posibilidad de aplicar de forma preventiva lo estipulado en el Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hasta tanto se resuelva el proceso judicial presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo”.
