El Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, presentó un recurso de revocatoria que apela la decisión del Consejo Universitario (CU) de crear una comisión para investigar su actuación en el caso del nombramiento de su hija en el Centro Infantil Laboratorio (CIL), tomada el pasado 14 de setiembre.
El CU, por decisión unánime, dictaminó iniciar un proceso de revisión de las acciones del Rector, por el posible conflicto de intereses por el nombramiento de su hija (Elena Jensen) en una plaza de psicóloga en el CIL.
La decisión implicó la creación de una comisión especial que elabore una referencia técnica que contenga pruebas testimoniales, documentales y los informes preliminares, tanto de la Contraloría Universitaria como de la Procuraduría de la Ética. Este proceso se llevaría a cabo antes de convocar una Asamblea Plebiscitaria.
De cumplirse con esta iniciativa del Consejo, los resultados estarían para el 28 de noviembre de este año, y posteriormente la Asamblea Plebiscitaria decidiría si el contenido de ese informe es pertinente para analizar si la situación se considera de falta grave y así tomar las medidas que sean necesarias.
Esta comisión especial estaría conformada por siete miembros: una persona representante, escogida por cada uno de los seis consejos de las áreas académicas de la UCR, y una persona nombrada por el Consejo de Sedes.
De acuerdo con Jensen, el CU no tiene competencia alguna de fiscalización sobre el Rector, lo que argumenta con el Art. 37 y 39 del Estatuto Orgánico, que establece que “el Rector de la UCR es el funcionario académico de más alta jerarquía ejecutiva y es nombrado por la Asamblea Universitaria sin crearse ninguna relación de dependencia o jerarquía con el Consejo.
En su recurso, Jensen sostiene que tanto la Rectoría como el Consejo Universitario son órganos colocados en el mismo grado dentro de la estructura universitaria, porque solamente presentan relaciones de cooperación y coordinación, mas no de disciplina.
El jerarca expone en el documento que el Consejo Universitario no está habilitado para revisar su actuar y este ente únicamente puede conocer el informe de labores anual del funcionario.
UNIVERSIDAD contactó a Jensen para conocer su versión, sin embargo, el jerarca argumentó que no daría declaraciones, porque sus abogados le recomendaron no hacerlo mientras se encuentren en curso estos procesos legales.
Mediante un comunicado de prensa, el Consejo Universitario expresó que se realizó un análisis detallado con toda la documentación y la normativa universitaria y nacional, con la asesoría de la Oficina Jurídica antes de tomar la decisión de crear la comisión.
“El pasado jueves, en sesión extraordinaria, se tuvo como punto de partida el conocimiento del recurso y se definió como hoja de ruta el hacer una consulta a la Oficina Jurídica para tener criterio para la resolución del recurso”, afirmó director del Consejo Universitario, José Francisco Aguilar.
Se aclara que la Asamblea Plebiscitaria no puede decidir si inicia un proceso disciplinario en contra del Rector porque le resulta imposible decidir, como Órgano, cuales serían esas motivaciones, y porque solo le corresponde, exclusivamente, elegir a las personas que integran al CU, al rector, así como revocar sus nombramientos y no instruir en procesos disciplinarios.
En el acuerdo del CU no se incluye la mención a un proceso disciplinario, lo que se decide es hacer una revisión de las actuaciones del Rector en el pleno ejercicio de sus funciones fiscalizadas, para que sea la Asamblea Plebiscitaria la que decida si lo concluido por la comisión constituye causa grave y, si eso fuera así, si constituiría motivo para revocarle el nombramiento.
También, el CU dio a conocer que este no es el único recurso que presentan en contra de la resolución, ya que el 22 de setiembre los coordinadores de las áreas de Artes y Letras, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Ingeniería, Salud y Ciencias Alimentarias interpusieron un recurso de reposición y reconsideración.
Este recurso anteriormente mencionado se presentó por considerar que el acuerdo es inconstitucional y que los Consejos de Área no tienen la función estatutaria de nombrar representantes en comisiones que solicite el Consejo. De acuerdo con el comunicado del CU, una vez que se resuelvan ambos recursos se informará a la comunidad universitaria.
“El recurso del Rector tiene implicaciones, inclusive para efectos de valoración, pero eso es un tema que se estaría entrando a resolver cuando el CU ya tenga las condiciones de los insumos y del criterio jurídico de la Oficina Jurídica; ahí se estaría entrando a resolver sobre ese recurso”, concluyó Aguilar.
La decisión que tomó el CU se produjo a raíz de la resolución AEP-RES-121-2017 de la Procuraduría de la Ética Pública, la cual pidió a este órgano colegiado “convocar extraordinariamente a la Asamblea Plebiscitaria, para que sea esta la que decida motivadamente instaurar o no un proceso disciplinario contra el rector”.
Mediante la revocatoria, Jensen solicita que se declare la incompetencia del CU para iniciar un proceso de revisión de sus actuaciones y el nombramiento de una comisión especial para su tramitación.
Asimismo, el funcionario pide que se acepte este recurso de revocatoria y declarar la nulidad absoluta del acuerdo impugnado, y de esta forma poder “hacer valer sus derechos ante el Superior”.
UNIVERSIDAD trató de contactar al director de la Oficina Jurídica, Luis Baudrit, sin embargo, al cierre de esta edición no se tuvo respuesta a nuestra solicitud de información.
