El traslado de fondos de una partida por un monto de ¢5 mil millones sin la autorización previa para el pago del fideicomiso del Banco de Costa Rica (BCR) del edificio de la Facultad de Odontología de la UCR fue la razón por la que se generó un voto de censura contra el exrector Henning Jensen por parte del Consejo Universitario, el pasado miércoles 3 de junio.
Esta medida es de carácter político, lo que significa que dejará una mancha en el expediente de Jensen y muestra la desaprobación de las personas que forman parte del plenario, aunque no tiene efectos jurídicos.
Jensen considera que la decisión no solo es política sino que la califica como “persecución política” que opaca decisiones “de enorme beneficio para la Universidad que, sí contenían un error no doloso, eran susceptibles de ser corregidas”.
El edificio de Odontología fue catalogada por las autoridades como una obra “urgente” por la falta de espacios adecuados para la docencia y atención de pacientes. Además, el anterior tenía una red eléctrica obsoleta y tuberías de agua que datan 54 años.
Guillermo Santana, representante del área de Ingeniería en el Consejo Universitario, aseguró que ya en el 2018 se habían hecho advertencias sobre este uso indebido y que el voto de censura era necesario porque es el plenario el que responde a la Contraloría General de la República.
“Nos quedaríamos con un gobierno sin pesos ni contrapesos”, agregó Santana.
El voto de censura responde a un dictamen de la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios en el que se acusa a Jensen de utilizar los “financiamientos transitorios” sin previa autorización de parte del Consejo Universitario para cancelar el fideicomiso correspondiente al nuevo edificio de Odontología.
El Consejo Universitario (CU) aprobó el 13 de diciembre del 2018 de forma unánime una modificación presupuestaria por un monto de ¢15 mil millones en donde se incluía el monto de ¢5 mil millones requerido para pagar el fideicomiso de Odontología.
En el dictamen el Consejo concluyó, tras recolectar pruebas, que la Rectoría solicitó a Isabel Pereira, jefa de la Oficina de Administración Financiera (OAF), realizar el pago el 28 de setiembre del 2018, dos meses antes de que se aprobara en el plenario.
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“Si este órgano tenía dudas, no debió haber aprobado la modificación presupuestaria” – Henning Jensen, exrector de la Universidad de Costa Rica.
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La comisión determina que la decisión tomada por la Rectoría violenta la norma presupuestaria G-3.6, en donde se señala que “solo podrán ejecutarse gastos o comprometer recursos con cargo a presupuestos que estén debidamente aprobados”.
El exrector coincide con el CU en que este movimiento presupuestario requiere aprobación previa, pero que la Rectoría la obtuvo el 13 de diciembre del 2018.
“Si este órgano tenía dudas, no debió haber aprobado la modificación presupuestaria. Si lo hizo de manera unánime, a pesar de las dudas, la censura ahora aplicada al exrector debería recaer también sobre sus propios miembros”, agregó Jensen.
En el dictamen justifican el movimiento presupuestario bajo el argumento de que respondía a una recomendación del BCR para garantizar mejor liquidez a la UCR en el futuro; sin embargo, el CU desestima este razonamiento, ya que no era imperativo seguir la recomendación.
Esta es la primera vez que se recurre a un voto de censura contra un rector o rectora en la historia de la Institución. La moción tuvo 10 votos a favor y 1 en contra, este último del actual rector interino y exvicerrector de la administración Jensen, Carlos Araya, a quien UNIVERSIDAD le pidió declaraciones pero no se obtuvieron para el cierre de la edición.
“Mala comunicación” y “abuso de autoridad”
El voto de censura aprobado por el Consejo Universitario se suma a una serie de eventos del último año que denotan las tensiones políticas entre el exrector Henning Jensen y el plenario.
Jensen denunció penalmente a ocho miembros del Consejo Universitario en mayo del 2019 por el presunto delito de abuso de autoridad y usurpación, al ordenarle abstenerse de tomar decisiones administrativas o ejecutivas relacionadas con el DC-Lab, un centro especializado en estudiar el cáncer.
La discusión giró en torno a los límites y funciones que tiene cada órgano en la institución, pero, además, una vez interpuesta la denuncia, varias personas miembros de la cúpula universitaria pusieron en duda que Jensen hubiera agotado los procedimientos normativos internos.
La actual presidenta del Consejo Universitario, Madeline Howard, dijo lamentar haber tenido problemas de comunicación con el exrector y otros miembros del Consejo Universitario, durante una entrevista al entonces vicerrector de Administración Carlos Araya, reafirmaron las tensiones y desacuerdos que tenían con Jensen.
Teresita Cordero, quien presidió el CU en el 2019, aseguró que Jensen nunca le comunicó tener una mala relación con ella, pero trajo a acotación las constantes ausencias del entonces Rector, las cuales se intensificaron los últimos meses.
“Desde el mes de noviembre y hasta que se pensionó, cuando estuvo en ejercicio de su puesto, no volvió a las sesiones del Consejo”, dijo Cordero.
