La votación en primer debate del proyecto 20.580 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no fue muy halagüeña con las universidades públicas, pues fueron rechazadas todas las mociones presentadas para solventar una serie de propuestas que afectan la estabilidad financiera de estos centros de formación superior.
La primera votación de este proyecto hace que avance un texto que sigue sin resolver los temas que, en criterio de las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR), afectan a la institución.
Las mociones presentadas buscaban proteger la educación superior pública. Sin embargo, no fueron aceptadas, lo que pone en riesgo las carreras en sedes regionales, el crecimiento del FEES, programas en diversas vicerrectorías, unidades y fondos para investigación, así como derechos de convenciones colectivas que serán eliminados, según afirmó el Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu).
El accionar de los diputados al concluir la votación de mociones en la Asamblea Legislativa y ver que ninguna de las planteadas a favor de la educación pública superior fue aceptada hizo que la Rectoría diera permiso a la comunidad universitaria el viernes 5 de octubre para participar de nueva marcha hacia el Congreso.
Un cuestionado 8%
Uno de los planteamientos que incluye la nueva reforma fiscal establece contabilizar los presupuestos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y de la Red de Cuido al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que se destina a la educación, constitucionalmente fijado en un 8%.
Hasta ahora, la contabilización del presupuesto de educación, con respecto al PIB, se hace solamente incluyendo preescolar, primaria, secundaria, parauniversitaria y formación superior. Con estos presupuestos se ha logrado alcanzar un 7,6% del PIB en educación, quedando solamente un 0,4% (¢144.000 millones) para alcanzar el 8% meta nacional.
Según Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración de la UCR, al contabilizar estos otros dos presupuestos –de aprobarse la reforma– se terminaría con la aspiración de que ese 0,4% pendiente crezca a favor del sector educación en un futuro.
Esto debido a que al sumar el 7,6% actual del presupuesto del PIB, el 0,38% del INA y el 0,22% de la Red de Cuido estaría por encima del 8%. Es decir, que con la simple suma de presupuestos se estaría cumpliendo con el porcentaje constitucional, sin que esos recursos lleguen realmente al sector educación.
“Ya no tendrían que incrementar el porcentaje del PIB en educación, porque sería cumplir un requerimiento constitucional sin hacer nada, contabilizando recursos de otras fuentes de financiamiento”, explicó Araya.
Regla fiscal
Con respecto al establecimiento de regla fiscal a las universidades públicas, lo que establece el proyecto 20.580 podría atentar con el artículo 78 de la Constitución Política donde se establece que la inversión en educación debe llegar al 8%; así como el quinto convenio del FEES del 2010, el cual establece que, al llegar a ese porcentaje, a la educación superior le correspondería un 1,5% del presupuesto (actualmente es 1,42% del PIB).
Según el vicerrector de Administración, para llegar a ese porcentaje sería necesario que el presupuesto crezca por encima del crecimiento de la economía.
Pero con la regla fiscal se establece que, cuando el endeudamiento público supere el 50% del PIB –cosa que ya sucede–, el aumento del presupuesto no podrá ser superior al 75% del crecimiento de la economía. Por lo tanto, el aumento del FEES futuro será menor y año con año se estará más lejos de alcanzar la meta del 1,5% del PIB.
“Para el 2019 la propuesta del FEES se prevé que la economía crecerá alrededor del 6,8%. Eso hace que el ritmo de crecimiento del presupuesto universitario se aleje del 1,5%, pasando al 1,38% del PIB. Esto hace que la meta se convierta en un sueño cada vez más difícil de alcanzar”, indicó Araya.
La regla fiscal significaría entonces, dijo el vicerrector, un escenario distinto para las inversiones de la UCR y habría que hacer nuevos recortes, además de los ya establecidos recientemente en recortes de horas extra, dedicaciones exclusivas, servicios o pagos, y capacitación.
Por esta razón, la UCR está impulsando un estudio actuarial bajo el escenario actual para tener claridad de las inversiones que se deben hacer y garantizar la sostenibilidad financiera y buscar la manera de afectar lo menos posible la actividad sustantiva de Docencia, Investigación y Acción Social.
Gravar a universidades públicas
Otra moción de reiteración que fue rechazada por los diputados fue la que establece un gravamen del 2% a la compra de bienes y servicios que hacen las universidades públicas, las cuales a la fecha se encontraban exentas.
A pesar de que se estableció la firma de una adenda para determinar un procedimiento que le permita al Ministerio de Hacienda devolver esos recursos a las universidades en montos de doceavos (es decir, una devolución mes a mes), las autoridades no ven con buena cara que se aplique el impuesto.
“A pesar de que el objetivo de este impuesto es la trazabilidad de las diferentes transacciones económicas que se hacen entre la UCR y sus proveedores, estamos opuestos a que se grave la educación pública, pues vemos como sí dejaron exentas a la EARTH y al Incae, lo que evidencia una diferencia con entidades que tienen un carácter privado y que sí están siendo exoneradas del pago de impuestos. La universidad pública debe gozar del mismo trato”, señaló.
Por último, la reforma fiscal mantiene la afectación a programas que se financian con destinos específicos, sobre todo en el caso del Recinto de Paraíso, al derogar las leyes que los establecen.
En este sentido, Araya manifestó que había un acuerdo político entre los diputados de la provincia de Cartago, el Gobierno y el Ministerio de Hacienda, quienes se comprometieron a dar un trámite expedito a un proyecto que garantice los recursos de los destinos específicos.
Adicionalmente, hay una adenda entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en la que ambas partes acordaron respetar los compromisos presupuestarios ya pactados antes de cualquier derogatoria, con el fin de no afectar el financiamiento de la regionalización de las universidades públicas.
“El plan fiscal tendrá consecuencias reales sobre el presupuesto nacional, y por supuesto sobre el FEES, pero no por ello se cerrarán sedes ni recintos en la UCR. Sin importar el destino que tenga esta legislación tributaria, me comprometo a asegurar el respaldo institucional para que el Recinto de Paraíso no cierre sus puertas ni un solo instante”, expresó el rector, Henning Jensen.
Ante la posible aprobación del proyecto 20.580, el rector hizo un llamado a la comunidad universitaria y sobre todo a la que conforma el Recinto de Paraíso a mantener la calma, y aclaró que ninguna sede ni recinto se cerraría por ese escenario.
