La Universidad de Costa Rica (UCR) no podrá ejecutar ₡27,952 millones de su presupuesto en 2022, según estimaciones de la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) de esta entidad.
Lo anterior debido a la aplicación de la regla fiscal a las universidades públicas, la cual estipula, para 2022, un crecimiento máximo de 1,96% en el presupuesto y en la ejecución anual, respecto del 2021.
Según las estimaciones de la OCU, a finales de 2021, la UCR finalizará su ejecución anual en ₡292.558 millones, mientras que el presupuesto para 2022 corresponde a ₡326.244 millones. De esta forma, la ejecución máxima de esta universidad en 2022 sería de ₡298.292 millones.
Al respecto, el coordinador de Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios del Consejo Universitario (CU) y catedrático, Guillermo Santana, explicó que esto representa una restricción al crecimiento de la Universidad pública:
“Vamos a tener que responder que no podemos crecer. Y así lo vamos a responder al público. Y nos van a decir: ‘Ustedes reciben cada vez más dinero y cada vez son más ineficientes en gastar el dinero que reciben’. Eso es perverso; es una perversión que el sistema nos está imponiendo”.
“Es perverso, porque lo que está haciendo es restringiendo la capacidad de crecimiento de la Universidad pública”, Guillermo Santana.
Para Santana, miembro del CU por el área de la Ingeniería, la aplicación de la regla fiscal el otro año será más grave, puesto que no limitará solo el crecimiento del gasto corriente (salarios, compras de insumos y bienes), sino también a los gastos de capital (bienes duraderos, inversiones): “Eso hace que entonces la UCR se vea obligada a cumplir una regla fiscal todavía más severa”.
Sobre las cifras, el vicerrector de Administración de la UCR, Roberto Guillén, comentó que se está trabajando para que a fin de año la universidad llegue a un mejor panorama financiero.
Aplica sobre recursos propios
El académico también fue crítico con la aplicación de la regla fiscal sobre los recursos propios que las universidades generan mediante la venta de bienes y servicios, puesto que esos ingresos no forman parte de las transferencias que el Gobierno realiza a las casas de enseñanza.
“Son dineros que se generan a partir de ventas de servicios y bienes, que provienen de un sector que no es el sector público. Es decir, que no provienen de una transferencia del Gobierno hacia la universidad para su funcionamiento. Esa parte del presupuesto es fundamental para mantener actividades dentro de la universidad”, dijo Santana.
El ingeniero califica esta situación como “un juego mediante el cual, a pesar de que el dinero está ahí para la Universidad, no se puede utilizar, entonces no existe ese dinero”.
Asimismo, aseguró que esto es “doblemente grave”, puesto que podría ser considerado como un superávit que la Universidad no ejecuta, cuando en realidad son los impedimentos legales que impone la regla fiscal los que no permiten esa ejecución.
En la misma línea opinó el vicerrector de la UCR, señalando que la aplicación de la regla fiscal sobre recursos propios “no tiene para nada ningún sentido y si afecta la operación y el cumplimiento de resultados y el crecimiento de las capacidades de desarrollo científico y tecnológico”.
El miembro del CU aseveró que una posible salida de esta problemática es que se exonere de la regla fiscal a las universidades en lo que respecta a los recursos que no provienen de las transferencias del Gobierno, igual que se hizo con las municipalidades en 2020: “Son recursos que provienen de otras fuentes, que no son fuentes estatales, es decir, esto no es gasto público, así de simple”.
Golpe más duro: 2022
La vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional (UNA), Roxana Morales, comentó que, para las universidades públicas, “el golpe más duro va a ser 2022, porque a partir de ese año vamos a tener un límite de gasto muy bajo en comparación con el límite que teníamos en 2021”.
Esto a raíz de que al año siguiente la regla limitará el gasto total, cuando antes solo aplicaba sobre el gasto corriente: “Sabemos que los mayores problemas de su ejecución que tienen todas las instituciones públicas es en compras públicas. En inversiones y en proyectos de inversión, más que todo en infraestructura, que es imposible desarrollarlos en un año, pensando en este principio de anualidad”.
Un ejemplo hipotético de esta afectación, explica Morales, es una institución que tenga, en 2021, ₡20 mil millones para hacer infraestructura y comprar equipo. Debido a los plazos, atrasos y trámites, dicha institución solo logra gastar el 50%, de modo que, en 2022, la institución solo podrá gastar ₡10 mil millones + el 1,96% de crecimiento permitido.
Además, en 2022, tampoco logra gastar ese monto ejecutable, ya que algunos de los equipos que tenía previstos comprar llegarán hasta febrero del 2023, por lo que no entran dentro de la ejecución anual. Así, la institución cada vez tendrá más dinero, pero podrá utilizar menos.
“Cada vez tenemos una mayor brecha y toda esa cantidad de recursos que no puedo ejecutar, entonces ¿para que los voy a meter al presupuesto? Yo no puedo inventar una meta o un objetivo para ponerle el presupuesto y saber que no lo voy a hacer; y después a fin de año les digo: “perdón, no cumplí la meta de hacer tres aulas porque yo lo tenía previsto y tengo la plata, pero no la puedo usar”. Es irracional.”, concluyó Morales.
Universidades contribuyen a la reactivación económica
Por otra parte, el académico indicó que los gastos de educación que se destinan a través del FEES deberían ser considerados como inversión “porque se está generando talento humano”, al tiempo que enfatizó que “eso no quita que la UCR deba y pueda dar cuentas de lo que está haciendo con sus dineros y lo hace, año con año, a priori y a posteriori”.
En la misma línea, Santana aseguró que, en la medida que las universidades puedan incorporar a los jóvenes que terminan la secundaria al sistema universitario, “en esa medida vamos a poder contribuir a que el país crezca o que la situación económica crezca porque las oportunidades de estudiar entonces se van a dar”.
El ingeniero también aseguró que las casas de enseñanza públicas estarán presente en la reactivación económica:
“Nosotros aportamos profesionales para el país que van a trabajar para la industria farmacéutica, la industria de herramientas de salud, de instrumentos médicos. Estamos nutriendo de profesionales a las zonas francas, estamos nutriendo profesionales al crecimiento en el campo agrícola, entre otros”, explicó.
