El rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, dijo estar tranquilo tras declarar ante la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José, que le investiga por el supuesto delito de prevaricato. luego de que un grupo que se hacen llamar “Profesionales por la ciencia y la verdad” interpuso una denuncia penal en su contra por considerar que él excedió sus competencias y no tenía derecho alguno de hacer obligatoria la vacunación del personal de la institución.
Gutiérrez dijo que presentó su declaración para la etapa indagatoria de la Fiscalía y que durante la misma, explicó “las decisiones que hemos tomado han sido amparadas en criterios expertos en tanto en materia sanitaria como jurídica, fundamentadas en la normatividad vigente, jurisprudencia constitucional y demás”.
“Estoy sumamente tranquilo con estas acciones y decisiones que hemos tomado pensando ahora en la salud de la comunidad universitaria y algo que es muy importante es que hemos priorizado el bienestar colectivo sobre el individual. Es básicamente el contenido de la declaratoria que acabo de rendir”, indicó.
El jerarca dijo además tener “plena confianza de que la decisión de los tribunales será la adecuada, apegada a ciertos principios jurídicos” y afirmó que considera que lo alegado en la audiencia de hoy será suficiente para que se dicte el sobreseimiento en su favor.
Sobre la denuncia y el delito alegado en ella, Gutiérrez explicó que un grupo ajeno a la Universidad alegó ante las autoridades que él “no tenía ningún derecho” de obligar a vacunar al personal universitario. “Es interesante porque según entiendo no son de la Universidad de Costa Rica, es un grupo externo, incluso con aparentemente vínculos externos, internacionales”, agregó.
Cabe recordar que el pasado miércoles 5 de enero la Sala Constitucional rechazó por el fondo una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto ejecutivo N°43249-S, que estableció la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para las personas funcionarias públicas. Además, el tribunal determinó que el objetivo de ese decreto es garantizar el derecho a la salud a nivel colectivo y en defensa del interés público, según el comunicado oficial.
El rector universitario informó que resoluciones como esa, así como los criterios de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, de la Oficina de Bienestar y Salud y la Jurídica de la UCR, fueron mencionados durante su comparecencia, para fundamentar la medida. “Como decía, la decisión se tomó con fundamento en criterios de expertos tanto en materia sanitaria como jurídica y por eso yo tengo total tranquilidad”.
