Los Rectores de las cinco universidades públicas presentaron una acción de nulidad con medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra los Ministerios de la Presidencia, Hacienda, Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado.
Esta demanda fue planteada contra el artículo 1º inciso h) y el artículo 3º del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el pasado 18 de febrero, denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley Nº9635”.
Asimismo, por la violación en la aplicación indebida de varios artículos de la Ley de Salarios de la Administración Pública, que fue reformada en esta misma normativa.
La motivación para presentar esta acción de nulidad está relacionada con que la regulación del régimen de empleo de las universidades públicas es materia reservada a sus propias competencias, pues desde su creación quedaron fuera de la aplicación del régimen de Servicio Civil.
Por lo tanto, señalaron los rectores, las disposiciones contenidas en la Ley de Salarios de la Administración Pública, propias del Servicio Civil, no deben aplicarse a las universidades estatales.
Claro está que las universidades públicas están normadas, y su régimen de empleo público se encuentra en los estatutos orgánicos, reglamentos internos de trabajo, autónomos y de servicio, pero se encuentran fuera de la aplicación de la Ley Nº 9635.
“La Sala Constitucional ha dejado claro, en diversos fallos, que la independencia constitucional universitaria es distinta a la de los demás entes descentralizados y están posibilitadas a establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”, señalaron los Rectores.
La implementación del decreto implicaría un perjuicio para la gestión pública de las universidades estatales, pues limitará sus potestades constitucionales de gobierno y eliminará el desarrollo que durante décadas se ha venido implementando para ofrecer condiciones y regulaciones en el régimen de carrera académica.
De acuerdo con los representantes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) también generaría el traslado y pérdida de competencias constitucionalmente garantizadas para el gobierno universitario hacia el Poder Ejecutivo bajo la dependencia del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en materia de empleo.
Hening Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue enfático en que las universidades estatales, siendo coherentes con la responsabilidad social que les caracteriza y conscientes de la situación económica del país, han tomado medidas para la reducción del gasto y han solicitado la aprobación de normativa interna que incluya nuevos ordenamientos jurídicos universitarios que promuevan la eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera.
Por ejemplo, en la UCR se han revisado los regímenes de remuneración vigentes y se estableció como pago máximo la cesantía de 12 años.
