El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) solicitó este miércoles al rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, que se reconsidere “la motivación, los alcances del contenido y el fin en sí mismo” de la resolución R-240-2021, en donde se establece la obligatoriedad de vacunarse para todos los funcionarios de esta entidad.
A pesar de que, en el documento los sindicalistas reconocen la importancia de la vacunación y las consecuencias que la pandemia por COVID-19 ha dejado, señalan que deben defender la pluralidad de pensamiento:
“Es nuestro deber, no solo legal, si no de principios, asesorar y defender a todo aquel trabajador que sienta que se le está violentando un derecho”, dice el escrito firmado por Harold Chavarría, secretario general de Sindeu.
En el texto se menciona que, con la resolución, la administración universitaria está exigiendo a sus trabajadores una decisión que es propia del ámbito privado y que “se deja de considerar la libertad individual como derecho humano, incluyendo el control sobre el propio cuerpo y las limitaciones morales”.
El sindicato explica que la resolución citada contiene una serie de elementos “insuficientes y omisos”, como que, ante la negativa a vacunarse, las personas “podrían verse envueltas en una situación de tipo sancionatorio, sin ser totalmente clara esta situación”.
La resolución, emitida el pasado 27 de setiembre, establece que “se tomarán las medidas que a derecho correspondan según comunique oportunamente esta Rectoría”, en caso de que se incumpla con la disposición de vacunarse. Para el ente sindicalista, “esto crea una clara inseguridad jurídica”.
Otra razón que da Sindeu para hacer la solicitud es que “se extraña el análisis y tratamiento que recibirán las personas que, por sus creencias morales, son llamados a no recibir la inoculación”.
Para los sindicalistas, que citan Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, “las cuestiones morales individuales deben primar por sobre cualquier interés de la sociedad”.
“Dejar de lado la capacidad de decisión y de consentimiento, ante la obligatoriedad patronal de introducir una sustancia ajena al propio cuerpo, pone en entre dicho el respeto a la libertad humana”, continúa el texto.
La disposición universitaria también indica que, con el fin de lograr el cumplimiento, se iniciará con un proceso de acompañamiento y sensibilización para la comunidad universitaria, respecto al tema de la vacunación.
Lo anterior también es criticado por el Sindeu, en cuanto manifiestan que “no es clara la forma en la que se va a realizar y si esto implica la obligación de la persona trabajadora a someter sus ideas y moral a la que la administración desee imponer”.
La agrupación asevera que “se está negando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la libertad de aceptar recibir una sustancia ajena al organismo” e indican que la obligación puede traer consecuencias tanto de salud como económicas.
El sindicato también se apoya en una información emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en diciembre del año pasado, donde indican que la vacunación obligatoria no es la mejor forma de lograr la inmunidad y que la estrategia más apropiada es la de informar al público. En ese mismo texto, un experto explica que, en ciertas circunstancias, la “única decisión correcta es vacunarse”.
Finalmente, Sindeu, que señala como correcto “el camino de la información y educación paciente”, solicita brindar acceso a la comunidad universitaria “a la debida fundamentación de esta decisión”, así como suspender la aplicación hasta que eso suceda.
Cabe destacar que en la resolución R-240-2021 se consideran veinte puntos para tomar la decisión de la obligatoriedad de la vacuna, entre los que se encuentran distintos criterios nacionales e internacionales.
