La seccional de la empresa SELIME del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep) que provee servicios de limpieza a la Universidad de Costa Rica (UCR) denunció despidos injustificados y tratos injustos que, consideran, violentan el contrato establecido entre la empresa y la Institución.
La presidenta de la seccional, Olga Brenes, y el secretario general del sindicato, Jouseth Chaves, informaron que durante febrero seis de las empleadas de la empresa (dos afiliadas al Sitrasep) fueron despedidas sin justificación. Añadieron que la empresa incurre en prácticas antisindicales y violaciones a los derechos laborales, pero que a pesar de múltiples denuncias y solicitudes la Universidad no ha intervenido.
A pesar de que las trabajadoras están en la planilla de Selime y no de la UCR, el sindicato afirma que, de acuerdo con la legislación nacional y convenios como el 94 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Institución es responsable de garantizar los derechos laborales y de libertad sindical.
Rosibel González, de la Unidad de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales de la UCR, indicó que la Institución vela por el cumplimiento de los derechos como pago de salario, cuotas obrero-patronales y seguro de riesgos de trabajo, pero que no pueden incidir más pues “hay una delgada línea que no debemos cruzar para que no se asuma que hay una relación laboral con estas personas, su patrono es SELIME”.
Sobre los despidos de febrero, Brenes indicó que se incumplió el requisito establecido por el cartel de contratación del servicio de limpieza, que en su punto 4.10 indica que “el personal propuesto por el contratista deberá ser fijo y solo se aceptarán cambios ocasionales, previa solicitud justificada de la Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales”.
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Si la UCR acepta los despidos, en dos meses no tendremos sindicato. Va a ser como en las piñeras, que nos despiden la gente de a pocos y cuando nos damos cuenta no tenemos nada.
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Esta solicitud, dijo, no se realizó sino que se informó a la Universidad después de ejecutados los despidos, que se ampararon en la reducción de la operación de la empresa, a pesar de que el contrato con la UCR sigue vigente. En consecuencia, afirmó, el sindicato solicitó que la UCR dejara sin efecto estos despidos por incumplir el convenio.
En respuesta, González confirmó que la empresa comunicó a la Unidad de Servicios Contratados sobre el personal del que prescindiría y lo sustituyó con personal de respaldo con el que ya contaba y no con personal nuevo, lo que sería “más complicado”.
De acuerdo con la funcionaria, el artículo previo se refiere a cuando es la institución la que solicita la remoción de personal y no cuando es la empresa la que así lo decide, aún menos cuando los despidos se realizan con responsabilidad patronal o corresponden a personal en período de prueba, como en este caso.
Según Chaves y Brenes, en los últimos años ha sido el mismo Sitrasep el que se ha encargado de exigir el cumplimiento del contrato de SELIME con la Institución y los derechos de su personal, no la Universidad.
“Nos han dicho que la UCR vigila solamente tres cosas: que se les pague, que tengan CCSS e INS, pero las compañeras denunciaron cuatro ocasiones en que la empresa estaba morosa con la Caja. Ha sido una pelea que les den uniformes, aún no se les han entregado y por contrato tenían que dárseles. Tampoco se ha garantizado que se cree una comisión de salud ocupacional como la ley exige, entonces hay compañeras que se enferman por los químicos o los zapatos que entregaba la empresa no eran antideslizantes, entonces había muchas caídas, etc., pero no hay comisión en que puedan avisar y solucionar estas situaciones”, dijo.
Sobre este tema, González afirmó que la institución garantiza el cumplimiento del contrato y de los derechos del personal en los extremos posibles, pero que no puede excederse pues no es el patrono y no le corresponde. Sobre la morosidad ante la CCSS, dijo, puede responder a otras operaciones de la empresa pero no al contrato con la UCR ya que con cada pago se verifica la cancelación de las cuotas.
Prácticas antisindicales
Para Brenes y Chaves, tanto los despidos como otras prácticas de la empresa constituyen una amenaza a la libertad sindical de las trabajadoras tercerizadas de la UCR y un “ataque directo a la organización”.
Según Chaves, el reconocimiento de la organización por los patronos de sus afiliados ha sido una lucha constante. “Hace un año, en una reunión con la empresa, el sindicato y Servicios Contratados, se acordó que íbamos a tener una reunión mensual sobre inquietudes y problemas pero esas reuniones nunca ocurrieron”, comentó.
Denunció que el rebajo de las cuotas sindicales, conforme al artículo 69 del Código de Trabajo, no se realiza y cuando se realiza no se paga a la organización. Añadió que los despidos también constituyen una afrenta a la organización, porque despidieron a personas afiliadas y ni siquiera se les notificó. Esta práctica, dijo, ya les es conocida y es la forma en que se “desmanteló el sindicato en otras empresas”, por lo que piden la intervención de la Universidad.
“Pedimos que se haga valer el contrato y la estabilidad de las compañeras, que vuelvan a sus puestos de trabajo. Si la UCR acepta los despidos, en dos meses no tendremos sindicato. Desde que existe la seccional no nos habían despedido a nadie, pero si lo permiten, seguirán despidiendo a la afiliación”, opinó.
González indicó que esta preocupación es válida y que fue manifestada en reuniones previas; sin embargo, la Universidad no tiene el mecanismo legal para forzar a una empresa a no terminar una relación laboral. Tampoco, recalcó, es posible para la Institución vigilar la operación completa de una empresa, pues no es de su competencia y lo que corresponde es garantizar el cumplimiento del contrato.
El secretario general del sindicato finalizó indicando que la organización le ha solicitado a la Universidad participar en la confección del nuevo cartel, para vigilar que se exija el cumplimiento del convenio 94 de la OIT y todos los derechos sobre libertad sindical.
Políticas Universitarias ampliarían margen de acción
Las Políticas Universitarias recientemente definidas por el Consejo Universitario incluyen como eje estratégico que se “procurará disminuir las contrataciones de servicios de limpieza, vigilancia, transporte u otros similares y, cuando esta se requiera por razones ajenas al control de la Institución, se garantizará que se responda a los principios, valores estatutarios y reglamentarios, normativa laboral nacional e internacional para respetar efectivamente los derechos laborales”.
Bajo este eje, a partir del 2021 la UCR incluirá en sus contratos “los principios, propósitos y valores de la normativa universitaria, así como las cláusulas relativas al cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social, tanto de la legislación laboral nacional e internacional, por parte de las personas contratistas, subcontratistas y cesionarias”, lo que permitiría mayor margen de acción sobre las empresas proveedoras de servicios.
Tanto las autoridades universitarias y las organizaciones sindicales como el Sitrasep y el Sindeu coinciden en que el escenario ideal es que el personal tercerizado pase a la planilla universitaria, esta mejora en los carteles y contratos permitiría que la institución pueda tener mayor incidencia en garantizar los derechos laborales de los trabajadores de las empresas que le proveen servicios (ver nota “Consejo Universitario ‘buscará solución realista’ a tercerización en UCR” del 18 de febrero de 2020).
